El Pleno Camaral aprobó un dictamen con punto de acuerdo por el que se pide al titular del Ejecutivo federal revisar y evaluar los manuales de operación que regulan los puntos de control carretero, a fin de que se establezcan nuevas estrategias operativas que contribuyan a disminuir el tiempo de inspección y traslado en las vías de comunicación del país.

En el documento de la Comisión de Seguridad Pública se indica que debido al constante crecimiento del narcotráfico, el gobierno federal implantó puntos de revisión en las carreteras federales por la Procuraduría General de la República y el Ejército y que gracias a estos puntos de revisión se ha logrado el aseguramiento de varias toneladas de estupefacientes al narcotráfico.

No obstante, menciona que de acuerdo con un estudio de la Secretaría de Agricultura de Sonora y con organizaciones agrícolas y ganaderas de la región, los daños causados al sector agropecuario por las revisiones de los retenes llegan a 58.7 millones de dólares al año, además de causar filas de más de 8 kilómetros y retrasos de hasta 6 horas.

“El efecto, en el sector agropecuario es demasiado grande, dado que 70 por ciento de las exportaciones de las frutas y hortalizas a escala nacional se da a través de esta carretera, y más de 250 mil cabezas de ganado son exportadas a Estados Unidos pasando por el punto de revisión de Benjamín Hill”.

Se añade que resulta necesario implantar programas de combate del narcotráfico, sin embargo, los puntos de control establecidos en carreteras federales no deben causar una baja turística y económica de dichas regiones, en este caso de Sonora.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD) manifestó su voto en contra, ya que se hace un tácito reconocimiento a una medida que es anticonstitucional y que está en contra de las garantías y de los derechos humanos, “que son los retenes militares en diversas vías de comunicación”.

Añadió que no son la mejor vía para controlar la delincuencia, terminar con el crimen organizado, “pero sí hacen cada día más precaria la seguridad de quienes transitan por las distintas carreteras del país, sobre todo de las más pobres”.

Por el PT, el legislador Gerardo Fernández Noroña expuso que la Constitución es muy clara en que el Ejército debe estar en los cuarteles y que sólo si el Congreso autoriza al Ejecutivo la suspensión de derechos y garantías constitucionales, podría estar sucediendo lo que ya ocurre, como lo es “la militarización y la proliferación de retenes de todo tipo, como los militares, de la PFP, de las policías estatales y dicen luego que de los narcos”.

Añadió que no se debe aprobar algo que es claramente violatorio del marco constitucional y que sigue permitiendo el atropello, las detenciones ilegales, la tortura y el asesinato de civiles por el supuesto combate al narcotráfico. “Es muy grande el número de agravios, el atropello y las violaciones que se le hacen a la población del país”,

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) resaltó que el punto es rechazable, porque está en función de los intereses de unos cuantos y por aquí el Estado se transforma en el factor criminógeno, “en el Estado promotor de conductas delictivas, el que en los retenes militares o policiales violenta los derechos humanos de miles de personas y que además afecta y acaba con la vida de otro tanto de personas”.

Recalcó que el Estado no puede ser el instrumento ni el factor criminógeno en esta sociedad, porque es claro que con el dictamen se violentan una serie de derechos humanos consagrados en la Carta Magna.

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