• Diez millones de mexicanos no tienen este recurso natural

Diputados de los diversos grupos parlamentarios se pronunciaron por adecuar el marco jurídico para establecer el acceso al agua como garantía constitucional, reconocerla como un sector estratégico de seguridad nacional, retomarla como parte del patrimonio y no concebirla como un recurso infinito.

Al presentar el tema, el diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM), pidió incorporar el derecho al agua como garantía constitucional para reorientar de manera firme y decisiva las políticas generales de gestión integral a nivel federal y local, así como desarrollar acciones en materia de seguridad hídrica que aseguren el acceso al agua a ésta y las futuras generaciones.

Añadió que México ocupa el lugar 106 de 122 países en el uso y calidad del líquido que consume, de acuerdo con la ONU; refirió que el tratamiento de aguas es un principio que debe ser considerado en la política nacional e impulsado con mayor decisión.

Mencionó que 80 por ciento del agua disponible tiene algún grado de contaminación y aunque en 2008 se logró cobertura de redes de agua potable de 90 por ciento, más de 10 millones de mexicanos no cuentan con acceso a agua potable.

Las autoridades han omitido recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que invertir en agua potable tendría beneficios económicos por siete mil millones de dólares anuales, además del ahorro del gasto en instituciones prestadoras de salud y 340 millones de dólares en gastos individuales, pues al mejorar la calidad del agua reducirían en 31 por ciento las enfermedades diarreicas de niños pobres.

En su turno, el diputado Alberto Jiménez Merino (PRI) dijo que 75 millones de mexicanos habitan en zonas con escasez de agua; 10 millones no tienen acceso a ella y 22 millones no cuentan con drenaje.

“Tenemos infraestructura para tratar 85 mil litros de los 255 mil que se generan por segundo; recibimos mil 528 kilómetros cúbicos de agua, pero mil 106 se evaporan; del agua disponible, 397 kilómetros escurren, 75 se infiltran al subsuelo y 247 kilómetros cúbicos se van al mar sin ningún aprovechamiento”.

En los últimos 60 años México ha perdido más de la mitad del agua; “el desperdicio es de 50 por ciento; el tratamiento no rebasa el 40 por ciento y no hay programas suficientes para promover la retención en el campo y aprovechamiento de la lluvia en los centros de población”.

Destacó que no se ha educado a la población para tener una cultura en la materia, “cuando no hay agua consumimos refrescos y la cifra alcanza ya los 153 mil millones de pesos anuales y el mercado del agua embotellada supera los 40 mil millones”.

A su vez, la diputada Silvia Isabel Monge Villalobos (PAN) destacó su compromiso por mejorar, revisar y establecer un marco jurídico acorde “a la nueva época que vivimos de destrucción de bosques, erosión de suelos, contaminación, carencia de sistemas de tratamiento de agua pero sobre todo la falta de una cultura del agua”.

Dijo que en el mundo más de dos mil 500 millones de personas carecen de sistemas sanitarios adecuados; 884 millones –la mayoría de ellos en países en vías de desarrollo— no tienen agua potable y alrededor de 1.5 millones de niños menores de cinco años mueren anualmente a causa de enfermedades transmitidas por el agua sucia.

México es considerado como un país con baja disponibilidad de agua, pues cuenta con 458 mil millones de litros de agua dulce renovable, disponibilidad natural medible per cápita de cuatro mil metros cúbicos habitante/año en 2005, cuando en 1950 eran 17 mil metros cúbicos.

Advirtió que entre 2007 y 2030 habrá 14.9 millones más mexicanos, el 82 por ciento estará en poblaciones urbanas y algunas regiones hidrológico-administrativas tendrán disponibilidades de agua menores a los mil metros cúbicos por persona por año al 2030.

El diputado César Francisco Burelo Burelo (PRD) informó que poco más de 75 por ciento de cuerpos de agua están contaminados y México ocupa el cuarto lugar en deforestación.

Señaló que en esta preocupación existe unanimidad respecto a cómo se pueden lograr políticas públicas que garanticen la gestión integral y sustentable del recurso vital y que “contribuyan a erradicar la oprobiosa situación de los recursos hídricos del país”.

Propuso adecuar el marco jurídico vigente para no concebir el agua como un recurso infinito, sino escaso y cuya preservación sea asunto de interés público, de seguridad nacional y factor de estabilidad política y social.

Por el PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña denunció que aún cuando el agua es necesaria para la vida se ha hecho de ella una mercancía, se vende y se trafica. Se debe dar marcha atrás al proceso de privatización del agua; hacer campañas de concientización para su mejor utilización y retomarlo como parte del patrimonio nacional inalienable, no privatizable y encaminado al desarrollo y bienestar.

Del mismo partido, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez llamó a reflexionar en torno a las políticas en este tema para traducirlas en cuestiones concretas. “Que se legisle efectivamente en torno al tema; ¿qué vamos a hacer, como órgano legislativo, para garantizar el derecho a contar con agua de calidad?”

Enseguida, el diputado Gerardo Del Mazo Morales (Nueva Alianza) pidió que en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua se avance en su reconocimiento, con base en disposiciones legales que establece el artículo 27 Constitucional, para que se le reconozca como sector estratégico de seguridad nacional y de desarrollo humano.

Al hacer sus comentarios, la diputada Laura Arizmendi Campos (Convergencia) consideró que es tiempo de establecer políticas públicas adecuadas para dotar de sustentabilidad el desarrollo en armonía con el medio ambiente, así como alcanzar los acuerdos necesarios que permitan asegurar el abasto del vital líquido.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la próxima, que tendrá lugar el miércoles 24 de marzo a las 11:00 horas.

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