En primera lectura, el Pleno Camaral conoció un dictamen de la Comisión de Justicia, para establecer que los delitos en materia de derechos de autor deberán ser investigados y perseguidos de oficio y no por querella.

Las reformas a los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, buscan proteger los derechos de autor y de la propiedad industrial, por las grandes repercusiones económicas, jurídicas y sociales que implica el fenómeno delictivo conocido comúnmente como "piratería".

Se indica que los delitos en materia de derechos de autor y en contra de la propiedad industrial no sólo afectan bienes jurídicos personales, sino también suprapersonales, pues la afectación no nada más es para el propietario de los derechos de autor, sino para la economía del país en general y como consecuencia la economía de la sociedad, situación que hace indisponible el bien jurídico tutelado.

Con esta reforma, el afectado en primer término por el hecho delictivo no podrá optar por realizar su querella como requisito de procedibilidad y en su caso, otorgar el perdón, ya que no podrá disponer del bien jurídico afectado al no permitirse la extinción de la acción penal a través del perdón, ya que al Estado le interesa la persecución oficiosa de estas conductas delictivas.

“No debe perderse de vista que es una obligación del Estado modernizar el marco jurídico vigente, a fin de hacerlo eficiente en beneficio de múltiples sectores de la población, pues no debe soslayarse que en materia de derechos de autor México forma parte de diversos instrumentos internacionales, los cuales contienen disposiciones legales encaminadas a exigir a los estados miembros que se creen normas jurídicas que permitan un combate eficaz y ágil de los delitos en contra de la propiedad intelectual”.

Derechos en nombre de la colectividad

Más adelante, se conoció un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, el cual modifica el artículo 17 de la Carta Magna, cuyo propósito es que el Congreso de la Unión expida las leyes que regulen las acciones colectivas, determinen las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño; además, que los jueces federales conozcan de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Se indica que si desde la ley se generan las condiciones para agrupar a las personas cuyos derechos han sido vulnerados y se permite su organización para lograr su adecuada defensa y protección, se estará ante una posibilidad de justiciabilidad de los derechos de los individuos en dicho carácter y como miembros de una colectividad. “Ello beneficiaría a la sociedad, ya que todo aquel que tiene un derecho podría hacerlo efectivo de forma viable y sencilla”.

La reforma establece mecanismos de economía procesal, permite la reducción de costos, genera eficiencia y efectividad en los procesos jurídicos al descargar al Poder Judicial de las múltiples demandas existentes, cuyo contenido es repetitivo, así como resolver el mayor número de cuestiones procesales dentro de un mismo juicio.

Además, concede legitimación activa a los ciudadanos en general, grupos, partidos, sindicatos y autoridades al conceder al conjunto agraviado legitimación directa.

Asuntos indígenas

De la Comisión de Asuntos Indígenas se conocieron dos dictámenes; el primero reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a fin de incorporar la figura del intérprete y del traductor, su capacitación y certificación como uno de los objetivos y atribuciones del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Se establece la obligación del Instituto de enviar a la Cámara de Diputados un informe anual referente al establecimiento de la normatividad y la formulación de programas para la certificación y acreditación de técnicos y profesionales bilingües.

El segundo dictamen reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con el propósito de establecer que las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional.

Infraestructura física educativa

La Cámara de Diputados conoció de primera lectura un dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el cual modifica los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Su objetivo es facultar al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar infraestructura física educativa en el Distrito Federal, así como para emitir la normatividad y los lineamientos técnicos relativos.

Minuto de silencio

Previamente, la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por el décimo sexto aniversario luctuoso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (PRI) solicitó a la Mesa Directiva “se rinda un homenaje a ese hombre que entregó su vida al servicio de la patria y que en una forma vil fue asesinado en Lomas Taurinas, por tener los conceptos de luchar por un mejoramiento social para todos los mexicanos. Quiero que rindamos un homenaje a Luis Donaldo Colosio porque él pertenece a la historia de México; hagamos votos y pidamos que el caso se reabra para que se castigue a los asesinos intelectuales”.

Del mismo partido, el diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave resaltó que dicho minuto de silencio es muy importante, sobre todo por la forma en que murió el que fuera senador de la República, secretario de Desarrollo Social e integrante de esta misma Cámara.

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