Con el propósito de combatir la usura, el diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza (PRI), presentó una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código de Comercio y del Código Civil Federal.

La regulación propuesta busca evitar que los contratos se constituyan en instrumentos de explotación patrimonial, alejándose de su finalidad de herramienta idónea del intercambio de bienes y servicios.

Durante la sesión de hoy, destacó que esta práctica se incrementa aceleradamente por la falta de una regulación adecuada en materia civil, mercantil y penal, por lo que “es urgente que el Poder Legislativo Federal establezca las normas pertinentes, incluyendo las limitaciones o prohibiciones específicas a efecto de combatir la usura”.

Dijo que el Código Penal Federal “inadecuadamente regula la usura como una especie de fraude”; por lo que propuso agregar un capítulo específico que la tipifique como delito autónomo y que se persiga de oficio.

Por lo que hace al Código de Comercio, que data de 1889, planteó que es necesario reformarlo para prohibir el anatocismo, por ser una típica forma de usura, así como otras formas que, “basadas en ese anacrónico documento propician la injusticia, especialmente hacia los más necesitados”.
Respecto al Código Civil Federal, donde la usura se denomina como “lesión de los contratos”, propuso reformar el artículo 17, pues actualmente estipula que el perjudicado por la lesión debe ser sumamente ignorante, notoriamente inexperto o extremadamente miserable para recibir protección legal y omite considerar otras circunstancias susceptibles de abuso como el estado de necesidad.

Además, limita a un año el plazo para ejercitar acción de nulidad o de reducción, “lapso muy breve si consideramos que en el ámbito extranjero los lineamientos civiles prevén un periodo mayor”. Se turnó a la Comisión de Justicia.

Pago de trabajadores

El diputado Amador Monroy Estrada (PRI) propuso una reforma al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que el salario del trabajador se pague en el lugar donde presta sus servicios al finalizar la jornada, en moneda de curso legal o mediante el sistema de transferencia bancaria electrónica.

En el caso de que se elija el sistema de transferencia bancaria electrónica, el patrón estará obligado a la apertura de la cuenta que será de nómina a nombre del trabajador y se obliga a instalar un cajero electrónico en el establecimiento siempre que el número de asalariados sea superior a 150.

Además, plantea que cualquier costo, cargo o comisión que se genere por la adopción de este sistema correrá a cargo del patrón. Se envió a la Comisión del Trabajo y Previsión Social.

Controlar el consumo del tabaco

A la Comisión de Salud se remitió la iniciativa de la diputada María del Pilar Torre Canales (NA) que reforma la Ley General para el Control del Tabaco, a fin de insistir en medidas para controlar el consumo de tabaco con acciones educativas, clínicas, reglamentarias, económicas y globales.

Propuso que la Secretaría de Salud sea quien autorice la producción de nuevos productos de tabaco, es decir diferentes a los existentes que cambien su composición o incluyan nuevos aditivos y sabor, ya sea artificial o natural.

También que los productores de tabaco tengan la obligación de informar a la Secretaría el porcentaje de la utilización de tabaco nacional, así como del proveniente del extranjero para su producción. Que en los espacios libres de tabaco se vea la siguiente leyenda: "Respire con tranquilidad. Este espacio es libre de tabaco".

Además, que la Secretaría promueva la participación de la sociedad civil en la prevención del tabaquismo y el control de los productos del tabaco con la elaboración de un estudio anual que especifique claramente la lista total de ingredientes, incluyendo el tabaco, substancias, aditivos, papel, boquilla, tinta para impresión de marca, filtro, envoltura, adhesivos y cualquier otro componente del producto, así como las consecuencias a la salud, esto por marca y submarca.

Refirió que en México más de 53 mil personas fumadoras mueren al año por enfermedades asociadas al tabaquismo, lo que significa al menos 147 defunciones diarias, una cada 10 minutos.

Fortalecimiento de los municipios

El diputado Óscar Javier Lara Aréchiga (PRI), dio a conocer una iniciativa que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado a fin de que los municipios, los organismos descentralizados de las administraciones públicas municipales y los fideicomisos públicos municipales puedan acreditar el IVA que les haya sido trasladado a través de los servicios públicos a su cargo.

El objeto es fortalecer a la hacienda pública municipal, de tal forma que cuente con mayores recursos fiscales, lo cual permitiría mejorar la prestación de servicios para el desarrollo de las comunidades. “Este es un planteamiento con un claro sentido y vocación municipalista”. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Excedentes petroleros

Asimismo, la diputada María Araceli Vázquez Camacho (PRD), presentó una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de modificar los porcentajes en que se repartirán los excedentes petroleros.

Explicó que para 2010 México podría obtener 150 mil millones de pesos por excedentes petroleros, y su utilización debe enfocarse a inversión en infraestructura, no a gasto corriente. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Incorporación laboral de los jóvenes

El diputado Rolando Zapata Bello (PRI) propuso reformar el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud a fin de dotarlo de atribuciones para el diseño, implementación y ejecución de programas con fondos presupuestales, que contribuyan directamente en la problemática de la incorporación laboral de los jóvenes.

Subrayó que con estas nuevas atribuciones se pretende que el Imjuve asuma un papel mucho más activo y eficaz en las alternativas para uno de los problemas más importantes para los jóvenes: su incorporación exitosa a la vida productiva. Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

Expedir Ley Federal de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas

El diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI) presentó una iniciativa para expedir la Ley Federal de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas a fin de establecer las disposiciones que permitan garantizar este derecho.
La iniciativa convierte en una obligación de toda la administración pública en todos los órdenes de gobierno, para formar parte de una política de Estado a favor de los pueblos y comunidades indígenas del país. Se mandó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

Garantizar atribuciones de los integrantes de ayuntamientos

La Comisión de Puntos Constitucionales analizará la propuesta del diputado Ignacio Téllez González (PAN) para reformar el artículo 115 Constitucional que propone garantizar que las atribuciones de los integrantes de los ayuntamientos sean acordes a las necesidades de ayuntamiento y del municipio.

Propuso adicionar a la fracción II un inciso que especifique expresamente que dentro del objeto de las leyes municipales que expiden las legislaturas de los Estados, para que los ayuntamientos puedan proveerse de normas administrativas, se incluyan de forma precisa las funciones que tendrán los presidentes municipales, síndicos y regidores, las cuales deberán ser acordes al funcionamiento óptimo del ayuntamiento y a las necesidades de cada municipio.

Etiquetado explícito a productos con organismos genéticamente modificados

El diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM) planteó modificar la Ley de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, con el objetivo de garantizar el etiquetado explícito de productos para consumo humano que contengan organismos genéticamente modificados.

Propuso reformar el artículo 101 a fin de indicar que las etiquetas deben señalar "la referencia explícita de organismos genéticamente modificados" y no solamente la información alimentaria y nutrimental, como indica la redacción actual. Así como eliminar el texto "en aquellos casos en que estas características sean significativamente diferentes respecto de los productos convencionales", ya que favorece la discrecionalidad en el etiquetado de los productos.

Se remitió a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Que cualquier ciudadano pueda presentar demandas de inconstitucionalidad

A la Comisión de Puntos Constitucionales se turnó la iniciativa del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) para que se incorpore la figura de acción de inconstitucionalidad popular tanto en la Constitución Política, como en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, para que cualquier ciudadano pueda presentar demandas de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Explicó que la reforma plantea adicionar una fracción VI al artículo 35 y en el artículo 105 adicionar el inciso h) de la fracción II, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda conocer de dichas demandas de inconstitucionalidad popular.

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