•Votará el Pleno un dictamen para aumentar las penas ante este delito

La Cámara de Diputados someterá a votación del Pleno el dictamen para que el tráfico de personas sea perseguido de oficio y obligar a la autoridad migratoria a proporcionar al Ministerio Público Federal los elementos de convicción necesarios para su persecución.

Con estas reformas a la Ley General de Población, aumentarían de 8 a 16 años de prisión a quien por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente.

El dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que preside la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (PAN), fija multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo a quien cometa dicho ilícito.

Las penas aumentarán hasta en una mitad, cuando las conductas descritas se realicen respecto de menores de edad o en condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida de los indocumentados, o cuando sean sometidos a tratos inhumanos que vulneren sus derechos fundamentales; o bien, cuando el autor del delito sea servidor público.

En el documento se subraya la necesidad de garantizar el mínimo de protección de los derechos humanos a los migrantes que la Carta Magna ofrece, toda vez “que nosotros peleamos y pedimos ante los países del extranjero protejan y respeten sus derechos a nuestros connacionales”.

El enorme y progresivo desplazamiento de inmigrantes mexicanos y extranjeros hacia el vecino país del norte, así como el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de dicha nación, ha contribuido a que el tráfico de personas a su territorio sea una de las empresas ilícitas más redituables para el crimen organizado, se advierte en el dictamen que conoció en primera lectura el Pleno.

Menciona que el tráfico de migrantes se ha convertido en una actividad transnacional, en la cual se explotan mercados ilícitos, los cuales se integran de un bien específico.

“Tienen la misma connotación como cualquier otro producto legal, pero con la característica de que el bien que se ofrece y se demanda es ilegal; en este caso, se comercializa el servicio de internación indebida, en el que desempeñaban un rol protagónico los llamados coyotes o polleros, los que ahora empiezan a ser suplidos por verdaderas mafias del crimen organizado, con la complicidad de integrantes de las patrullas fronterizas y de los servicios migratorios de ambos lados de la frontera norte y de la frontera sur de nuestro país”, enfatiza.

Del mismo modo, las reformas crean la modalidad de los trabajadores del sector agrícola, de la construcción y de la prestación de servicios, como una o varias modalidades dentro de la característica de visitante.

Se destaca la importancia de legislar en este significativo asunto, a fin de favorecer la vigencia del Estado de derecho en las entidades del sur, sobre todo en Chiapas y Quintana Roo, para evitar o inhibir conductas y mecanismos de extorsión y de explotación arbitraria e inhumana hacia aquellos que se introducen a nuestro país en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Finalmente, el dictamen enfatiza que desde el Legislativo siempre se ha buscado la defensa de los derechos humanos de las personas en general, sean migrantes o no.

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