Con el objetivo de tipificar como delito grave la venta o distribución de bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas, el diputado Marco Antonio García Ayala (PRI) planteó reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Señaló que la industria de vinos y licores estima que la mitad del alcohol que se consume en el país es adulterado, el cual contiene sustancias altamente tóxicas e incluso letales para la vida humana, como el metanol que tiene efectos tan sólo a los 30 minutos de haberse consumido.

Afirmó que el metanol y etilenglicol, principales sustancias utilizadas en la adulteración de bebidas alcohólicas, producen alteraciones en la función del organismo tales como intoxicación, náuseas, convulsiones, pérdida de la vista y hasta la muerte.

García Ayala comentó que según datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de Salud, entre los jóvenes el consumo de alcohol, mucho del cual seguramente es adulterado, es la primera causa de muerte vinculada con los accidentes automovilísticos, riñas callejeras y el suicidio, esto último debido a que muchos de ellos, al llegar a la intoxicación, entran en un agudo estado depresivo.

Por lo que propuso reformar el artículo 464 de la Ley General de Salud, para agregar un segundo párrafo, que tipifique como delitos la venta o distribución de bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas.

El artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de agregar una nueva fracción, que integre como delitos graves los previstos en el artículo 464 de la Ley General de Salud. Reformar los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que los delitos de adulteración y falsificación queden comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. Se envió a las Comisiones de Salud y de Justicia.

Incentivos fiscales por proyectos de investigación

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se turnó la iniciativa del diputado Gerardo del Mazo Morales (NA) que adiciona un artículo 218 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de otorgar incentivos fiscales que permitan que los agentes económicos y las universidades desarrollen la ciencia y la tecnología.

Explicó que se plantea otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes del ISR por los proyectos en investigación y desarrollo tecnológico que realicen en el ejercicio, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 35 por ciento de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en investigación o desarrollo de tecnología, contra el ISR causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito.

Agregó que cuando dicho crédito sea mayor al ISR causado en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrían aplicar la diferencia que resulte contra el impuesto causado en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.

Sustituir lámparas incandescentes

Las diputadas Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (PAN) y Ninfa Salinas Sada (PVEM) presentaron una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

El documento señala que se pretende inhibir el uso y la comercialización de lámparas incandescentes en territorio nacional. Se propone establecer estrategias y programas para sustituir las incandescentes por lámparas y equipos de iluminación de tecnología energéticamente más eficiente.

Reformar el artículo 28, fracción I, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de señalar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en colaboración con la Secretaría de Energía, establecerá lineamientos y estrategias por observar en los planes de manejo de los residuos de las lámparas fluorescentes y el vapor de mercurio.

La iniciativa también plantea modificar la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía para establecer que el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía incluiría una estrategia dirigida a prohibir la importación, producción y comercialización de lámparas incandescentes y de alógeno y sustituirlas por lámparas con tecnologías energéticamente más eficientes. Se remitió a las Comisiones de Energía y Medio Ambiente.

Garantías a organizaciones ganaderas

La Comisión de Agricultura y Ganadería analizará la propuesta del diputado Julián Nazar Morales (PRI) que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a fin de otorgar mayores garantías para una participación equitativa y democrática de estas organizaciones.

La iniciativa plantea modificar tres aspectos sustantivos: la apertura de la organización nacional; el refuerzo del Registro Nacional Agropecuario y la articulación con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Dijo que las asociaciones y uniones regionales o estatales existentes, ante la crisis alimentaria, económica y financiera demandan mayor libertad de decisión y acceso a los nuevos instrumentos que otras leyes del sector han generado, así como mayor certeza jurídica a sus organizaciones.

Que el Estado dé mejor atención a migrantes

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (PT) propuso reformar un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley General de Población para implantar acciones que garanticen una mejor atención por parte del Estado a los migrantes.

Explicó que se busca que la Secretaría de Gobernación tenga la obligación de capacitar a todo agente fronterizo, empleado e integrante de jefaturas, administraciones, pasos fronterizos, aduanas, puentes y garitas a cargo de la propia secretaría, salvaguardando la integridad física y moral, además de su seguridad de los migrantes.

Puntualizó que dicha secretaría se coordinaría para estos efectos con la Secretaría de Seguridad Pública federal para garantizar que el personal policial y de supervisión cuente con los conocimientos necesarios para la atención y auxilio de migrantes, además de trabajar en conjunto con el Instituto de Migración para enriquecer y fortalecer las acciones en beneficio a dichas personas. Se mandó a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

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