El Pleno Camaral solicitó a la Secretaría de Salud implementar una campaña nacional a través de los medios masivos de comunicación, para que informe a la ciudadanía la importancia de vacunarse contra la influenza A(H1N1) de forma gratuita, especificando los grupos prioritarios.

Asimismo, que se difunda lo relativo a la venta de dicha vacuna en farmacias; especifique el precio y la dosis correcta de aplicación; los mecanismos para evitar sobredemanda y la generación de conflictos relacionados a su aplicación.

El punto de acuerdo avalado en la Sesión menciona que existen hasta ahora 70 mil 665 casos confirmados, distribuidos en los 32 estados de la República. Empezará la venta de la vacuna contra la influenza A(H1N1), en el sector privado, con 215 mil dosis; tendrá un costo aproximado de 300 pesos la unidad, las cuales estarán en frascos para 10 aplicaciones y se podrá solicitar en farmacias.

Señala que es necesario que la dependencia federal, dentro de sus medidas preventivas y a su disponibilidad de presupuesto, considere la inclusión de la aplicación de la vacuna A(H1N1) para los maestros de las instituciones educativas oficiales, por ser un factor social de alto riesgo en permanente contacto con la población estudiantil.

“Actualmente en México, la influenza se ha convertido en un problema de salud pública de inquietantes dimensiones, es por ello que como legisladores adquirimos el compromiso de establecer políticas públicas que favorezcan la cultura de prevención por medio de las medidas necesarias”, puntualiza.

Influenza atípica

En votación económica, se avaló también solicitar a la Secretaría de Salud para que informe sobre los recursos que hubiere utilizado del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para atender las acciones derivadas del brote de Influenza atípica que está enfrentando el país.

Destaca que el Fondo de Gastos Catastróficos debe ser creciente, porque se basa en premisas actuariales que deberían permitir la cobertura de las enfermedades que generan gastos, acorde con la morbilidad, a lo largo de la vida de las familias y personas cubiertas por el sistema de Protección Social en Salud.

“No se apreciaría sustentable que intervenciones cubiertas por el Fondo puedan posteriormente ser eliminadas del catálogo, tal como sucedió, según se tiene conocimiento, con la atención de enfermedades renales incorporada al fondo por un tiempo y luego simplemente se eliminó, generándose la duda de esta soberanía, sobre cuál fue el destino de las personas”, enfatiza.

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