El Pleno camaral aprobó con 180 votos a favor, 84 en contra y 31 abstenciones, un dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que los concesionarios cuenten con un año más de plazo para cumplir con las obligaciones del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT).

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Comunicaciones, diputado Ignacio Rubí
Salazar (PRI), agregó que se dispondrá de seis meses posteriores a la integración del padrón, para que se constituya un periodo de prueba y evaluación, a fin de determinar el impacto real de este registro en la disminución de los delitos que se cometen con el uso de teléfonos celulares, como son la extorsión y el secuestro.

Esta evaluación será realizada por las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública, además de la Procuraduría General de la República, el Registro Nacional de Población, Comisión Federal de Telecomunicaciones, así como las empresas concesionarias del servicio de telefonía celular.

Precisó que la Comisión Federal de Telecomunicaciones elaborará el proyecto de reglamento que deberá emitir el Ejecutivo federal en un plazo no mayor a 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Manifestó que uno de los principales propósitos de esta reforma es el de incrementar los niveles de seguridad pública que los mexicanos están reclamando.

“Esto servirá para contribuir a dar certidumbre a los usuarios de la telefonía celular, pero también a que se incrementen los niveles de seguridad pública que nuestro país está demandando”, subrayó.

Al manifestarse contra el dictamen, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) señaló que “la ciudadanía ya dio su opinión sobre el registro de los celulares y manifestó su rechazo, menos del 50 por ciento de la gente los ha registrado.

“La inmensa mayoría no hemos hecho ese trámite, porque igual que la cédula de identidad se percibe un tufo de control y manipulación”, dijo.

A pesar de las múltiples amenazas de que si no se registran los celulares van a ser dados de baja, a la mayoría de la población no le ha importado, agregó.

En tanto, el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT) refirió que se está viendo una acción colectiva de 44 y medio millones de personas que no quieren el registro de celulares.

Consideró que se deberían derogar o quitar de la Ley Federal de Telecomunicaciones estas medidas, porque “esto no va a reducir el número de secuestros o extorsiones”.

El diputado Óscar González Yáñez (PT) dijo que la medida de registrar los teléfonos celulares está muy cuestionable.

“Algunos percibimos que con esta medida no se está buscando proteger a los ciudadanos, sino a las empresas”, añadió.

El dictamen se remitió al Senado para sus efectos constitucionales.

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