El Pleno Camaral solicitó a la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, modifique las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), con la finalidad de encontrar mecanismos que permitan utilizar los recursos con mayor eficiencia y transparencia para mitigar lo antes posible los efectos de los desastres naturales que afectan a la población.

En el dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Gobernación, se indica que los fenómenos climatológicos han cambiado de manera importante, a consecuencia de la transformación y afectaciones que ha realizado el ser humano sobre la biodiversidad y los ecosistemas.

Menciona que según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), México presenta un promedio anual de 326 desastres climáticos.

Se precisa que el Fondo de Desastres Naturales es un instrumento financiero mediante el cual dentro del Sistema Nacional de Protección Civil tiene como finalidad apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus Reglas de Operación.

Las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, añade, han sido obstáculo para la operación de los recursos de manera eficiente y oportuna en beneficio de la población que resulta afectada por dichas contingencias.

“Resulta necesario e inaplazable que el Fondo de Desastres Naturales sea un instrumento eficaz y eficiente para brindar el apoyo que requieren las entidades federativas de la República Mexicana, respondiendo en tiempo y forma a las declaratorias de emergencia que solicitan los estados damnificados”.

Derechos Humanos de los Migrantes

En votación económica, se aprobó un dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia a favor del respeto irrestricto a los Derechos Humanos de los Migrantes Mexicanos que retornan al país y se exhorta a los diferentes órdenes de gobierno para que se mantengan vigilantes de lo anterior.

Pide a las instituciones migratorias y policiacas de los tres órdenes de gobierno, para que se pronuncien a favor del respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos y refuercen las acciones poniendo énfasis en aquellos que retornan al país y en especial de aquellos que regresan en el periodo denominado decembrino, así como de los migrantes en el territorio nacional.

El dictamen con punto de acuerdo, menciona que actualmente las autoridades migratorias registran un número muy elevado de personas que regresan a México por lo que esta situación se presta para que, en muchos de los casos, los integrantes de algunas corporaciones policiacas pretendan sobornar incluso hasta despojar de sus pertenencias a los que con muchos esfuerzos han trabajado para llevar herramientas a sus hogares en territorio nacional.

“Los connacionales son víctimas de engaños, amenazas y hasta maltratos en contra de su persona, por lo que es de suma importancia señalar que las autoridades tienen como prioridad el resguardo y seguridad de los mexicanos, así como de las personas que transitan por el territorio en su camino a sus países de origen”.

Propuestas, experiencias y conocimientos de los titulares de educación

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se avaló un dictamen por el que se pide a la Secretaría de Educación Pública a cumplir, en el diseño de las reglas de operación de los programas correspondientes a la dependencia a su cargo, de manera puntual lo establecido en el artículo 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la federación para el Ejercicio Fiscal del año 2010, para que se incluyan las propuestas, experiencias y conocimientos de los titulares de educación de las entidades federativas.

Indica que si bien la participación de las autoridades educativas estatales en el sistema educativo nacional, incluyendo desde luego los programas estratégicos, se encuentra claramente establecida en la Ley General de Educación, se considera importante reforzar las aportaciones y conocimientos de los gobiernos locales en la administración de los sistemas educativos.
“El exhorto consolida el consenso en la toma de decisiones y el reconocimiento a la diversidad regional, fortaleciendo así el compromiso y la participación de las autoridades educativas estatales en la implementación de los programas nacionales”.

Ex braceros registrados

El Pleno Camaral ratificó un dictamen por el que se pide a la Secretaría de Gobernación, informe el número y nombre de los ex braceros registrados, los autorizados, los pendientes de pago, los liquidados, así como el monto que fue cubierto a cada uno de ellos, en el entendido que dicho informe debe estar integrado por entidad federativa.

Se pide a la Secretaría de Desarrollo Social refuerce los programas que tiene a su cargo y que atienden las consecuencias del fenómeno migratorio en las comunidades de origen de los nacionales que emigran al extranjero o que son potencialmente sujetos a emigrar.

Destaca que es pertinente solicitar al comité encargado de la aplicación de los recursos para el pago a los ex braceros que considere en su próxima reunión la modificación a las reglas de operación, mediante las cuales se fijan los montos a pagar a cada beneficiario, y que éste pueda ser de 38 mil pesos nuevamente y no de 4 mil, como se viene haciendo hace apenas unos meses.

Atender problemáticas en ejidos y comunidades

Se aprobó un dictamen con punto de acuerdo, por el que se pide al titular del Ejecutivo federal y a los gobernadores de Durango, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero a integrar con las dependencias y las entidades federales y las estatales involucradas mesas de diálogo para que, con la participación de los legisladores de la Comisión de Reforma Agraria, atiendan la problemática social, agraria y ambiental de los ejidos y las comunidades de Nazas y Lerdo, Durango; Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; los municipios de la zona lacandona, en Chiapas; Santiago Yaveo, Oaxaca; y diversos municipios de San Luis Potosí y de Guerrero.

Se solicita a los secretarios de Gobernación, y de Seguridad Pública; a los gobernadores de Durango, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero; y a los alcaldes de los municipios citados y de la zona lacandona donde se localizan los conflictos, para que en sus acciones de gobierno interior y de seguridad pública, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, favorezcan en lo posible la seguridad y la paz social de estas regiones.

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