La Comisión Especial de Seguimiento a la Problemática Surgida por los Conflictos Mineros en el País, que preside el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, se reunió con Carlos de Buen, abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, a efecto de explicar la situación en la que se encuentran los mineros.

Ante el riesgo del uso de la fuerza para retirar a los trabajadores de la mina en Cananea, Pompa Corella planteó la importancia de trabajar en comisiones unidas a fin de dar un mayor peso político que ayude a destrabar el conflicto.

El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo (PRI) señaló que esta Comisión debe generar la certeza laboral y jurídica para que se respeten los derechos de los mineros, “debemos conducir este proceso como equilibradores e impulsores de decisiones que pudieran resolver esta problemática”.

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina (PAN) señaló que se debe fomentar una coordinación con todos los niveles de gobierno para lograr una mayor inversión pública y la promoción de inversión privada que diversifiquen las fuentes de empleo e ingresos para la población en Cananea.

“Nos interesa que le vaya bien a Cananea y que los mineros puedan seguir trabajando en el esquema de respeto a sus derechos y nos tenemos que coordinar con el gobierno municipal, con el estatal y con las acciones que está haciendo el gobierno federal”.

El diputado Ramón Jiménez López (PRD) mencionó que es conveniente que la Comisión exhorte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva en definitiva el problema minero, “que no se adelanten y que no coman ansias para utilizar la fuerza pública para un posible desalojo de los compañeros mineros”.

Se pronunció a favor de retirar la concesión a Grupo México por los conflictos que ha tenido con los trabajadores. “Este tema ya no es un problema de carácter jurídico o de respeto a los derechos laborales de los trabajadores, es un problema de ilegalidad en la que distintos órganos han incurrido, al cual el Congreso no puede cerrar los ojos”.

En tanto, el diputado Francisco Hernández Juárez (PRD) manifestó que a fin de evitar alguna posible agresión contra los mineros, es necesaria la integración de una comisión bicamaral con el Senado a efecto de acudir con el Presidente de la República y el de la Suprema Corte de Justicia y lograr un compromiso de no agresión.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) manifestó que se debe cabildear una decisión política para pedir la renuncia del Secretario del Trabajo, “más allá de un exhorto es la decisión de la Cámara decir que está poniendo en peligro la paz pública, que sus decisiones obligan la entrada del Ejército en Cananea con el baño de sangre que eso implica y eso es un nivel de irresponsabilidad que este poder no puede tolerar”.

Propuso que los diputados que vayan a Cananea y desde ahí hagan una declaración pública para no permitir la entrada del Ejército bajo ninguna circunstancia.

En tanto Carlos de Buen, abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, manifestó que la Cámara de Diputados debe ser el elemento que llame al Gobierno Federal a tener prudencia y pedirle que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva este tema.

Afirmó que ante la negativa del amparo del tribunal colegiado, la única posibilidad que prevé la Ley de Amparo es el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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