En la Sesión, el diputado Omar Fayad Meneses (PRI) presentó una iniciativa que reforma el artículo 18 de la Constitución Política para que los menores de edad que participen con plena conciencia en delitos de narcotráfico, crimen organizado, secuestro y homicidios violentos sean castigados.

“En algunos casos vividos, algún menor de 18 años comete un crimen artero, violento, con alevosía y ventaja, él sabe de la conducta, y sin embargo con una ley que sólo se dedica a proteger los derechos de los menores, la sociedad se siente vulnerada, agraviada y desprotegida”.

Por ello, agregó, “los menores de 18 años que cometan delitos graves y que participen en narcotráfico, en crimen organizado, en secuestro, en homicidios violentos tienen que ser vistos ante la Ley y ante la Carta Magna, de otra manera. Tenemos que darle respuesta a la ciudadanía, estamos obligados”.

Se busca que la medida de internamiento que se aplica a los menores que cometen dichos delitos, tenga una duración no mayor del mínimo de la pena prevista para tales delitos.

El documento remitido a la Comisión de Puntos Constitucionales refiere que de acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de diciembre de 2006 a marzo de 2009, en la guerra entre cárteles y en las batallas entre sicarios y fuerzas del Estado, existen otros saldos: 610 niños han muerto y al menos tres mil 700 quedaron en la orfandad.

De los 610 menores fallecidos, 427 fueron reclutados como sicarios y han muerto en enfrentamientos entre grupos rivales. De estos 427, no fueron reclamados los cuerpos de 120 menores de edad. Además, los niños fueron contratados por sumas que oscilan entre 5 y 10 mil pesos mensuales al inicio, y en su mayoría fueron cooptados después de haber sido liberados de los consejos tutelares mediante el pago de fianzas.

Consejo Nacional de contabilidad generacional

El diputado Marcos Pérez Esquer (PAN) presentó una iniciativa que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de incorporar la figura de Contabilidad Generacional, a través de la creación de un Consejo Nacional en esa materia.

Dijo que esta nueva entidad asumiría la obligación de generar al menos un informe anual de contabilidad generacional para presentarlo a la Secretaría de Hacienda en julio de cada año; a su vez, dicha dependencia lo valoraría en el marco del diseño del paquete fiscal anual e incorporaría el informe del consejo a los criterios generales de política económica como parte integral de éstos.

“Incluir un estudio de cuentas generacionales en los criterios generales de política económica sensibilizará a los diputados respecto del rumbo que sigue el país en el largo plazo con las políticas públicas actuales y, por tanto, en su caso, los sensibilizaría respecto de la necesidad de hacer cambios oportunos para evitar un futuro que eventualmente se proyecte como no deseado”, añade el documento enviado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Concurrencia de gobiernos en materia de desarrollo social

A la Comisión de Puntos Constitucionales se turnó una iniciativa de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar (PRI) la cual reforma los artículos 26, 73 y 115 de la Constitución Política, a fin de facultar al Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia de los gobiernos federal, de los estados y de los municipios en materia de desarrollo social.

Se busca, dijo, que en la planeación y ejecución de los programas sociales participen directamente los ayuntamientos, con la supervisión y el apoyo de las instancias federal y estatal, a fin de acercar la toma de decisiones a los lugares donde se generan los problemas.

El municipio, agregó, es la instancia gubernativa más cercana a la gente y que se encarga de satisfacer las necesidades básicas para la vida en común, por tal motivo, es la instancia idónea para realizar el diagnóstico de los problemas que los aquejan, y proponer las medidas necesarias para promover el desarrollo de sus propias comunidades.

Ley General de Almacenamiento Financiero y Agropecuario

La Mesa Directiva canalizó a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública una iniciativa que expide la Ley General de Almacenamiento Financiero y Agropecuario, para promover y facilitar el servicio de almacenamiento financiero en todas sus modalidades, a través de las sociedades denominadas Almacenes Generales de Depósito.

El documento suscrito por los diputados del PRI, Francisco Alberto Jiménez Merino, Héctor Eduardo Velasco Monroy y Fermín Montes Cavazos, y que también reforma diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código de Comercio plantea regular las actividades y operaciones que los Almacenes Generales de Depósito realicen con el propósito de lograr una sana y equilibrada operación y un desarrollo adecuado, en apoyo de las cadenas productivas.

La iniciativa de almacenamiento financiero y agropecuario plantea que el gobierno federal propicie la participación de las organizaciones o asociaciones de productores rurales, principalmente de productores de básicos y estratégicos, sea de manera exclusiva o en asociación con otros agentes de la sociedad rural, incluyendo los almacenes del sector privado.

-- ooOoo --