La diputada Guadalupe Pérez Domínguez (PRI) secretaria del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, propondrá se solicite al Ejecutivo federal un informe detallado respecto del estado que guardan las negociaciones de tratados internacionales sobre el comercio de armas con el gobierno de Estados Unidos y de los controles existentes en las aduanas.

Destacó que en un punto de acuerdo que hará del conocimiento del Pleno, se pedirá de igual forma al Presidente Felipe Calderón, que haga llegar otro informe a la Cámara de Diputados sobre las estadísticas precisas y detalladas, de procesados y sentenciados en los últimos cuatro años por el delito de introducción ilegal de armas convencionales en el país.

Dijo que hoy más que nunca se hacen necesarios dichos informes por la multicitada propuesta que ha lanzado el gobierno federal a través de la cancillería y por el propio titular del Ejecutivo en diversos foros internacionales, como fue el caso de la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 24 de septiembre de 2009.

En este foro, abundó la legisladora, el gobierno mexicano demandó la atención sobre la proliferación de armas de tipo convencional y el tráfico de armas, pequeñas y ligeras, que causan alrededor de mil muertes y 3 mil heridos cada día en el mundo.

En ese entonces, agregó, el Presidente Felipe Calderón exhortó al Consejo de Seguridad de la ONU a buscar fórmulas para frenar ese acto ilícito, sin perjuicio del derecho de cada Estado a comprar armas para su legítima defensa.

Pérez Domínguez refirió que nuestro país vive tiempos complicados y que una realidad agobiante es la creciente inseguridad, misma que ha generado desesperación en la población y puesto en evidencia a un Estado nacional debilitado por malas decisiones, las cuales han permitido la proliferación de organizaciones criminales.

“En la estrategia de combate al crimen organizado hemos sufrido y visto gran desatención de temas fundamentales, como la incautación a capitales económicos de la delincuencia, el freno de la importación ilícita de armas convencionales, instrumentos fundamentales para llevar a cabo cualquier actividad ilegal, y la impunidad de que gozan quienes llevan a cabo esas lesivas prácticas”, subrayó la legisladora.

En este sentido, precisó: “es responsabilidad de los gobiernos establecer medidas de control interno del comercio de armas, sobre todo de las denominadas convencionales que, dicho sea de paso, son las que mayor número de muertes y lesiones generan”.

Aseguró que esa responsabilidad también implica la manifestación de los Estados para exigir a los países exportadores que hagan lo propio, “que se responsabilicen del control de la producción y venta ilegal de armas, que sólo sirven para dotar a los grupos del crimen organizado”.

Hemos sabido, dijo, por diversas notas periodísticas e informes oficiales del aseguramiento de armas provenientes del extranjero, especialmente de Estados Unidos, sin que hasta ahora el gobierno mexicano, por los conductos oficiales y observando los lineamientos y principios del derecho internacional, solicite al gobierno del vecino país el cumplimiento de sus obligaciones al respecto.

Concluyó que ésta es una obligación social y política, pero sobre todo moral de cualquier gobierno, “impedir la proliferación de armas en su territorio y exigir a otros su compromiso y la implantación de las medidas necesarias para impedirlo”.

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