El diputado Gerardo Sánchez García (PRI) afirmó que el 60 por ciento de la población concentra el 26.7 por ciento del ingreso, mientras que el 10 por ciento de los más ricos el 36.3 por ciento. “En otras palabras, sólo este último concentra 1.36 veces lo que percibe 60 por ciento de las familias más pobres”.

Dijo que la cifra para este 2010 ya sumará arriba de los 26 millones de pobres extremos, de los cuales es posible que los pobres en el sector rural sea de más de 16 millones.

Ante este panorama presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Desarrollo Social a efecto de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, norme y coordine la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social que ejecuten las dependencias públicas, y establezca lineamientos, criterios y metodologías para la definición y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico.

Plantea que la evaluación de la política de desarrollo social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes.

“Consideramos necesario que el Coneval se convierta en una institución que no sólo describa la realidad social del país, sino que tenga las plenas facultades para incidir con propuestas en el diseño de la política de desarrollo social del país”. Se envió a la Comisión de Desarrollo Social.

Desaparición forzada

En tanto, la diputada María Antonieta Pérez Reyes (PAN) a través de una reforma al Código Penal Federal, propone que para el delito de desaparición forzada de personas no opere la prescripción como un medio extintivo, tanto de la acción penal, como de la ejecución de la pena.

Lo anterior, en virtud de tratarse de una conducta que afecta los valores de la sociedad, los derechos humanos y las libertades fundamentales, “cuya práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad que no se borra con el transcurso del tiempo”.

Dijo que la figura jurídica de la prescripción debe tener como fundamento el interés social, mantener indefinidamente una imputación delictuosa o suspensión de la pena por la sustracción de la acción del Estado efectuada por el delincuente. Se remitió a la Comisión de Justicia.

Banco de México

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (PRD) a través de una iniciativa que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca que el objetivo prioritario del Banco de México sea procurar una estabilidad sostenible del poder adquisitivo de la moneda nacional, así como el crecimiento de la actividad productiva y el empleo.

La propuesta establece que para cumplir sus prioridades, el banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la administración de la reserva de divisas internacionales.

“El objetivo último de la reforma es que el Banco de México procure una estabilidad cada vez más sólida y sostenible mediante el impulso a los factores de producción en el país”. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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