La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputada Esthela Damián Peralta (PRD) señaló que mientras no se emitan reformas de fondo en la materia, van a seguir las mismas aéreas de opacidad, poca transparencia o la mucha corrupción que hoy prevalece en cada Cuenta Pública.

Al término de la presentación del Análisis al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2008, indicó que se necesita trabajar al seno de toda la Cámara y en particular de las comisiones para que se empiece a cambiar de fondo, no solamente en las reglas de operación, sino en el cuerpo normativo de las finanzas del país.

“Estamos ante la repetición de actos que se vienen dando cuenta pública tras cuenta pública, con diferentes montos y bajo la titularidad de diferentes servidores públicos”.

Subrayó que es necesario que las comisiones se involucren en el funcionamiento y utilización de los fondos o los recursos económicos destinados para obra, educación, salud, entre otros, “que ellos se involucren; porque a veces tenemos normas que estorban y a veces no tenemos normas y permiten corrupción; ahí hay que trabajar”.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (PRI), secretario de la Comisión, se manifestó por impulsar iniciativas que corrijan el mal que aqueja al proceso presupuestario y de rendición de cuentas: la opacidad y su oportunidad, así como contener el desbordamiento del gasto corriente y promover la inversión productiva que cree empleos y detone más oportunidades.

Las metas macroeconómicas establecidas por el Ejecutivo Federal para 2008, detalló, “se incumplieron y los beneficios de su política fiscal anticíclica resultaron limitados: basta citar que el Producto Interno Bruto sólo tuvo un crecimiento del 1.3 por ciento, prácticamente un tercio de la meta comprometida y que prevaleció la ineficiencia recaudatoria”.

Durante esta primera mesa de trabajo correspondiente al Sector Hacienda y Crédito Público, añadió que la ASF determinó que existen simulaciones y ajustes realizados por el Ejecutivo federal para cubrir millonarios subejercicios en el gasto, así como el empleo discrecional de la figura del fideicomiso para ejercer recursos sin la autorización de la Cámara de Diputados.

“La ASF concluye que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP estableció un mecanismo para asignar los ingresos excedentes de 2007 a diversos fondos y fideicomisos, para ejercerlos en 2008 fuera del esquema del presupuesto, por lo que quedaron regulados por contratos de fideicomisos, lo que provoca opacidad y discrecionalidad en el manejo de los recursos”, denunció.

En su intervención, el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz (PAN), secretario de la Comisión de Vigilancia de la ASF, indicó que es importante realizar modificaciones a la ley correspondiente para auditar con oportunidad las cuentas públicas de los tres órdenes de Gobierno y destacó la conveniencia de formar un grupo de trabajo con los diputados integrantes de esta Comisión para impulsar esas reformas.

“Creo que los diputados de esta Comisión estamos en la línea de que la ASF pueda auditar con oportunidad las cuentas públicas de los tres órdenes de Gobierno, sobre todo, que resulta un poco triste estar ahorita revisando cuentas públicas de 2008, cuando ya pasó 2009 y ya estamos en marzo de 2010”.

Refirió que “se han hecho juicios acerca de subejericios, mala aplicación de recursos y creo que habría que esperar que se solventen las observaciones de la ASF para conocer el panorama completo de las auditorías”.

Explicó que las dependencias auditadas tienen 30 días hábiles para solventar las observaciones hechas por parte de la ASF a partir de que se entrega el informe de resultados a la Cámara de Diputados, lo cual sucedió el pasado 17 de febrero, por lo que las dependencias auditadas, del orden federal, estatal o municipal, están a tiempo de solventarlas.

Por el PRD, el diputado José Narro Céspedes, secretario de la Comisión, afirmó que “para el 2008 no se cumplieron las metas macroeconómicas que se plantearon, a pesar de que fue el año en que se dijo que habría una política anticíclica”.

Es singular, dijo, que en el informe se hable de ajuste de plazas y disminución de trabajadores, cuando al mismo tiempo se exhibe la contratación de mandos medios y superiores en el Gobierno federal; además de que metas puntuales en rubros como el combate al desempleo y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que eran parte de los objetivos de la política anticíclica y no se cumplieron.

Lamentó que se hayan creado figuras como los fideicomisos, cuentas-mandato y otras “que carecen de lineamientos y reglas de operación y que son a través de las que se maneja gran porcentaje de recursos de los que no hay certeza a dónde van a parar”.

