El diputado Bonifacio Herrera Rivera (PAN) afirmó que de acuerdo con información reciente del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el fuero común se dejan de cumplir alrededor de 589 mil 86 órdenes de aprehensión y 120 mil 481 de reaprehensión, además de que 60 mil 32 son mandamientos judiciales no clasificados.

Es decir, casi 800 mil resoluciones judiciales no cumplimentadas. Resulta preocupante que en el fuero común no se castiga ni siquiera 10 por ciento de los delitos denunciados, subrayó.

Añadió que la mayoría de las órdenes de aprehensión que se dictan en un año nunca llegan a ser cumplidas y en consecuencia son canceladas al prescribir la acción penal.

Ante este panorama, el legislador presentará un punto de acuerdo para solicitar a las procuradurías generales de Justicia de las entidades federativas abatir el rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión y reaprehensión, fijándose plazos perentorios.

Asimismo, establecer estándares de productividad a los agentes policiales auxiliares de los ministerios públicos en el cumplimiento de órdenes de aprehensión.

De igual forma, actualizar e informar periódicamente sobre los avances en el abatimiento del rezago y evitar, en lo subsecuente, la acumulación de resoluciones judiciales sin ejecución.

“El impulso de una lucha decidida, frontal y permanente contra la impunidad y la delincuencia es una responsabilidad que se debe llevar a cabo con acciones concretas que permitan ganar terreno ante los retos que el país enfrenta en la actualidad y de esa forma generar un ambiente de tranquilidad y confianza entre la sociedad mexicana”.

Herrera Rivera ejemplificó que en 2008, en estados como Sinaloa, la cantidad de órdenes de aprehensión sin cumplir ascendía a 87 mil 278, mientras que el de órdenes de reaprehensión era de 13 mil 689. En tanto, Zacatecas contaba con 55 mil 389 órdenes de aprehensión y 5 mil 494 de reaprehensión sin dar cumplimiento.

“De esta manera, la comisión de crímenes de alto impacto ha prosperado, pues quienes los cometen quedan sin castigo y con la posibilidad de dedicarse de manera permanente a tan aberrante actividad”, enfatizó.

En este sentido, precisó que la productividad en la ejecución de las órdenes de aprehensión, por parte de los agentes policiales auxiliares del Ministerio Público, varía de una entidad federativa a otra, pero en general es muy baja, habiendo casos extremos de pobre productividad al grado de que en promedio la ejecución es inferior a una orden per cápita al año.

Sostuvo que lograr disminuir de forma considerable el rezago en la ejecución de las órdenes de aprehensión significaría una baja importante en la incidencia delictiva, dado que la detención de los probables responsables tendría el efecto de disuadir a otros sujetos para que no cometan nuevos delitos.
“Por tal motivo, es imperioso exhortar a las procuradurías generales de justicia de los diferentes estados de la República para que logren abatir el rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión y reaprehensión con la mayor celeridad posible”.

Es importante que se establezcan estándares de productividad a los agentes policiales en el cumplimiento de las órdenes. De igual forma que resulta importante que una vez que se haya logrado abatir el referido rezago se lleven a cabo las acciones necesarias.

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