Diputados de los diversos grupos parlamentarios de la Comisión de Reforma Agraria, que preside el diputado Óscar García Barrón (PRI), se reunieron con el titular de la SRA, Abelardo Escobar Prieto, a quien cuestionaron sobre el padrón agrario, los criterios que se utilizan para seleccionar a sus beneficiarios y el avance en la solución de los conflictos agrarios.

El diputado García Barrón calificó los problemas que vive el campo como graves y muy diversos. Precisó que sólo se solucionarán con el fortalecimiento de los programas de apoyo mediante la aplicación de recursos económicos, “ése es el medio para solucionar la mayoría de los problemas que tenemos en el ejido, la comunidad y la pequeña propiedad”.

Señaló que existen muchos compromisos en materia agraria. “Me preocupa hablar de 563 conflictos sociales; de 24 mil 236 trámites en regularización de terreno; de 93 mil 500 trámites de predios de colonias agrícolas y ganaderas; de 794 expedientes de expropiación en trámite; y mil 180 decretos de expropiación pendientes de ejecución”.

Manifestó que los integrantes de la comisión coadyuvarán en los trabajos de esa dependencia a fin de lograr las soluciones que reviertan la precaria situación del campo mexicano.

“Juntos vamos a avanzar y habremos de entregarles respuestas a los hombres, mujeres y jóvenes del campo, que en el estatus social mexicano son los más desprotegidos y necesitan de nuestro apoyo”.

Exhortó al secretario a continuar estos ejercicios de evaluación para poder defender los recursos del sector.

“No podemos permitir que a los tribunales agrarios, que imparten la justicia a los más pobres, les destinemos un recurso y la Secretaría de Hacienda les asigne menos, que dé menos recursos a la procuraduría agraria o que el Registro Agrario Nacional ejerza un presupuesto menor al autorizado.”

Añadió: “No estamos de acuerdo en que nosotros luchamos a brazo partido, argumentamos y debatimos las razones, en su momento, por las cuales la SRA no debía ni debe desaparecer y no es posible que del presupuesto que esta soberanía autorizó en 2009 no se haya ejercido, como lo autorizó el congreso, el 10 por ciento de ese presupuesto”.

Agregó que es necesario contar con instituciones fuertes para dar certeza a los campesinos y adelantó que este grupo legislativo ya trabaja en una nueva Ley Agraria. Indicó que se organizarán diversos foros para tener una visión amplia y completa de lo que quieren los campesinos a través de un marco jurídico actual.

PRI

El diputado Héctor Velasco Monroy propuso que a esa dependencia se le dé una readecuación de funciones y se amplíen sus facultades para que sea la Secretaría de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural.

“Funciones que hoy tiene adscritas la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) como una megasecretaría”.

En tanto, la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu expresó que para los campesinos la Reforma Agraria significa el punto de partida histórico en la lucha social y de la permanencia de los ejidos y las comunidades agrarias.

PAN

En su turno, el diputado Justino Eugenio Arriaga, al mencionar que de acuerdo con lo informado por Escobar, se han solucionado 178 casos en 20 entidades federativas, pidió se diera a conocer el porcentaje de recursos que aportó la federación y el correspondiente de las entidades
Interrogó si existe algún criterio en la elaboración de los convenios que realiza la Reforma Agraria con los gobernadores para saber si se usa el mismo criterio o dependen de cada caso en particular.

PRD

Por su parte, el diputado Domingo Rodríguez Martell señaló que es necesario fortalecer a la SRA antes de buscar su desaparición; “se requiere ampliar sus facultades y atribuciones para tener en esta Secretaría una institución única del campo”.

A pesar de ello, continuó, tengo una preocupación: usted ha sido comisionado para atender los asuntos en Ciudad Juárez, entonces me preguntó qué estamos implementando para tener a alguien que atienda al 100 por ciento a los campesinos, nos preocupa que nos abandone”.

El diputado Federico Ovalle Vaquera enfatizó que el 30 por ciento de las demandas presentadas por jóvenes o mujeres rurales no puedan ser atendidas por falta de disponibilidad de recursos, situación que dijo se debe revertir.

“El año pasado por motivos ajenos a las organizaciones campesinas, a los potenciales beneficiarios, hubo problemas de calificación, de evaluación de los proyectos y eso provocó los recortes, espero que este año no suceda”.

Durante la primera ronda de preguntas y respuestas, el diputado Ramón Jiménez Fuentes (PRD) dijo que de acuerdo con datos del INEGI, en 70 por ciento de los ejidos los jóvenes no se integran a la actividad agropecuaria, lo que representa en promedio 21 mil ejidos, “en donde sólo se están quedando los viejos y los jóvenes se están yendo”.

Mencionó que hay aproximadamente siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, por lo que preguntó qué otros programas se tienen previstos y qué proyectos se pueden hacer para atender a la gran masa de jóvenes, “que evidentemente tienen problemas para subsistir. Yo sólo he escuchado hablar del joven emprendedor rural”.

Por su parte, el diputado Héctor Fernández Aguirre (PRI) cuestionó al funcionario sobre los criterios que se utilizan para seleccionar a los beneficiarios, así como qué se hizo con los 569.9 millones de pesos que representa el 10 por ciento de lo que autorizó el Congreso para esta dependencia.

En su turno, el diputado Patricio Chirinos del Ángel (PRI) solicitó al secretario información referente a la jefatura de asuntos jurídicos, “donde se hablaba de ahorros en 2009; si así lo fue, no sé en qué capítulo de gasto está programado, dónde quedó o si fue derivado de las mismas negociaciones que se hicieron”.

