A fin de dotar de mejores instrumentos que ayuden a erradicar la desigualdad, pobreza, marginación y exclusión, la Comisión de Desarrollo Social, que preside el diputado José Francisco Yunes Zorrilla (PRI), aprobó la minuta que reforma diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.

Los integrantes de este órgano legislativo se pronunciaron a favor de fortalecer el proceso de institucionalización de la política nacional orientada a este rubro; asimismo, enfatizaron su apoyo por perfeccionar la actual legislación para lograr mayor efectividad al enfrentar los grandes retos del país en materia de desigualdad.

Las reformas pretenden suscribir como un derecho de los beneficiarios el recibir prestaciones, bienes y servicios que se otorgan a través de los programas sociales orientados a combatir la pobreza, conforme a las reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa debidamente fundamentada.

Establece que en los casos que se hagan transferencias de dinero se emplearán mecanismos que promuevan el uso del sistema bancario nacional o se emplee a instituciones con presencia nacional o regional autorizados e independientes de los programas de desarrollo social; dichos servicios no deberán implicar costos para los beneficiarios.

Agrega que esa medida servirá para mejorar el control de los recursos y evitará que a través de intermediarios exista una posibilidad de condicionamiento de cualquier índole. Asimismo, dispone que el uso del sistema bancario no implique un costo para los beneficiarios dada su situación de pobreza y marginación.

Otro de los objetivos de las reformas, se explica en el dictamen, es prevenir duplicidades y contar con mayores recursos para ampliar la cobertura de los programas sociales mediante la obligación de reportar si reciben alguna transferencia o apoyo público.

También busca promover una mayor correspondencia de las políticas públicas de combate a la pobreza con el programa Nacional de Desarrollo Social, a través de una estrategia integral que de como resultado la disminución de la discrecionalidad y mayor transparencia al cumplimiento de acciones y asignación de recursos.

Plantea la determinación de prioridades con base en los datos de un órgano especializado como es el Coneval, evitando la utilización de criterios políticos, partidistas o electorales.

Abunda que a fin de fortalecer aún más la transparencia en el uso de los recursos, las modificaciones van orientadas a que de manera obligatoria los gobiernos estatales publiquen la distribución del dinero en sus municipios.

-- ooOoo --