Con el objetivo de perfeccionar y hacer eficiente el trabajo legislativo, la diputada Josefina Vázquez Mota, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, propuso expedir la Ley del Congreso General, así como el Reglamento para el Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.

La iniciativa plantea abrogar la Ley Orgánica del Congreso General, y el Reglamento para Congreso General. En cuanto a la normatividad referente a la Cámara de Senadores, se deja en los mismos términos de la Ley vigente, en el entendido de que deberá ser el propio Senado de la República el que dicte las reformas que mejor convengan a su óptimo desempeño.

“La obsolescencia de la normatividad vigente para el gobierno interno del Congreso y particularmente de la Cámara de Diputados, urge a consolidar este esfuerzo que por diversas razones ha quedado trunco en los últimos años”, enfatizó.

Añadió que es necesario retomar los logros obtenidos, complementarlos y sobre todo trabajar porque se vean cristalizados en un nuevo marco jurídico del Congreso de la Unión.

“Las disposiciones contenidas en ambos ordenamientos, no responden a la realidad parlamentaria, donde existe una gran pluralidad y una inminente necesidad de ordenar y delimitar las funciones, actividades y facultades de las diversas instituciones que componen el Congreso, así como el imperativo de agilizar los procesos, determinando plazos para las diversas fases que generan los resultados parlamentarios”.

El documento señala que entre los temas de mayor impacto contenidos en la propuesta están los derechos, obligaciones y sanciones a los diputados, donde se propone generar reglas estrictas, que prevean que la voluntad de un Diputado jamás esté por encima de la Ley. “Se respete su investidura, los trabajos parlamentarios, a sus homólogos y particularmente al recinto legislativo”.

Establece un catálogo de obligaciones y derechos que deben incidir en la dignificación de la labor legislativa, ante los ojos de la sociedad. También se plantea sancionar, en estricto apego al marco jurídico, las llamadas tomas de tribuna.

Se busca optimizar la labor de las Comisiones Legislativas para que el trabajo realizado a su interior, tenga mayor agilidad en el desarrollo de las sesiones en el Pleno, haciendo efectiva la eficacia parlamentarias en consideración de un mayor número de reformas, mejor estudiadas, altamente consensuadas y que se conviertan en el aval del desempeño legislativo a la altura de los requerimientos de México.

La iniciativa indica que es necesario regularizar la situación de los grupos parlamentarios mediante actos legislativos que los dote de personalidad jurídica y con esto, aparte de solucionar los problemas señalados, dar transparencia al manejo de recursos que se les otorgan.

Se incorpora un aspecto toral para la rendición de cuentas, que es la regulación del cabildeo, que debe estar acotado, para evitar excesos para que de ninguna forma los intereses de particulares se sobrepongan al interés general, en cualquier tema, en cualquier momento. Se trata de transparentar la labor que realiza de forma válida cualquier empresa, asociación o mexicano que tenga interés en los procesos legislativos y en la forma en que los legisladores atienden sus peticiones.

También se regulan todos aquellos documentos que se conocen en comisiones y particularmente en el Pleno, estipulando su naturaleza, sus alcances, los procesos y plazos a los que deben sujetarse y la participación que tendrán los diferentes órganos de la Cámara en su desahogo.

Propone plazos para la dictaminación de las iniciativas. De esta forma, se pretende evitar el rezago legislativo que tanto daño ha generado al Congreso.

Se introduce la normatividad correspondiente al informe del gobierno que rinde el Ejecutivo Federal, adecuándose a las recientes reformas constitucionales hechas en la materia y apoyado tanto en el dictamen que emitió el Senado de la República, como en los diversos acuerdos parlamentarios que para el efecto emitieron las Cámaras en los informes posteriores a las reformas citadas.

En el tema de la transparencia en los procesos de toma de decisiones de los órganos de la Cámara, se propone que las sesiones de la Junta de Coordinación Política, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, así como de la Conferencia para los Trabajos Legislativos sean públicas, y sólo por excepción, reservadas, de conformidad con la ley de la materia.

En cuanto al Reglamento para el Gobierno Interno de la Cámara de Diputados, contiene cinco Títulos; el objetivo es dotar de reglas más precisas y particulares a las funciones que tienen la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Se regula de forma integral la parte procesal de las sesiones del Pleno de la Cámara, en sus modalidades de ordinarias, extraordinarias y permanentes; se establecen disposiciones sobre los asuntos secretos, el registro de asistencia y las inasistencias y su justificación.

Asimismo, en las comisiones, se precisan las disposiciones particulares que buscan esclarecer los procesos internos, como son las convocatorias y las tareas ordinarias. Se plantea el quórum, se especifica la forma en que se deberán conducir los debates y el tipo de votaciones que se llevarán a cabo al interior de las Comisiones, respondiendo a las necesidades de pluralidad y transparencia en el desahogo de sus asuntos.

También se regula la coordinación en la programación de las sesiones, las inasistencias y justificaciones en Comisión y la forma en que recaerán los turnos de los asuntos de su competencia. En cuanto a las comparecencias de funcionarios ante el Pleno de la Comisión se dan lineamientos para su mejor desahogo.

El último título, trata del Recinto, el Salón de Sesiones y las galerías. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Mantenimiento de playas

El diputado Carlos Manuel Joaquín González (PRI) presentó una iniciativa que reforma los párrafos cuarto y octavo del artículo 232-D la Ley Federal de Derechos, a fin de asegurar que con los ingresos que genera la zona federal marítimo-terrestre, se genere el financiamiento para la planeación y la ejecución de las obras de rehabilitación y mantenimiento de las playas.

Explicó que se propone reformar el párrafo segundo del artículo 232-C para suprimir la zona XI y regresar al esquema tarifario de 10 zonas, sin modificar los valores que se han venido actualizando anualmente.

Se adiciona un párrafo quinto para establecer que cuando en la línea de costa se presenten fenómenos de erosión y las aguas marinas inunden las playas marítimas o la zona federal marítimo terrestre, los valores considerados para cada una de las zonas se incrementará 10 por ciento, pero exclusivamente respecto a los municipios donde se presenten las superficies erosionadas previstas en la declaratoria emitida por la Comisión Federal de Electricidad.

Además, se modifica el último párrafo del citado articulo 232-C para que cuando existan municipios afectados por la erosión costera, cuando menos 25 por ciento de los ingresos totales recaudados por el derecho que corresponda cubrir en términos de este precepto en dichos municipios afectados, deberá destinarse a la Comisión Federal de Electricidad para que constituya un fondo específico que financie la planeación y ejecución de las obras de recuperación, conservación y mantenimiento de las playas situadas en los municipios afectados. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Programa Especial del Cambio Climático

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales analizará la iniciativa de la diputada Ninfa Clara Salinas Sada (PVEM) que reforma diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de establecer que para la atención y prevención de los efectos del cambio climático sea la Semarnat quien diseñe el Programa Especial de Cambio Climático.

También que la Secretaría presida de manera permanente la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático con el objeto de coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la adaptación y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático, y, en general, para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción.

Además, que la secretaría establezca un sistema mediante el cual se evalúe el costo económico y ambiental de los efectos del cambio climático y deberá establecer una estrategia presupuestal que permita llevar a cabo la restitución del daño provocado por éste.

Para tales efectos, se plantea que el Ejecutivo Federal deberá incluir, en forma anual, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, una partida especial para la atención y mitigación de los efectos del cambio climático y en particular para implantar los programas diseñados por la Comisión Intersecretarial para la Atención del Cambio Climático.

-- ooOoo --