La Secretaría de Gobernación informó a la Cámara de Diputados que continuará trabajando con el Congreso de la Unión para garantizarle a la población el ejercicio efectivo de su derecho a la identidad como un servicio de interés público, utilizando para ello el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2010.

Lo anterior, en respuesta a un punto de acuerdo aprobado por el Pleno Camaral, en el que se exhorta al Instituto Federal Electoral (IFE) y a la Secretaría de Gobernación (Segob) a suspender la instrumentación de cualquier convenio destinado a desarrollar el proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana.

A través del oficio 400/049/2010 suscrito por el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Alejandro Poiré Romero, señala que la Secretaría ha mantenido un diálogo permanente y lo seguirá haciendo, con las diversas autoridades que han mostrado un interés legítimo en las implicaciones de la cédula.

Refiere que como muestra de ello la Segob ha celebrado un convenio de colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, cuyo objetivo es fomentar y promover la debida protección de los datos personales que conformarán el Servicio Nacional de Identificación Personal.

En tanto que para salvaguardar la integridad de los instrumentos electorales y con pleno respeto a la autonomía del IFE, la Segob, en uso de las atribuciones que la ley le confiere y apegada al marco jurídico vigente, ha explorado conjuntamente con dicho Instituto diversos mecanismos de colaboración para la emisión de un documento que acredite fehacientemente la identidad de las personas.

La dependencia federal subraya su disposición a seguir dialogando abierta y comprometidamente en torno a las inquietudes del Poder Legislativo, a fin de cumplir cabalmente con el mandato legal y evitar la dilación en el avance de los proyectos relacionados con la integración del Registro Nacional de Población.

Asimismo, reitera su compromiso para atender estas y otras observaciones con la finalidad de garantizar a los mexicanos el ejercicio efectivo de su derecho a la identidad, y convoca a todos los actores involucrados a participar en la construcción de las definiciones pertinentes para alcanzar dicho objetivo.

En el documento se resalta que de conformidad con el artículo 36 fracción I de la Constitución Política y con la Ley General de Población, es obligación del Estado Mexicano la acreditación de la identidad de cada uno de los individuos que constituyen su población y pueda certificarse de manera fehaciente.

“Para ello, es fundamental contar con un registro incluyente, accesible y eficiente que proporcione a cada individuo los medios que hagan prueba plena de su identidad”.

La Ley General de Población y su Reglamento señalan que el Registro Nacional de Población y la expedición de la Cédula de Identidad son servicios de interés público que presta el Estado a través de la Secretaría de Gobernación.

Por lo que, con base en este mandato constitucional y legal, la Segob trabaja en la debida integración del Registro Nacional de Población a fin de garantizar el derecho a la identidad de la población, ya que éste resulta el medio primario e indispensable para ejercer los demás derechos fundamentales.

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