El diputado Omar Fayad Meneses (PRI) sometió al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de ley para que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente goce de autonomía de gestión y presupuestal, así como técnica para dictar sus resoluciones en defensa de los contribuyentes.

Argumentó que dada la complejidad técnica y los altos costos para realizar declaraciones o trámites fiscales, sobre todo para el pequeño contribuyente, se requiere de la mencionada procuraduría.
Con ella se busca garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal, oponible, en su caso, a los actos arbitrarios de las autoridades que pudieran transgredir sus garantías constitucionales, y en su caso, formular resoluciones vinculatorias con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El Decreto adicionaría un párrafo noveno al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; reformaría y agregaría diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Esta propuesta de reforma establece que el órgano de gobierno de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un cuerpo colegiado que se integrará por el procurador y seis consejeros independientes cuyo nombramiento lo hará el Senado de la República o, en su caso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre la terna que someta a su consideración las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados.

Asimismo, plantea que el procurador de la Defensa del Contribuyente y los consejeros durarán en su encargo cuatro años y el primero podrá ser ratificado por el Senado a solicitud de la Cámara de Diputados sólo para un segundo periodo y ambos podrán ser removidos por causa grave, estando sujetos a lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El legislador cuestionó que a tres años y medio desde su promulgación y publicación, y a casi dos años de haberse resuelto la acción de inconstitucionalidad, de la referida ley no se ha nombrado aún al procurador de la Defensa del Contribuyente. Se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Ley Federal para la Regulación de los Centros de Rehabilitación

La diputada Caritina Sáenz Vargas (PVEM) afirmó que la marihuana es la droga ilegal usada por un mayor porcentaje de mexicanos adictos varones de entre 12 y 65 años con un 79.8 por ciento, seguido de la cocaína con 25.9 por ciento mientras que en las mujeres adictas, los porcentajes son del 34.2 y 19.5 por ciento, respectivamente.

Señaló que, solamente el 5.7 por ciento de los hombres y el 2.2 por ciento de las mujeres adictas ha solicitado ayuda a alguna institución para atender su problema de adicción.

Por tal motivo, a través de una iniciativa que expide la Ley Federal para la Regulación de los Centros de Apoyo y Rehabilitación en Materia de Adicciones y Discapacidades busca legislar el marco normativo que posibilite que los mexicanos que acudan a hacer uso de los servicios de centros de rehabilitación, cuenten con la seguridad de que el Estado vigile y garantice que se les brinde una atención con pleno respeto a sus garantías individuales.

“No existe un registro confiable, una normatividad estricta ni un control real de la operatividad de dichos centros, lo cual dificulta la atención integral a estas personas”, agregó. Se envió a la Comisión de Salud con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Que el Congreso apruebe los ejes de Política Exterior

En tanto, el diputado José Luis Jaime Correa (PRD) presentó una iniciativa que reforma los artículos 73, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que el Congreso de la Unión discuta y apruebe los ejes rectores de la política exterior que instrumente el Ejecutivo federal

Asimismo, analice la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso.

“Las relaciones que mantenga nuestro gobierno con otros países deben ser diseñadas a partir de una política de Estado, apegada a los principios de Política Exterior consagrados en la Constitución, que considere a largo plazo el rumbo que le queremos dar a nuestro país y eso debe ser una responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo”. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

20 por ciento de los recursos del Fortamundf a seguridad

El diputado Ovidio Cortazar Ramos (PAN) a través de una iniciativa que reforma la Ley de Coordinación Fiscal propuso que 20 por ciento de los recursos previstos en el Fortamundf se destine a la atención de necesidades vinculadas directamente con la seguridad pública.

La iniciativa tiene por objeto destinar un determinado porcentaje de los recursos del fondo en comento a una de las actividades prioritarias de los municipios, y con ello fortalecer los recursos financieros que se destinan a la seguridad de la población.

“Es imprescindible enfrentar el reto de mejorar la calidad del gasto, a través de la orientación del presupuesto a la consecución de metas y objetivos concretos, así como, una mayor eficacia del sistema presupuestario, que requiere instrumentos que permitan mayor flexibilidad y simplificación de procesos, y oportunidad en el gasto”. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Refirió que de conformidad con la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, 65 por ciento de la población de 18 años y más considera inseguro su estado, además, 58.5 por ciento notó que en su municipio aumentaron los delitos durante 2008.

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