Con el propósito de lograr la renovación del Servicio de Administración Tributaria otorgándole autonomía de gestión y presupuestaria, eliminando así facultades discrecionales, el diputado Silvio Lagos Galindo (PRI) propuso reformar el artículo 31 de la Constitución.

En tribuna, el diputado explicó que el sistema tributario requiere de cambios profundos en su origen y estructura, orientado a la construcción sobre un eje independiente a otras instituciones de la administración pública del Estado, a fin de asegurar su operación objetiva e imparcial.

Es trascendental que el SAT deje de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otorgarle autonomía técnica y jurídica, con el fin de procurar un mejor desempeño de sus funciones, expresó.

Afirmó que el Estado tiene la obligación de garantizar el mejoramiento y fortalecimiento del sistema tributario, mediante nueva organización, y en un marco de legalidad que convierta al SAT en un organismo público descentralizado, sin orientación política e imparcial ante la aplicación de la normativa fiscal y de comercio exterior.

Lagos Galindo abundó que la conducción del SAT estaría a cargo de un director el cual durará en su encargo un periodo de ocho años, con la posibilidad de continuar por un periodo igual.

“Este sería nombrado a partir de una terna propuesta por la Cámara de Diputados, con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros de ésta o, en caso de encontrarse en receso, de la Comisión Permanente”. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Que el Estado indemnice cuando haya algún error judicial

Durante la sesión de hoy, el diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (PRI) presentó dos iniciativas; la primera, que adiciona tres artículos al Capítulo VI del Título Décimo Tercero del Código Federal de Procedimientos Penales para que cualquier persona que haya sido afectada por algún error judicial sea indemnizada por el Estado debido al daño y perjuicio patrimonial y moral que haya sufrido.

El legislador refirió que esta iniciativa pretende ampliar el ámbito de libertad y de derechos de los ciudadanos, contenidos en la Constitución.

Dijo que no se trata sólo de establecer o proclamar los derechos fundamentales, es necesario respetarlos y hacer lo conducente en el ámbito legislativo, judicial y Ejecutivo para que se materialicen y sean eficaces.

Otro requisito esencial para que se haga efectiva la posibilidad de la indemnización por error judicial, es prever en el presupuesto las partidas necesarias para hacer frente a la responsabilidad patrimonial que recaerá al Estado. Se canalizó a la Comisión de Justicia.

Dar carácter laico al estatuto del DF

La segunda iniciativa busca la incorporación del carácter laico al Distrito Federal, como entidad federativa. “Buscamos la incorporación expresa del carácter laico en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para que no quede duda de su existencia como principio y su exigencia como norma de comportamiento de quienes integran la sociedad de la capital, sean particulares, personas físicas o morales, órganos legislativos y judiciales o cualquier otra entidad pública”.

El diputado Gutiérrez de la Torre recalcó que el laicismo es y será garantía de un actuar imparcial de las autoridades del Estado y, de la entidad federativa; es la garantía del trato igual, que involucra la no discriminación.

“Es la posibilidad de ejercer derechos fundamentales en plena libertad, sin ser sujetos activos o pasivos de imposiciones, sea que provengan del Estado mismo, de grupos organizados o personas físicas; en suma, es la posibilidad de concretar la vigencia de la tolerancia y del pluralismo democrático”. Se envió a la Comisión del Distrito Federal.

Prohibir requisitos específicos en licitaciones públicas

A la Comisión de la Función Pública se turnó la iniciativa que adiciona un artículo 29 Bis en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para precisar que las dependencias o entidades en un proceso de licitación tienen prohibido el establecimiento de requisitos o características técnicas que induzcan a la preferencia o exclusividad de alguna tecnología en particular, o bien de productos o servicios de algún fabricante, distribuidor o prestador en específico.

Las modificaciones, impulsadas por el diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla (PRI), destacan que en toda licitación pública se deben observar las condiciones necesarias a fin de garantizar la contratación en las mejores condiciones para el Estado, mediante una competencia efectiva entre los participantes, en términos de una equidad que permita aplicar los recursos públicos de la mejor manera posible.

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