La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Esthela Damián Peralta (PRD), anunció que dicho órgano legislativo solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que realice una nueva revisión al caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.

Además se acordó entregar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe de la ASF respecto a la Cuenta Pública 2008, en el que se establecen irregularidades en la subrogación de las guarderías y que permiten suponer el fincamiento de responsabilidades penales.

Sobre este tema, y al proseguir con el análisis del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, en materia de política social, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, refirió que el IMSS e ISSSTE contrataron la prestación del servicio con particulares sin tener facultades para ello.

Además, no estipularon en los contratos la obligación de cumplir con las medidas de seguridad exigidas por las normas oficiales mexicanas y con la normativa de protección civil, por lo que lo que no se garantizó la seguridad e integridad de la población.

“Asimismo, no supervisaron adecuadamente a los prestadores del servicio ni dieron seguimiento a las irregularidades determinadas”.

Refirió que en la inspección realizada por la ASF a 60 guarderías se observó que, en contravención de las normas de protección civil, muchas de ellas presentaron una o varias anomalías, entre otras: “cables de alta tensión a menos de 10 metros del acceso principal; se ubicaban a menos de 100 metros de gasolineras o en vialidades primarias”.

Del mismo modo, abundó, el material de los muros era inflamable o el de los techos podría producir gases tóxicos en caso de incendio; los detectores de humo no estaban conectados a un tablero de control; había contactos de corriente eléctrica descubiertos a menos de 1.20 metros de altura; carecían de equipos de iluminación de emergencia y de depósitos de agua para siniestros; incumplían las especificaciones de las salidas de emergencia y las puertas de acceso se encontraban obstruidas.

Por su parte, el titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, Roberto Michel Padilla, añadió que de acuerdo con la ASF, en el IMSS, la Ley del Seguro Social no establece la contratación del servicio de guarderías a particulares, situación que se lleva a cabo porque el Consejo Técnico de éste instituto autorizó al director general a realizarlas.

“No obstante, el director ha delegado tal responsabilidad, en algunos casos, a los representantes legales del instituto, sin tener ambos facultades expresas para pactar convenios o contratos”.

El diputado del PVEM, Pablo Escudero Morales fue quien propuso a la Comisión de Vigilancia enviar los resultados obtenidos por la ASF, a fin de robustecer la investigación. Destacó que la información es de suma importancia para un tema que es muy delicado “porque estamos ante la presencia de posibles delitos”.

En la reunión, diputados del PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia, reprobaron la política social aplicada por el gobierno federal, toda vez que, coincidieron, “gasta mucho, mal y los resultados han sido magros y hasta vergonzosos”, porque no sólo no ha disminuido el número de pobres sino que las cifras se incrementaron en casi seis millones en 2008, antes de que se registrara la crisis económica.

Ante el informe del Auditor Superior, los diputados Marcela Guerra, César Augusto Santiago, Jorge Carlos Ramírez Marín, Sebastián Lerdo de Tejada, Carlos Flores Rico, y Esther Sherman, del PRI; Gastón Luken Garza (PAN); Esthela Damián Peralta, Martín García Avilés y Samuel Herrera (PRD); Pablo Escudero (PVEM); Mario Di Costanzo (PT) y Alejandro Gertz Manero, de Convergencia, Consideraron que dada la importancia, el tema debía ser abordado en tribuna.

En este sentido, la Comisión de Vigilancia acordó solicitar a la Junta de Coordinación Política insertarlo en la discusión de la Agenda Política de la sesión de este jueves.
En su intervención, el titular de la ASF destacó que en materia de política social, la población en condición de pobreza patrimonial pasó de 44.7 a 50.6 millones de personas y la pobreza alimentaria de 14.4 a 19.5 millones.

Dijo que en la revisión de los programas se detectó que en materia de vivienda, en la estrategia 100 por 100, se encontró un subejercicio de 29 millones de pesos y un incumplimiento de metas equivalente al 30.2 por ciento, al no realizarse 13 mil 965 acciones del Programa Piso Firme.

En la revisión de los programas de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más; de Empleo Temporal y de Atención a Jornaleros Agrícolas, se observó que las reglas de operación se remitieron de forma extemporánea para su autorización y que los acuerdos de coordinación para la distribución y ejercicio de recursos que se celebraron con las entidades federativas, fueron publicados en fecha posterior a la establecida.

En materia de Educación, Portal Martínez destacó que mediante la prueba Enlace, se constató que el aprovechamiento de los estudiantes de primaria en las modalidades de: general, indígena y comunitaria, sólo alcanzó el rango de elemental y lo mismo aconteció para los alumnos de las primarias incorporadas al Programa Escuelas de Calidad, quienes se ubicaron en el nivel “elemental” en materias de español y matemáticas; los de secundaria en “elemental” en español e “insuficiente” en matemáticas.

