El Pleno aprobó por 359 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones el dictamen a la minuta que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, para perseguir de oficio al que venda o comercialice en vías o lugares públicos objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Justicia, el diputado Camilo Ramírez Puente (PAN) afirmó que el fenómeno delictivo conocido como piratería afecta los intereses de los particulares, pero primordialmente vulnera los derechos de diversos sectores de la sociedad y al propio Estado, porque éste deja de percibir importantes ingresos por concepto de impuestos.

“Por este delito además resultan perjudicados los creadores de obras y productos intelectuales, los artistas, músicos, editores de música, distribuidores y vendedores legalmente establecidos; así como las industrias culturales y las empresas que invierten en el desarrollo de marcas”.

El legislador argumentó que dicha industria genera empleos directos e indirectos, los cuales son afectados por estas prácticas ilegales, “que atentan el desarrollo de la cultura musical y cinematográfica nacional”.

Advirtió que la actual normatividad “se ha vuelto ineficiente e ineficaz, aunado al constante aumento de estos grupos delictivos; es evidente que la legislación debe cambiar para proteger los derechos de autor y la propiedad industrial, a fin de combatir la piratería de manera más enérgica, por lo que este delito debe ser perseguido de oficio”.

Enfatizó que el Congreso ha trabajado con el propósito de revertir dicha situación; “ésta es sólo una parte del grave y complejo problema que enfrentamos respecto al delito de la piratería; estamos conscientes de que es el inicio para devolver la cultura de la legalidad a nuestro país”.

El diputado Humberto Benítez Treviño (PRI), al referirse en pro del dictamen, explicó que el objetivo no es crear una nueva figura penal porque ésta ya existe, “el único cambio que se plantea es que sea delito perseguible de oficio y no delito perseguido por querella”.

Mencionó que la industria de la recreación pierde 750 millones de dólares al año, de éstos se pierde un millón de dólares al día por concepto de impuestos, con los que se podrían crear centros recreativos, hospitales, escuelas y programas de desarrollo social.

Refirió que países avanzados sancionan el delito de piratería de oficio y “simplemente estamos homologando nuestra legislación. Los legisladores estamos obligados a redactar leyes con precisión y claridad”.

En tanto, el diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI), a favor del dictamen, enfatizó que se trata de un cambio única y exclusivamente en la forma de persecución del delito de piratería, el cual genera un impacto de daño económico a la nación.

Agregó que de acuerdo a información de la Cámara Americana de Comercio, la industria tuvo una afectación de 964 mil 688 millones de pesos en el año anterior; 8 de cada 10 personas compraron productos pirata, y el 54 por ciento de los bienes que están en el comercio provienen de falsificaciones.

“Quedará en manos de la Procuraduría General de la República las facultades para perseguirlo de manera oficiosa y no como actualmente se realiza en el que se requiere la denuncia previa, la ratificación y una serie de requisitos antes de proceder en contra de los responsables”, agregó.

Al referirse en contra del dictamen, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) señaló que la reforma “quiere presentar la defensa de cosas que son en realidad indefendibles, se necesita un profundo cambio económico, político y social en el país.

“Aquí se está defendiendo a los monopolios, a las grandes empresas, a la concentración de la riqueza; se está criminalizando la pobreza, la necesidad, el hambre, la desesperanza de millones de mexicanos que están vendiendo en las calles porque no tienen ninguna otra posibilidad”, dijo.

En su turno, el diputado Pedro Vázquez González (PT), en contra del dictamen, indicó que en particular en el artículo 223 Bis del la Ley de Propiedad Industrial se busca criminalizar la actividad de comercio informal que realizan millones de mexicanos que al no contar con un empleo en el sector formal de la economía se dedican a la actividad del comercio informal.

“Este dictamen pasa por alto que muchos de los productos que son materia de piratería son fabricados en otros países que entran de contrabando a México y hay evidentes actos de corrupción por parte de las autoridades aduaneras”, aseveró.

Según cifras del INEGI, añadió, la caída del empleo de enero de 2009 a 2010 fue de 503 mil plazas, con un acumulado de dos millones 760 mil mexicanos que engrosaron las filas del desempleo, lo que representa el 5.87 por ciento de la población económicamente activa. Se reconoce que hay 12.5 millones de mexicanos en la economía informal, puntualizó.

Por su parte, el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT) puntualizó que se habla de perseguir de oficio a un vendedor ambulante porque no paga impuestos.

“El tema es cargarle la mano a quien menos tiene, porque quien está vendiendo productos piratas no lo hace por gusto, lo hace porque no tiene acceso a un empleo, porque la economía el año pasado cayó siete por ciento”, resaltó.

El documento, una vez aprobado, se mandó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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