El diputado Omar Fayad Meneses (PRI) presentó una iniciativa de reformas a Código Fiscal de la Federación, la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que los municipios reciban los ingresos derivados de las multas de tránsito que imponen las autoridades federales.

El objetivo es que las multas federales no fiscales se integren a los ingresos de los municipios, como se hacía hasta 2005, cuando dichos recursos correspondían a los municipios en un 90 por ciento, ocho por ciento a entidades y dos por ciento a la federación; a partir de octubre de ese año se les privó del acceso a tales recursos, que en muchos casos constituían una parte muy importante de sus presupuestos.

Indicó que se debe lograr una mejor coordinación fiscal y sentar las bases de un federalismo que permita reducir desigualdades regionales. Se turnó a comisiones unidas de de Hacienda y Crédito Público y de Transportes.

Regular centros de rehabilitación de adicciones

A fin de reglamentar los servicios de asistencia integral a individuos con problemas de farmacodependencia que deseen rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad, el diputado David Hernández Pérez (PRI) presentó una iniciativa para expedir la Ley Reglamentaria del Artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud.

Refirió que la Encuesta Nacional de Hogares de 2008 mostró un aumento considerable del abuso de cocaína entre 2002 y 2008, y que la tasa de prevalencia se duplicó, llegando a ser de 2.4 por ciento de la población de 12 a 65 años de edad.

Dijo que es urgente asegurar un nivel de calidad adecuada en la prestación de los servicios de rehabilitación públicos o privados, que permita reducir la incidencia del uso de drogas y la problemática social, familiar, de salud, legal y de asistencia que conlleva la dependencia a las drogas y al alcohol. Se turnó a la Comisión de Salud, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta pública.

Libertad religiosa

El diputado José Ricardo López Pescador (PRI) propuso reformar el artículo 24 de la Carta Magna para establecer que todo individuo tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.

Este derecho incluye la libertad de tener o adoptar, o no tener ni adoptar, la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas, la difusión y la enseñanza, siempre que no constituyan un delito o una falta sancionado por la ley.

Propone que, sin contravenir el artículo Tercero de la Constitución, el Estado respetará la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Indicó que reconocer jurídicamente a las iglesias, sin discriminación alguna, es una condición necesaria pero no suficiente para instaurar el Estado laico, “toda vez que ese régimen exige que se reconozca y proteja, sin cortapisa, la libertad religiosa de las personas que integran la población del Estado, de modo que cada habitante tenga la libertad de elegir y profesar su religión, o no elegir ninguna”, puntualiza el documento.

Plantea armonizar el contenido y alcance del artículo 24 de la Constitución con su artículo Noveno en lo que se refiere al derecho de reunión y elimina la limitación constitucional para que las manifestaciones públicas de carácter religioso puedan realizarse de manera ordinaria, sin necesidad de solicitar un permiso o licencia a la autoridad. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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