La Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el diputado Porfirio Muñoz Ledo, aprobó el dictamen a la minuta, enviada por el Senado de la República, que expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El objetivo es establecer que las acciones de cooperación como instrumento de política exterior que lleve a cabo el gobierno mexicano tanto en su carácter de donante como de receptor, deberán tener como propósito promover el desarrollo humano sustentable, mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social.

Asimismo, el aumento de los niveles de educativo, técnico, científico y cultural; la disminución de las asimetrías entre los países desarrollados y en vías de desarrollo; protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático, fortalecimiento a la seguridad pública, defensa y promoción de los derechos humanos, desarrollo sustentable, transparencia y rendición de cuentas y los criterios de aprobación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad.

Se plantea la formulación de un órgano desconcentrado de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo la denominación de Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), responsable de coordinar los esfuerzos institucionales en esta materia. Su función sería el registro y divulgación del conjunto de acciones de cooperación internacional que realiza México, con el propósito de contar con una visión integral de sus importantes dimensiones y de darlas a conocer a la sociedad.

El documento subraya que con la ley se propone subsanar una de las mayores lagunas en el marco legal de las relaciones del país con respecto del exterior y fortalecer el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la coordinación de las acciones en el exterior de las entidades y dependencias del gobierno federal.

“La ley estimulará la corresponsabilidad de los distintos actores de la cooperación internacional, al establecer un marco regulatorio claro y preciso que otorgue certidumbre a proyectos con impacto en la elevación del bienestar de la sociedad mexicana”.

La Comisión consideró hacer cambios a la minuta con el objeto de mejorar el texto de la propuesta de Ley para determinar sus alcances y aplicación. Se propone que la ley limite a la regulación de las acciones del sector público que tengan lugar en ese ámbito, se incorpora la frase “sector público” y se eliminan las palabras “sectores sociales y privado, y organizaciones no gubernamentales”.

El dictamen que será presentado al Pleno, precisa que la aplicación de la ley es de orden general y que deberá ser orientada por todas las instancias del Ejecutivo, se elimina la palabra “sectorial” de los artículos 2, 4, 6, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 26, 35 y 3 transitorio. Se incorporó a los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano, como elemento complementario.

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