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Boletín N°. 1258 20 mil infantes son explotados sexualmente en México; el 80 por ciento, niñas de 11 a 13 años (Favor de utilizar de sábado para domingo)

De acuerdo a diversos estudios, entre 16 y 20 mil infantes son explotados sexualmente en nuestro país; en 80 por ciento de los casos las víctimas son niñas que persuadidas por adultos son alejadas de sus familias y lugares de origen para prostituirlas, aseguró la diputada Rosi Orozco (PAN), presidenta de la Comisión Especial para la Lucha Contra la Trata de Personas.

“Son los casos más graves, que tenemos reportados, porque estamos hablando de niñas que a los 11, 12 o 13 años fueron enganchadas a través de hombres que las enamoran”.

Al término de la reunión que la comisión especial tuvo con representantes de diversas asociaciones civiles que ayudan a víctimas de la trata, la legisladora explicó que además de las menores de edad engañadas por adultos “también hay reportes de que son explotados sexualmente niños que se escaparon de casa, algunos son migrantes y otros fueron vendidos por sus propios padres”.

Informó que la comisión a su cargo actualmente está analizando diversos códigos y leyes, tanto locales como federales, con el propósito de proteger a todos los menores del país.

Abundó que un grupo que les preocupa mucho son los niños en situación de calle, “porque son vulnerables para ser captados para mendicidad, así como explotación sexual y laboral, por eso estamos elaborando una ley general, una ley tipo, que se implemente a nivel nacional”.

Tenemos reportes, añadió, de que en varios estados de la República los están usando para vender diferentes productos y en caso de no cubrir ciertas cuotas de dinero son víctimas de violencia.

La diputada Rosi Orozco señaló que están trabajando con un grupo de expertos para terminar un proyecto de ley que incluye la protección a este grupo.

“El caso de niños en situación de calle tiene muchas aristas, por lo que las reformas de ley que propondremos deben proporcionar herramientas exactas para que los estados, a través de los DIF´s estatales y de los albergues de las procuradurías puedan dar la protección que evite caigan en redes de explotación sexual o laboral”.

Subrayó que integrarán las recomendaciones vertidas por las autoridades a fin de elaborar reformas acordes a la actual situación. “Nuestra intención es que estén listas antes de que finalice el actual periodo ordinario de sesiones”.

En su oportunidad, la directora de la fundación Camino a Casa, Patricia Prado, calificó de tortuoso el actual proceso de denuncia al que son sometidas las víctimas; explicó que en vez de que las leyes las protejan en la mayoría de las ocasiones las revictimizan, “ignorando sus derechos y pisoteando su privacidad e integridad”.

Por ello, solicitó a los legisladores a homologar el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, así como la Constitución, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas, sobre todo cuando se trata de menores de edad.

“Se deben implementar mecanismos que aseguren el acceso a la justicia pronta y expedita directamente ante el Poder Judicial, sin tener que pasar por las vejaciones que representa la averiguación previa”.

Manifestó que sería conveniente que el Poder Judicial estableciera en los juzgados penales la obligatoriedad de la capacitación especializada en el tema de trata de personas. “Las asociaciones civiles pedimos a los diputados exhorten al Consejo de la Judicatura Federal y a los poderes judiciales de los estados y del DF, sobre el tema”.

Es necesario, continuó, realizar un estudio de derecho comparado, respecto a las distintas legislaciones locales y federales vigentes, a fin de concretar una propuesta que permita unificar criterios, penas y procedimientos penales en el tema de trata de personas.

A la reunión también asistieron Patricia Olamendi, presidenta de la Organización Pro Mujer; Isabel Miranda de Wallace, luchadora social, representando a la organización Alto al Secuestros; Linda Clausen, de la organización Red Familias; de México Unido Contra la Delincuencia, Juan Delgado Arroyo; de Casa Alianza, Sofía Almazán; de Infancia Común, Mayra Rojas Rosas; la consultora Verónica Caporal Pérez; y del instituto para las mujeres en la migración, Mónica Salazar.

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