Hasta el 18 de marzo sólo se habían registrado 39.5 millones de celulares (47%), es decir, el 10 de abril tendrían que ser suspendidas 44.5 millones de líneas de telefonía móvil (53%), lo que representaría para las empresas un costo superior a los 263 millones de pesos diarios e impactaría negativamente las relaciones económicas y sociales de los usuarios, señaló el diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar (PRI).

Por ello, presentó una iniciativa que modifica los artículos segundo y cuarto transitorios y adicionar el artículo octavo transitorio, del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009.

Explicó que el objetivo es establecer que el Poder Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la entrada en vigor de la reforma y adición, deberá publicar el reglamento de las disposiciones que garanticen la protección de los datos personales de los usuarios incorporados al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, para evitar con ello el uso indebido de los mismos.

La reforma también plantea la ampliación del plazo en seis meses, para el registro de usuarios de telefonía móvil. Asimismo, adicionar el artículo octavo transitorio, para establecer que 180 días después de concluida la prórroga, se realizará la evaluación de los resultados obtenidos de la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Se envió a la Comisión de Comunicaciones.

Actualizar competencia económica

Los diputados Jorge Humberto López Portillo Basave (PRI), Indira Vizcaíno Silva (PRD) y Jorge Antonio Kahwagi Macari (PANAL) presentaron una iniciativa que reforma diversos preceptos de la Ley Federal de Competencia Económica.

El legislador Kahwagi Macari precisó que se pretende modificar las reglas que constituyen la estructura regulatoria de la competitividad económica del país y actualizar los sistemas y ordenamientos jurídicos para evitar confusiones.

“Con la reforma tendremos normas con eficacia jurídica porque si las normas secundarias se desarrollan sobre investigaciones y conceptos equívocos, es casi inevitable que afecten derechos y garantías”. Se mandó a la Comisión de Economía.

Inhibir que instituciones crediticias cobren de manera directa adeudos de tarjetas

El diputado Pedro Vázquez González (PT) planteó reformar el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de inhibir la práctica de las instituciones crediticias de cobrar de manera directa los adeudos de tarjeta de crédito, lo que además será una medida de protección al salario y al ingreso de miles de trabajadores.

Señaló que persisten criterios y disposiciones que ponen en situación de vulnerabilidad al usuario de tarjetas de crédito, como la circular denominada "Reglas a las que habrá de sujetarse la emisión y operación de Tarjetas de Crédito", mediante la cual autoriza a las instituciones de banca múltiple a cargar los adeudos no cubiertos en tiempo por el uso de la tarjeta de crédito en cualquier otra cuenta que tenga abierta el mismo cliente con la institución bancaria.

Mencionó que es cada vez más común que el patrón o empleador pague la nómina a través de un instrumento electrónico, siendo el más común las tarjetas de nómina y lo que está sucediendo es que los bancos absorben los recursos del pago de nómina para cubrir los adeudos que tienen dichos trabajadores. “Esta práctica es violatoria de la protección al salario que establece nuestra norma fundamental y de la Ley Federal del Trabajo”. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Distribución equitativa de presupuesto municipal

La Comisión de Puntos de Constitucionales analizará la propuesta del diputado Emiliano Velázquez Esquivel (PRD) que adiciona las fracciones I y II del artículo 115 de la Constitución Política para que los municipios que reciben los recursos del presupuesto anual se distribuyan en la cabecera y tenencias proporcionalmente con la misma fórmula.
“Es importante que los jefes de tenencia que se eligen por el sufragio directo formen parte del cabildo con el propósito de que este órgano colegiado funcione considerando la opinión de los jefes de tenencia o su equivalente, de las autoridades que con otra denominación, ejerzan esta función de auxiliares de la administración pública municipal, toda vez que estas autoridades son quienes conocen de manera más directa las necesidades de su comunidad”, dijo.

Subrayó que con la reforma se abre paso a una nueva práctica en la administración pública, a una distribución equitativa del presupuesto municipal, a la obligatoriedad que no estará sujeta a compromisos políticos e intereses partidistas de cada administración municipal en el destino de los recursos, para garantizar mejoras en los bienes y servicios de las comunidades que se encuentran fuera de la cabecera municipal.

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