La presidenta de la Comisión del Distrito Federal, Gabriela Cuevas Barron presentó la iniciativa de reforma política para el Distrito Federal: Una Ciudad para los ciudadanos, a fin de garantizar a los habitantes sus derechos y libertades.
La diputada explicó que la iniciativa tiene como objetivos establecer los principios y valores que orientarían la actuación de las autoridades, el contenido de las leyes y la interpretación judicial; asegurar el ejercicio eficiente de los derechos y libertades de la persona; garantizar la rendición de cuentas eficiente de los servidores públicos.

Además, incluir esquemas de gobernabilidad democrática en el marco de un sistema de partidos competitivo y ajena a la coincidencia o divergencia de postulados políticos de quienes ocupen los Poderes Federales que residan en el territorio del Distrito Federal y los Poderes Locales y órganos constitucionales autónomos locales.

Enfatizó que la iniciativa consiste, en reconocer el derecho de los ciudadanos del Distrito Federal a presentar iniciativas de ley ante la Asamblea Legislativa, en temas que recaigan en la competencia de ésta. “Con esto se busca empatar los temas de interés de los diputados con los temas de interés de los ciudadanos. Así, el estudio de este tipo de iniciativas sería preferente en el proceso legislativo”.

“Mediante el referéndum los ciudadanos podrían expresar su voluntad sobre reformas al Estatuto de Gobierno. Sin el resultado favorable por mayoría la reforma de que se trate no podrá publicarse ni entrar en vigor. Mientras que con el plebiscito podrían opinar sobre programas, políticas y obras públicas que afecten su calidad de vida, siendo sus resultados de carácter orientador para la autoridad”, dijo.

La iniciativa que plantea reformar los artículos 21, 71, 89 fracción XIV, 105, 108, 109, 110, 111, 122 y 124 de la Constitución Política, propone la consulta pública, la cual sería obligatoria para las autoridades y sus resultados serían vinculatorios en tratándose de modificaciones al uso del suelo, en cualquiera de los distintos formatos legales aplicables.

También señala que los nombramientos de los titulares de los órganos constitucionales autónomos y tribunales sean aprobados por mayoría calificada de dos tercios de los diputados locales, previo dictamen de las comisiones competentes que conduzcan el proceso de análisis de candidaturas de manera pública y transparente, con lo que se disminuirá el riesgo de negociaciones políticas indebidas y la influencia de los poderes fácticos.

Se instituiría un Tribunal de Cuentas del Distrito Federal como órgano constitucional autónomo local y supremo fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de los órganos del Distrito Federal, así como del sector público.

Refiere que la función de Ministerio Público se asignaría a una Fiscalía General del Distrito Federal que tendría personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica y financiera y cuyo titular sería nombrado por dos tercios de los diputados locales, de entre la terna que someta a su consideración el Ejecutivo Local, y podrá ser removido por la misma mayoría calificada de oficio o a solicitud del propio Ejecutivo Local o del ombudsman local.

La iniciativa plantea remover al Ejecutivo Local del DF por obstaculizar constantemente, por acción u omisión, el correcto funcionamiento de los Poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos de la Federación; por negar, retardar, obstaculizar o condicionar el auxilio de la fuerza pública a los Poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos de la Federación.

Además, de facultar a los diputados locales a aprobar el endeudamiento público del Gobierno local y las entidades de su sector público, y revisar el ejercicio de los recursos provenientes del mismo.

Se busca que el Alcalde sustituya al Jefe Delegacional y la Alcaldía sustituya a la Delegación Política, Órgano Político-Administrativo y/o Delegación. Esto no sólo significa un cambio de nomenclatura, sino una verdadera transformación de las funciones y alcances que tienen estos órganos de gobierno y el grado de autonomía y de coordinación que habrán de guardar con el Ejecutivo Local, así como la cercanía que tales instancias de gobierno tendrán con los ciudadanos y sus habitantes, se precisa.

Asimismo, se propone incluir la figura de candidatura independiente para acceder a cualquier cargo de elección popular del ámbito local del Distrito Federal, siempre y cuando se acredite estar respaldado por cuando menos el uno por ciento ( uno por ciento) de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral del ámbito territorial correspondiente.

Busca que la designación del ombudsman local sea a través de un procedimiento legislativo agravado, previa propuesta de ternas que al efecto formulen el Ejecutivo Local y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia; y su remoción sólo procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 109 constitucional.

“Se eleva a rango constitucional la obligación del legislador secundario de asignar atribuciones al ombudsman que le permitan hacer cesar violaciones a los derechos humanos; y ante una omisión legislativa o ante la asignación de atribuciones ineficientes, se contempla la posibilidad de que el propio ombudsman actúe de oficio con facultades excepcionales con la obligación de responder ante los diputados locales del ejercicio que realice de las mismas”.

El documento está suscrito también por los diputados Rafael Pacchiano Alamán (PVEM) y María del Pilar Torre Canales (NA).

El diputado Rafael Pacchiano Alamán (PVEM) comentó que en la iniciativa los cambios al uso de suelo quedan sujetos al resultado que se obtenga en la consulta popular, es decir, de la convalidación que decidan los habitantes del territorio.

Subrayó que el resultado del plebiscito permitiría conocer al gobierno el sentir ciudadano sin que sus resultados sean vinculatorios, “pues como complejidad de una urbe situada en un contexto metropolitano no dejamos de reconocer que es necesaria la actuación expedita del gobierno”.

En tanto, la diputada María del Pilar Torre Canales (NA) enfatizó que es interés de todos lograr una ciudad mejor, hacer que los desencuentros sean menos, y las coincidencias más.

“Ello, en la medida que la ciudadanía se involucre, que las actores políticos locales y nacionales participen y que los órganos competentes constitucionalmente deliberen y logren una reforma encaminada a favorecer a los ciudadanos, en establecer un sistema de rendición de cuentas más eficiente”, agregó.

Estuvieron presentes académicos de la UNAM, el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC), del Instituto Mexicano para la Competitividad; así como representantes de Organizaciones No Gubernamentales.

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