A fin de que el Congreso de la Unión expida las leyes que regulen las acciones colectivas, determinen las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño; además, que los jueces federales conozcan de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó reformas al artículo 17 de la Carta Magna.

El diputado Juventino Castro y Castro, presidente de esa Comisión, precisó que la reforma permitirá que cualquier persona, sin necesidad de poder especial, o autorización alguna, pueda presentar una acción a nombre de toda la colectividad y que el sentido favorable sería general.

“Es muy duro cuando alguien está consciente de que se declaró algo a favor de otra persona, y que a pesar de estar en la misma condición, no obtuvo beneficios, simplemente por el hecho de que él no presentó la demanda”.

En el documento se indica que si desde la ley se generan las condiciones para agrupar a las personas cuyos derechos han sido vulnerados y se permite su organización para lograr su adecuada defensa y protección, se estará ante una posibilidad de justiciabilidad de los derechos de los individuos en dicho carácter y como miembros de una colectividad.

Ello beneficiaría a la sociedad, ya que todo aquel que tiene un derecho podría hacerlo efectivo de forma viable y sencilla, precisa el dictamen aprobado en reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales.

La sociedad mexicana requiere mecanismos procesales eficientes y modernos que respondan a las demandas colectivas en el marco de los cambios políticos, económicos y sociales mundiales, se enfatiza.

La reforma establece mecanismos de economía procesal, permite la reducción de costos, genera eficiencia y efectividad en los procesos jurídicos al descargar al Poder Judicial de las múltiples demandas existentes, cuyo contenido es repetitivo, así como resolver el mayor número de cuestiones procesales dentro de un mismo juicio.

Además, concede legitimación activa a los ciudadanos en general, grupos, partidos, sindicatos y autoridades al conceder al conjunto agraviado legitimación directa.

En una disposición transitoria establece que el Congreso deberá realizar las adecuaciones legislativas que correspondan en un plazo máximo de un año, a partir del inicio de la vigencia del Decreto.

Castro y Castro añadió que México es pionero en el establecimiento y reconocimiento de derechos sociales, sin embargo tiene acciones procesales individuales, lo que ha sido un contraste notable.

Actualmente casi toda Latinoamérica tiene las acciones colectivas aprobadas y funcionando y nuestro país se ha quedado rezagado, “pero al fin nos vamos a poner en orden”, subrayó.

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