En tribuna, el diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI) presentó una iniciativa de reforma del poder público, la cual contempla un nuevo diseño para el informe presidencial que deberá acompañarse con informes trimestrales de los secretarios de Estado, del Consejo de Seguridad Pública y de la contraloría del IFE.

La propuesta suscrita también por el diputado Emilio Chuayffet Chemor y por el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Francisco Rojas, plantea que en el Distrito Federal se inicie con una propuesta para municipalizar las delegaciones políticas, así como varias reformas que tienen que ver con el desarrollo metropolitano.

El legislador mencionó que esta reforma pretende eficientar la labor legislativa e incidir en su facultad de fiscalización de los recursos públicos. Por ello propuso prolongar este periodo de sesiones hasta el mes de junio y resolver las cuestiones de quórum de la Asamblea para eficientar el trabajo de las comisiones, su dictaminación y abatimiento del rezago.

Destacó que se propone que la Cámara de Diputados apruebe el Plan Nacional de Desarrollo “para que sea en verdad el eje de las políticas, pero también de la evaluación de sus resultados para terminar con programas inútiles”.

De igual forma, dar autonomía plena al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y permitir que los municipios puedan cobrar impuestos prediales por los inmuebles públicos asentados en sus demarcaciones.

En el tema electoral, dijo que para garantizar la gobernabilidad, se propone la eliminación de la cláusula que impide la formación de mayorías estables. También plantea el voto a los ciudadanos de 18 años para ser electos a la Cámara de Diputados y una sexta circunscripción para los migrantes.

“El poder público tiene que reformarse para satisfacer las aspiraciones del pueblo de México, tiene que volver a ser oportunidad y esperanza para que los mexicanos, para que con libertad e igualdad, puedan satisfacer sus anhelos por eso la reforma del poder público tiene que estar muy por encima de intereses de cualquier tipo. Tiene que superar motivaciones electorales e inquietudes publicitarias o afanes que nos orienten a solventar las necesidades”.

Santiago Ramírez manifestó que en el tema del agua se concede una importancia estratégica al reformar el artículo 27 constitucional para un rediseño institucional en la materia.

Están también las normas necesarias para adelantar los informes y precisar la eficacia de la rendición de cuentas en el órgano de fiscalización superior, subrayó.

Añadió que en lo judicial se plantea la evolución de los tribunales unitarios a los colegiados del Poder Judicial de la Federación y precisiones en la materia del arraigo.

“En cuanto al Senado proponemos ampliar sus facultades para que además de ratificar los tratados, autoricen convenios o cartas de intención que tengan efectos económicos en el Estado mexicano”.

Esta primera propuesta recoge el sentir de todas las regiones del país, no pretendemos la exclusividad y mucho menos pensamos que nuestra reforma es o deber ser la única, no sucumbimos a la grandilocuencia de postular lo propio como lo único, puntualizó.

Regular publicidad de alimentos

Posteriormente, el diputado Ariel Gómez León (PRD) presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Salud, con el objeto de que se regule la publicidad al señalar específicamente en la ley los componentes de los productos alimenticios publicitados, a fin de que el consumidor tenga la información real nutricional y se responsabilice de lo que consume.

Manifestó que esta propuesta pretende que se señale si el producto que se anuncia cuenta con bajo contenido de nutrientes, alto en contenidos de sal, en contenido de azúcares, alto en contenido en grasa hidrogenada o parcialmente hidrogenada, así como que dichos mensajes promoverán una alimentación equilibrada. Se turnó a la Comisión de Salud.

Homologar el diseño de la autonomía del Ministerio Público

En tanto, la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (PRD) propuso modificar diversos artículos de la Constitución, a efecto de homologar el diseño de la autonomía del Ministerio Público a las entidades federativas, que se le transfieran atribuciones a la Consejería Jurídica de la Federación para que pueda presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.

De igual forma para conocer de los recursos de apelación en contra de las sentencias de los jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la federación sea parte y que por su trascendencia e interés así lo ameriten. También contempla que el procurador en las entidades federativas tenga la misma duración de cuatro años con posibilidad a ser ratificado para un periodo igual.

Se propone para el Distrito Federal reformar el artículo 122 constitucional, donde se asegure la participación de la Asamblea Legislativa en la designación del procurador de Justicia del Distrito Federal. Todo lo anterior, también en los términos que prevea el propio Estatuto de Gobierno. Entre otras modificaciones. Se envió a la Comisión de Salud.

Crear mando único policial a nivel estatal

Más adelante, el diputado Rogelio Cerda Pérez (PRI) presentó una iniciativa que pretende reformar los artículos 21, 115 y 123 de la Constitución con el objeto de crear un mando único policial a nivel estatal.

Cerda Pérez mencionó que esto permitirá dar avances en la cobertura de las policías municipales y a homologar esfuerzos y políticas, “lo cual se verá plasmado en mejor equipamiento, especialización, instrumentos de prevención del delito, análisis de la información e investigación, metodología en las tareas de inteligencia y el desarrollo de una policía científica”. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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