La Comisión de la Función Pública pretende citar a los titulares de la Función Pública, Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, destacó el diputado Josué Cirino Valdés Huezo, secretario de este órgano legislativo.

La cita a Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, dijo el diputado, es para que explique a detalle lo concerniente a la corrupción que impera en el país.

Destacó que de acuerdo con Fundar, Centro de Análisis e Investigación, México está en el quinto lugar, junto con Argentina, en un índice de transparencia presupuestaria realizado en América Latina, en donde Costa Rica fue el único en recibir una calificación aprobatoria.

Además, agregó, nuestro país obtuvo el peor resultado en los últimos seis años, al lograr sólo 48 de 100 puntos, según el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria.

Valdés Huezo indicó que la nación más destacada en 2009 en esta evaluación fue Costa Rica con 69 puntos, le siguen incluso Perú, con 54, Panamá, con 50 y Brasil (49); México y Argentina (48).

Dijo que la menor transparencia en el presupuesto de México puede explicarse porque en la práctica la información que es difundida por los entes del gobierno federal es confusa, incompleta, poco transparente y crea más duda.
En cuanto al secretario de Hacienda, refirió que la Comisión de la Función Pública discutirá la propuesta una vez que éste comparezca ante el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo mes de abril, a fin de que explique lo concerniente a los subejercicios presupuestarios y los fideicomisos del gobierno federal.

Sobre este tema, mencionó que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en la Cuenta Pública 2008, la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda es poco clara respecto del gasto no ejercido e incluso no hay justificación en torno a algunas partidas.

Añadió que, al parecer, los subejercicios formaron parte de una estrategia del gobierno federal para reasignar recursos a fondos y fideicomisos que a su vez tampoco fueron utilizados y se destinaron a otros fines.

Un ejemplo, dijo, lo constituye el Fondo Metropolitano, cuyo objetivo es destinar recursos para desarrollar programas, proyectos y obras públicas de infraestructura, en el cual se identificó un subejercicio del 91.7 por ciento de su presupuesto aprobado y en 2007 se detectaron también importantes irregularidades en los fondos de Banobras.

En su informe de la ASF, añadió, se menciona que el gobierno ha tenido un manejo discrecional de los recursos, reasignándolos a programas distintos a los autorizados por el Congreso y al margen de éste. “El programa clave en las reasignaciones presupuestales se relaciona con el Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas”, subrayó.

Dijo que para 2008, este programa ejerció recursos casi cinco veces mayores al monto original autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Además, la Secretaría de Hacienda utilizó recursos públicos bajo la figura de fondos, mandatos y análogos, incrementando su poder discrecional para reasignar recursos fiscales. Al cierre de 2008, se tenía un saldo de 81 mil 603.9 millones de pesos disponibles; en el segundo trimestre de 2009 se habían incrementado a 144 mil 906.2 millones y al 31 de diciembre se administraban 601 mil 681.5 millones de pesos”.

De acuerdo con la ASF, esos recursos, provenientes de los subejercicios de las dependencias, se encuentran a disposición del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y su utilización y destino ya no requieren de autorización por parte de la Cámara de Diputados.

Otro aspecto, abundó, es la baja recaudación fiscal del gobierno federal, la cual es estimulada por la opacidad de la fiscalización a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) mismo que, en muchas ocasiones, se ampara en el secreto fiscal.

En este sentido, agregó, se citará al titular de dicho organismo para que explique la condonación discrecional de recursos retenidos a terceros como son: Derechos, Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado y en caso particular, los regímenes especiales.

Existen muchos pendientes, dijo, y tenemos que seguir demandando a la Secretaría de la Función Pública y a las demás dependencias mayores resultados, mayor eficiencia, ya que a la fecha no se ha sabido de casos relevantes de sanciones cuando en la opinión pública existen señalamientos claros de posibles trasgresiones legales.

“La Secretaría de la Función Pública nos sigue quedando a deber en cuestión de resultados en cuanto a combate a la corrupción. Seguimos siendo un país con alta corrupción”, concluyó.

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