El diputado Joel González preguntó sobre dos expropiaciones en el municipio de Tlacomulco, una, del Ejido de Santa Cruz del Valle, y la otra, de un pago que ya se hizo, del Ejido El Zapote, y cuyo litigio ha sufrido un retraso y que sin embargo va caminando conforme a lo que marca la ley.
También del PRI, el diputado Gerardo Sánchez García consideró que Abelardo Escobar ha honrado su palabra al demostrar en los hechos que la SRA es importante.
Los diputados –aseguró- trabajaremos para propiciar que la SRA tenga mayores recursos presupuestales, sabemos que le faltan para que cumpla mejor su tarea.
Recordó que hace algún tiempo estaba en tela de juicio la calificación de los proyectos, ante lo cual usted, señor Secretario, tomó la decisión de poner observadores de diferentes organizaciones de la sociedad civil inclusive para que se pudieran verificar los lineamientos y los criterios para su aprobación.
En respuesta, el funcionario señaló se han modificado las reglas de operación y “estamos escuchando las opiniones de las organizaciones campesinas para cambiar las reglas en 2011; estamos haciendo un esfuerzo muy grande para vigilar que los recursos vayan a donde tienen que llegar, deben llegar a los lugares más marginados. Estamos viendo con lupa todas las acciones de todos los compañeros de trabajo para que las cosas de hagan en forma correcta”, subrayó.

Indicó que se quiso dar transparencia a la página de la Secretaría, por lo que están las listas de los beneficiarios de los grupos desde 2006 a la fecha. “Tuvimos quejas de grupos de mujeres que pedían que no transparentáramos en la página porque estaban siendo sujetas a extorsiones de las mafias, pero para nosotros es muy difícil porque queremos dar transparencia del ejercicio”.

En relación a los 569 millones que aparecen como recortes fue por previsiones presupuestales porque bajó el precio del petróleo, “por algunas otras razonas nos rebajaron esa cantidad, no la tuvimos nunca, simplemente nos dijeron que se tenía que recortar”, aclaró.

Respecto al subejercicio, dijo, “en realidad no es subejercicio porque no devolvimos, salvo esos 13 millones de obligaciones jurídicas ineludibles que teníamos ahí disponibles por si había alguna sentencia y como nueve millones en cuanto equipo de cómputo que no se pudo hacer la licitación al final del año se regresaron nada más 22 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, todo lo demás fueron recortes que nunca recibimos nosotros”.

Explicó que el ahorro de las demandas sólo tienen 136 millones de pesos para obligaciones jurídicas ineludibles. “No es que tengamos el ahorro, sino que evitamos tener que sacar de alguna parte del erario federal para pagar esas demandas”.

El funcionario precisó que en relación a la encomienda del Ejecutivo en Ciudad Juárez, “estoy en la ciudad de México de martes a viernes y en Ciudad Juárez, sábado, domingo y lunes. Nuestra labor es que los trabajos vayan en forma eficiente y vigilar que los compromisos se cumplan en los tiempos establecidos”.

Intervención inicial

Al presentar la evaluación de desempeño del sector agrario durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2009, el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto indicó que al cierre de dicho ejercicio se determinaron reducciones por 488 millones 572 mil pesos, mientras que las ampliaciones fueron de 197 millones 962 mil pesos.

Precisó que la diferencia entre las reducciones y las ampliaciones fue de 290 millones 609 mil pesos, quedando un presupuesto modificado de tres mil 837 millones 161 mil pesos “mismo que fue ejercido en su totalidad”.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo, autorizó ampliaciones a los programas sociales para cubrir un mayor número de proyectos productivos aprobados; así como en servicios personales para cubrir el incremento salarial del personal de base y paga de defunción.

Escobar Prieto detalló que a la Tesorería de la Federación se devolvieron 13 millones, recursos que corresponden a obligaciones jurídicas ineludibles y 9 millones a la partida de obra pública, materiales y suministros. “No hubo sobrante, ni subejercicios en todos los programas, ya que mientras en obligaciones jurídicas no había una sentencia no podíamos gastar ese dinero”.

Resaltó que los programas al constituirse como uno de los elementos centrales de la política pública en materia social para la atención de la pobreza en núcleos agrarios “nos obligan a cumplir con un elevado nivel de eficacia en la asignación de recursos, para ello, el pleno cumplimiento de los objetivos específicos resulta fundamental”.

La eficacia, puntualizó, de la aplicación de las reglas de operación para 2009, permitió cumplir con los aspectos normativos que someten a las instancias fiscalizadoras que garantizan el cumplimiento de los grupos beneficiarias así como el estricto apego a los lineamientos y transparencia en la asignación de los recursos.

Manifestó que el porcentaje de proyectos que funcionaron representó el 81 por ciento, “no es satisfactorio, pero queremos mejorar esto para este año, aunque las primeras supervisiones que hicimos en 2006, fueron muy bajas”.

Respecto al proyecto “Joven emprendedor rural”, el funcionario mencionó que las reglas de operación permitieron lograr su objetivo, es decir se lograron crear 142 agroempresas, con 835 jóvenes propiciando que el beneficiario en su mismo núcleo agrario incremente sus ingresos. 313 jóvenes adquirieron derechos parcelarios, por lo que también se logró impulsar el relevo generacional.

Subrayó que en la solución de los conflictos agrarios mediante la conciliación de intereses y el diálogo entre las partes en conflicto con la mediación de las instancias del sector ha sido la estrategia adoptada.

En diciembre de 2009, añadió, se actualizó el universo de los conflictos agrarios, el cual fue de 548 asuntos, que representan aproximadamente 845 predios, localizados en 28 entidades federativas.

La solución fue de 278 casos, en 20 entidades, liberando de conflictividad a una superficie 83 mil 316 hectáreas, beneficiando a 24 mil 167 personas, ejerciendo así un presupuesto de 683.5 millones de pesos.

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