El director de la Unidad de Evaluación y Control dijo a su vez que a pesar de que México es de los países de América Latina que canaliza más recursos al sector (6.3 del PIB) superando a Brasil y Chile que destinan 4.5 y 3.2 respectivamente, e incluso a naciones desarrolladas como Estados Unidos y Alemania, el gran problema es la baja calidad en el ejercicio de ese gasto.

“La UNESCO ha advertido de los riesgos que enfrenta la educación en México y ubicó al país en una lista de naciones con bajo desempeño en este sector junto al Congo, Sudán, Paquistán, San Vicente, Camerún y Kenia”.

Por lo que respecta a Enciclomedia 5º y 6º año de primaria, el titular de la ASF dijo que la SEP reportó como ejercidos mil 300 millones de pesos que no fueron devengados y transfirió mil 73 millones de pesos a conceptos de gasto no relacionados con el mismo.

“También se detectaron instalaciones y salones de clase en condiciones inadecuadas para el funcionamiento del programa, no obstante, para el monitoreo de las aulas Modelo Multianual de Servicio se efectuaron pagos por 147 millones de pesos”.

Además, agregó, la SEP erogó mil 901 millones de pesos por el finiquito y terminación anticipada del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, de los cuales, mil 237 millones no fueron debidamente comprobados. “Entre 2006 y 2008 se ejercieron 3 mil 26 millones de pesos tanto para la instrumentación como para el finiquito de este programa, sin haber obtenido beneficio alguno para la población.

En cuanto a Salud, el auditor señaló que se detectaron diversas irregularidades, entre otras, en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, misma que no dispuso de capacidad de intercambio de datos, de módulos de análisis estadístico automatizado, ni de mecanismos de alerta temprana.

“La vigilancia se realizó con recursos informáticos obsoletos y limitaciones en la generación y posicionamiento de información sobre la presencia de padecimientos transmisibles en el territorio nacional”.

Mencionó que en tanto, en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se detectó que no existe un mecanismo de control que permita conocer el estado de trámite de las solicitudes de registro sanitario de medicamentos; tampoco el Manual General de Procedimientos establece plazos para cumplir con las etapas de revisión, lo que provocó que el 90 por ciento de los 256 registros expedidos en 2008 fueran otorgados con retrasos de hasta 421 días respecto a lo dispuesto en el Reglamento de Insumos para la Salud.

En los programas Enfermedades Prevenibles por Vacunación y Seguro Médico para una Nueva Generación, prosiguió, no se demostró la aplicación de vacunas adquiridas a un costo de 603 y 687 millones de pesos respectivamente. “Destaca también un subejercicio de 944 millones de pesos transferidos al Ramo General 23 y erogaciones por dos millones de pesos en servicios personales, presumiblemente no vinculadas con el programa de seguro médico.

Por otra parte, dijo Portal Martínez, se distribuyeron para su aplicación 3.5 millones de dosis de la vacuna neumo-7 al amparo del Programa de Liberación Simplificada de Productos Biológicos, el cual no está fundamentado en la legislación.

“También se alteró el esquema nacional de vacunación, al aplicar únicamente dos dosis de la vacuna en lugar de tres, que es el estándar de la Organización Mundial de la Salud y sólo se adquirieron 2.5 de las 7.2 millones de dosis requeridas para atender a la población infantil del país”.

Respecto a Seguridad Social, dijo el auditor superior, la ASF evidenció que 35.6 de los 49 millones de derechohabientes reportados en la memoria estadística del IMSS y en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía del INEGI, estaban identificados nominalmente en las unidades de medicina familiar, en tanto que los restantes 13.4 millones fueron estimados por el instituto.

Además, se observó en el IMSS una carencia de 13 mil 800 enfermeras y 21 mil consultorios y el Seguro de Salud registró un déficit de operación de 34 mil 100 millones de pesos el cual fue financiado con las reservas de los seguros de Invalidez y Vida sin Riesgos de Trabajo, en contravención de la ley.

De continuar con esta tendencia, advirtió Portal Martínez, en 2012 el déficit ascenderá a 55 mil millones de pesos, poniendo en riesgo la prestación de los servicios de salud.

Añadió que el Programa Primer Empleo no cumplió con su objetivo, ya que sólo fueron registrados 46 mil 132 trabajadores, que representan el 0.4 por ciento de los 12.7 millones de afiliados al IMSS. Asimismo, los gastos de operación del programa superaron en 25 por ciento al pago del subsidio a los patrones.

“Tampoco aplicó 4.5 millones de pesos de penas convencionales a proveedores por el incumplimiento en la entrega de medicamentos y en el Fideicomiso de Beneficios Sociales se detectó la falta de conciliación de 22 cuentas bancarias y de otras partidas por 51 millones de pesos”.

Por lo que respecta al ISSSTE, dijo, el sistema de Afiliación, Vigencia de Derechos y Cobranza, sólo tenía registrados a 8.9 de los 11.3 millones de derechohabientes reportados en el Anuario Estadístico y los restantes 2.4 millones tan sólo fueron estimados.

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