Durante la Agenda Política, que trató el tema sobre la militarización del país e instalación de retenes militares en diferentes partes de la República, se guardó un minuto de silencio en memoria de los dos niños muertos por militares en un retén, en Nuevo Guerrero, Tamaulipas.

Al iniciar el tema, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) se manifestó en contra del asesinato de civiles y personas por militares. “Me rehuso a que se sigan permitiendo las revisiones abusivas por parte de autoridades policiacas y militares”.

Señaló que la problemática de la militarización del país no contribuye a la lucha contra el narcotráfico y el combate a la delincuencia organizada y que “sí está generando una sangría permanente en diferentes partes del territorio nacional.

“Lo que la gente está pidiendo en este país es justicia, que acabe la impunidad, las desapariciones forzadas, los asesinatos impunes, la violencia y la violación sistemática de derechos y garantías constitucionales”.

Enseguida, la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD) mencionó que la sustitución de autoridades civiles por militares no es el camino para fortalecer y generar organismos policiales capaces, profesionales, eficientes y respetuosos de la ley y los derechos, “me preocupa que se planea una presencia prolongada transexenal de las fuerzas armadas en las calles”.

Dijo que la victimización que la inseguridad derivada de las operaciones del crimen organizado en la población deben combatirse, por lo que no es admisible que la política para combatir el crimen organizado, se base en estrategias centradas en el uso de la violencia.

“Es irrebatible que un Estado de Derecho no puede permitir que las garantías y libertades fundamentales de las personas sean afectados y en su lugar se yerga la ley del crimen”.

Posteriormente, el diputado Gregorio Hurtado Leija (PAN) expresó que la delincuencia organizada ensaya estrategias para desacreditar a las autoridades, a los elementos del Ejército, de la Marina y la policía de los estados y municipios, “es una estrategia que está siguiendo la delincuencia”.

Señaló que el apego estricto a la ley y a los procedimientos policiacos y de seguridad resultan fundamentales para el Estado de Derecho ya que con ellos se da certeza de la ley, los procedimientos y desde luego salvaguardándose en todo momento los derechos humanos y la seguridad.

“No es posible que sigamos viendo como un problema la presencia de las fuerzas del orden en los diversos estados de la República, la violencia proviene de los grupos de la delincuencia”.

En su turno, el diputado Felipe Solís Acero (PRI) exigió que se haga una revisión detallada y una investigación “hasta sus últimas consecuencias” de la muerte de los niños en el municipio de Guerrero, Tamaulipas.

Solís Acero anunció que solicitará a la Junta de Coordinación Política un exhorto a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional para que se entregue a la Cámara de Diputados información sobre estos hechos.

Sin embargo, reconoció que es necesaria la actuación de las Fuerzas Armadas hasta en tanto este problema y la capacidad de acción de los cuerpos policiacos garanticen el restablecimiento del orden, la seguridad y el Estado de Derecho.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) afirmó que el Ejército no debe desarrollar tareas que no le corresponden constitucionalmente, ya que, dijo, el artículo 21 de la Constitución señala que la seguridad pública es una función de carácter civil.

En este sentido, manifestó que, sin declaración alguna, en México existe un Estado de sitio que, “nosotros como legisladores permitimos”.

En tanto, el diputado Filemón Navarro Aguilar (PRD) afirmó que se han presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos 3 mil 595 quejas contra acciones del Ejército, “no sólo es una muestra del desgaste al que ha sido expuesta esta institución sino una prueba de la estrategia de seguridad de la actual administración”.

Dijo que la guerra contra el narcotráfico no sólo ha fracasado en su intento de derrotar al crimen organizado, sino que ha socavado la moral del Ejército y ha minado su prestigio ante la ciudadanía, “en los últimos años no sólo ha dejado de ser la institución más respetada del Estado, sino que se ha convertido en una de las más presionadas”.

Sobre el tema, el diputado Óscar González Yáñez (PT) señaló que los retenes se deben ubicar dentro de las instituciones para que retengan la corrupción institucional que se presenta en ellas y planteó que la presencia del Ejército en las calles es un error.

“La presencia cotidiana del Ejército en las calles lleva a una acción de cotidianidad, lo que propicia que se corrompan”, subrayó.

Por su parte, el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT) manifestó que su grupo parlamentario se opone “al papel ilegal e ineficaz que se le está concediendo al Ejército en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico”.

Ante ello, informó que en los próximos días presentarán una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Militar para modificar su artículo 56, a efecto de que el Ejército tenga que responder ante los tribunales del orden común de todos los actos donde estén involucrados civiles.

Se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo martes 13 de abril, a las 11:00 horas.

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