Durante la sesión del día de hoy, el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (PRI) presentó una iniciativa que crea la Ley Federal para el Desarrollo y Protección de las Madres Solas o Solteras, a fin de otorgar una ayuda económica a éstas, por cada hijo que se encuentre estudiando dentro de los planteles de educación básica o sean menores de 5 años.

Resaltó que dicha ayuda sería en no menos del 50 por ciento del salario mínimo mensual vigente en la capital de cada entidad federativa. Asimismo podrían recibir servicio de guarderías y estancias infantiles gratuitas que sean adecuadas y suficientes, entre otras medidas.

Al sustentar su iniciativa ante el Pleno, el legislador manifestó que las madres solas, solteras, separadas, divorciadas o viudas desempeñan largas jornadas de trabajo, además de atender a los hijos en sus necesidades de educación, salud, recreación y en muchos casos tienen a su cargo a sus progenitores o a alguno de ellos, al dejar de ser éstos productivos.

En este sentido, precisó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 6 millones 823 mil 717 hogares donde se encuentra una mujer como única generadora de ingresos.

“El Informe de Desarrollo Humano, señala que en ninguna entidad federativa del país se observa igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, ya que en 2009, de los 41.4 millones de mujeres de 14 y más años, el 62.3 por ciento de ellas realizaron algún trabajo no remunerado”, subrayó.

Puntualizó que el Gobierno debe proporcionarles el derecho a recibir un apoyo económico, prestación de servicios médicos, otorgamiento gratuito de medicamentos, capacitación para el trabajo, acceso a los programas de apoyo a proyectos productivos y de asistencia social, así como a becas educativas para sus hijos. Se canalizó a las comisiones de Desarrollo Social y Atención a Grupos Vulnerables con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Considerar opiniones del Coneval

Con el fin de que sean consideradas en la programación y presupuestación del gasto público de desarrollo social por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, las opiniones que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el diputado Jesús Giles Sánchez (PAN) leyó reformas al artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social.

Subrayó que dicha acción podría establecer compromisos de resultados y medidas que promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto social para introducir un proceso de mejora continua en su diseño, operación y ejecución.

De aprobarse la iniciativa, aseguró, se contribuiría a evitar que se sigan cometiendo errores recurrentes que se constituyen en obstáculos para el éxito de la política social y que, por el contrario, es posible que genere más marginación entre la población de escasos recursos. Fue mandada a la Comisión de Desarrollo Social.

Evitar vacíos legales en las declaraciones de inconstitucionalidad

En tanto, el diputado Nazario Norberto Sánchez (PRD) presentó una iniciativa que busca reformar la Constitución y la Ley de Amparo, con el objeto de que no se originen vacíos legales en las declaraciones de inconstitucionalidad y al mismo tiempo dar lugar a la instauración de un procedimiento legislativo en este tipo de asuntos.

El legislador aclaró que hasta ahora las leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun por jurisprudencia, continúan aplicándose a quienes no tuvieron la oportunidad de interponer en su contra el juicio de amparo, por lo que trae aparejado que la sociedad resienta la ejecución de leyes que son contrarias a la Constitución. Se envió a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Justicia.

Reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Más adelante, se canalizó a la Comisión Hacienda y Crédito Público una iniciativa del diputado Diego Guerrero Rubio (PVEM) que pretende reformar el artículo 40 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Lo anterior, con el objeto de establecer, de manera general, la deducibilidad de impuestos para las personas físicas, por los gastos que realicen para la instalación en sus viviendas de equipos que favorezcan la disminución de gases de efecto invernadero.

Derechos de vía

La diputada Sofía Castro Ríos (PRI), presentó reformas a los artículos 1 de la Ley de Expropiación y 93 de la Ley Agraria, con el objeto de garantizar los derechos agrarios de los núcleos de la población ejidal y comunal.

Se propone considerar los derechos de vía como parte de las propiedades afectadas por la ampliación y el mantenimiento de la red carretera existente y la creación de vías.

Destacó que un problema que se ha tornado recurrente en la región sur-sureste es la falta de aplicación de los presupuestos aprobados para la red carretera nacional, por inconformidades de ejidatarios y comuneros que aducen afectaciones de sus bienes y propiedades reclamando falta de pago establecido en la Ley de Expropiación. Se remitió a las Comisiones de Gobernación y de Reforma Agraria.

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