En su oportunidad, el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez señaló que de los 463 mil 890 millones de pesos de créditos fiscales, en 2008 se recuperaron ocho mil 944 millones de pesos, es decir el 1.9 por ciento del total, con lo que incumplió su plan estratégico de hacer que la cobranza sea eficiente y eficaz.

Indicó que el SAT no estableció un indicador para evaluar la recaudación secundaria efectiva ni definió una meta para medir su desempeño respecto del cobro de créditos fiscales.

Agregó que el déficit presupuestario fue de 2.5 por ciento del PIB, el más alto desde 1990 (3.7 por ciento), por lo que el endeudamiento neto del sector público presupuestario ascendió a 487 mil 601 millones de pesos.

El saldo de la deuda interna se ubicó en 2 billones 425 mil 233 millones de pesos (2,245,233), con un incremento real de 18 .4 por ciento en relación con 2007; mientras que el saldo de la deuda externa fue de 699 mil 931 millones de pesos, que representó el 5.8 por ciento del PIB. La deuda total fue de 3 billones 125 mil 164 millones de pesos (3,125,164), cuyo costo financiero en 2008 ascendió a 227 mil 113 millones de pesos.

Ante integrantes de la Comisión de Vigilancia destacó que en 2008 se obtuvo una captación adicional por 315 mil 476 millones de pesos, 12.4 por ciento mayor a la estimada en la Ley de Ingresos.

Dijo que el gasto neto devengado en ese año superó a lo autorizado en 616 mil 736 millones de pesos y añadió que la eficiencia del gasto gubernamental “registró que sólo 36.4 por ciento superó la meta, 48.7 por ciento la igualó y 14.9 por ciento no la alcanzó”.

Los grupos funcionales con los mayores incumplimientos fueron Desarrollo Económico; Desarrollo Social y Gobierno; Reforma Agraria; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Relaciones Exteriores y Energía.

Explicó que los Impuestos empresarial a tasa única (IETU) y el de depósitos en efectivo (IDE) generaron 64 mil 286 millones de pesos, que representaron 4.7 por ciento del total de los ingresos no petroleros, que ascendieron a un billón 357 mil 841 millones de pesos (1,357, 841) y el 5.4 por ciento de los ingresos administrados por el SAT, equivalentes a un billón 182 mil 627 millones de pesos (1,182, 627).

Los sistemas de administración y fiscalización implementados para recaudar el IDE no permitieron al SAT vigilar que las instituciones del sistema financiero operen adecuadamente las retenciones y no acreditó que se esté enterando correctamente este impuesto a la Tesorería, detectándose anomalías por 73 millones de pesos. Además de las 787 instituciones del sistema financiero que están obligadas a enterar el IDE, 500 no lo hicieron y se desconoce si lo retuvieron.

Por lo que hace a los derechos y comercio exterior, al recibir el pago de contraprestaciones por despacho aduanero, el SAT no retuvo el IVA causado, cuyo importe fue de 686 millones de pesos.

En su intervención, el titular de la Unidad de Evaluación y Control, Roberto Michel Padilla, señaló que se realizaron 83 auditorías a 16 entes del Sector Hacienda y Crédito Público, de un total de 987 revisiones que incluye el informe entregado a la Cámara de Diputados.

Dijo que a pesar de los ingresos excedentes por 315 mil millones de pesos, se identificó un crecimiento económico de 1.3 por ciento real, frente a la meta de 3.7 por ciento, además hubo un bajo nivel de recaudación tributaria.

Refirió la falta de eficacia de la regulación financiera que ha tolerado una intermediación financiera con escasa injerencia en la actividad productiva, elevada concentración del crédito y excesiva rentabilidad del sistema bancario.

Señaló que en su informe la ASF incluyó la evaluación de programas fundamentales del Sector Hacienda y Crédito Público, sin embargo no se determinaron las áreas críticas que deben ser motivo de mejoras sustantivas, ni las que propician la recurrencia de irregularidades que perjudican la calidad del proceso de fiscalización.

“En estos casos pueden ubicarse temas como fondos, fideicomisos y mandatos, recaudación tributaria, gasto público y subejercicios presupuestales, o asuntos como el fraude controlado”.

Participaron los diputados del PRI Marcela Guerra Castillo, Rábago, José Francisco Rábago Castillo, Ramón Ramírez Valtierra, María Esther Scherman Leaño y David Penchyna Grub; del PAN, la diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez; del PRD, Ramón Jiménez López; por el PVEM Pablo Escudero Martínez; de Convergencia, el diputado Alejandro Gertz Manero y, del PT, Mario Alberto Di Costanzo Armenta.

-- ooOoo --