La Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado José Luis Ovando Patrón (PAN), elaborará una propuesta para exhortar a las fuerzas políticas a realizar un plan de transición que garantice que durante los procesos electorales y cambios de poder en Chihuahua no se abandonen las acciones de seguridad en Ciudad Juárez.

El planteamiento que será analizado por la Comisión, fue hecho por la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD) quien señaló que hay falta de coordinación entre autoridades de distintos niveles de gobierno, objetivos y metas claras en las acciones en materia de seguridad pública.

“Esta falta de coordinación puede verse agravada en los próximos meses en el marco del proceso electoral, entre autoridades que se van, contiendas político electorales y acuerdos que deben estar funcionando”, dijo.

Al presentar el informe de actividades del grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a las acciones que se implantan para atender la problemática de inseguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua, el diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde (PRI), presidente del grupo, explicó que se hizo una visita a este estado para reunirse con diversas autoridades y organizaciones ciudadanas.

Precisó que en el tema de derechos humanos se hicieron planteamientos concretos en relación con el actuar del gobierno federal, así como casos de mujeres desaparecidas y violaciones a derechos humanos por parte del Ejército Mexicano.

Señaló que se reunieron con la procuradora general de Justicia del Estado, Patricia González Rodríguez, quien expuso los avances relacionados con la investigación de los presuntos responsables del asesinato de los jóvenes el 31 de enero, en donde se destaca la detención de tres de los autores materiales, la identificación del autor intelectual; de uno de los autores materiales que en un enfrentamiento con el Ejército perdió su vida y la identificación de otras 15 personas que participaron en estos crímenes.

Enfatizó que se está proponiendo la reunión con el comisionado para ciudad Juárez o coordinador del programa “Todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad”, el secretario de la Reforma Agraria, con la procuradora general de justicia del estado de Chihuahua, el secretario de Seguridad Pública y con la comisionada de la secretaría de seguridad pública general en Ciudad Juárez.

Por su parte, el diputado Camilo Ramírez Puente (PAN) comentó que la propuesta abona a preveer escenarios que nadie quiere, “pero que como miembros de la Comisión fuéramos con cada una de esas fuerzas políticas y le digamos cuál es nuestra preocupación.

“Es muy distinto ver la realidad de lo que está pasando desde lejos, de lo que se ve precisamente en esos lugares. Podríamos ir para decirles qué es lo que estamos advirtiendo y exigir que como responsables de los liderazgos de los partidos hagan la parte que les corresponde”, añadió.

En tanto, el diputado Eduardo Yáñez Montaño (PRI) refirió que en las instalaciones de la comisión se presentaron un grupo de familiares de los jóvenes asesinados y manifestaron su desconfianza en las autoridades municipales, estatales y federales; reclaman la salida del Ejército y que el asunto pueda ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Solicitó aprovechar la confianza de los familiares y que en las próximas reuniones de trabajo se tome en consideración acercarse a ellos.

El diputado Omar Fayad Meneses (PRI) enfatizó que “sería bueno que el grupo de trabajo pueda tener una reunión de alto nivel con el responsable, ojalá fuera con el Presidente y con el grupo de trabajo que él ha designado para el tema. Si conociéramos a fondo las estrategias realmente pudiéramos ayudarle al Presidente a dar seguimiento, porque la función de esta Cámara debe ser empujar a que se cumplan los compromisos”.
En otro tema, la Comisión aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo, a través de las dependencias encargadas de implementar y operar los puntos de control carretero, para que se realice una revisión y evaluación de los manuales de operación que regulen su funcionamiento a fin de que se establezcan nuevas estrategias operativas que contribuyan a disminuir el tiempo de revisión y traslado en las vías de comunicación del país.

El dictamen señala que el impacto en el sector agropecuario es muy grande, dado que el 70 por ciento de las exportaciones de las frutas y hortalizas a nivel nacional se dan a través de la carretera de Sonora y más de 250 mil cabezas de ganado son exportadas hacia los Estados Unidos, pasando por el punto de revisión de Benjamín Hill.

También se aprobó exhortar al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias competentes presenten un informe sobre los logros y beneficios alcanzados por el Sistema de Supervisión y Control Vehicular en la franja fronteriza del estado de Baja California.

Otro punto avalado fue exhortar a los gobernadores de las entidades federativas; al jefe de gobierno del Distrito Federal, al secretario de Seguridad Pública Federal; a la subsecretaría del Sistema Penintenciario Nacional y a las Instituciones de Asistencia e Integración Social a nivel nacional a que impulsen mayores acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas que permanecen junto a sus madres en los centros de reclusión del país.

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