El Pleno camaral conoció de primera lectura el dictamen de las comisiones unidas de Economía y de Justicia que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, referente a las medidas de apremio, juicios orales, designación de árbitros y agilidad en el reconocimiento y ejecución de laudos.

Con las modificaciones se pretende establecer el recurso de los juicios de substanciación oral, a efecto de lograr el perfeccionamiento de la regulación mercantil, con lo que se adecua la legislación a través de juicios más justos y rápidos, que brindan seguridad y certeza.

Este recurso únicamente será empleado para las contiendas cuya suerte principal sea inferior a los 220 mil 533 pesos, sin que sean de tomarse en consideración intereses y otros accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda.

Se detalla que la propuesta prevé la incorporación de un sistema de impartición de justicia cuya base sea la preeminencia de la oralización de los juicios en materia mercantil, particularmente para los procedimientos ordinarios, toda vez que éstos son el mayor número de los existentes en los tribunales.

Abunda que la adecuación es necesaria debido a que el actual sistema jurídico es ya anacrónico, por lo que se requiere una reducción de tiempo, mediante la simplificación de formalismos, requisitos y trámites inocuos, atendiendo a una mejora regulatoria en beneficio del procedimiento judicial.

Recalca que este procedimiento implica el establecimiento de la garantía de acceso a la justicia en igualdad de condiciones a personas con capacidades diferentes y a grupos vulnerables, mediante la designación de intérpretes para quienes no pueden hablar, oír, sean invidentes o no hablen español.

Exhibir montos totales por compra de productos

El Pleno conoció un dictamen, de la Comisión de Economía, referente a la minuta que adiciona un segundo párrafo al artículo 7 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el propósito de establecer la obligación a los proveedores de exhibir de forma notoria el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor.

En dicho monto se deberán incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito.

Con esta modificación se preserva el objetivo principal de la Ley Federal del Consumidor, que es proteger los intereses de la población respecto del costo verdadero que cubre al adquirir cualquier producto, sin dejar espacio para que los proveedores realicen cargos adicionales o escondidos.

Incorporar la definición de cambio climático

En la sesión de hoy, el Pleno conoció un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que adiciona la fracción XVII al artículo tercero de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de incorporar las definiciones de cambio climático, emisiones y gases de efecto invernadero.

En el documento se destaca que el hecho de no contar con una ley reglamentaria en la materia genera falta de certeza jurídica en relación con los conceptos relacionados con este fenómeno, lo que podría dar cabida a una inexacta aplicación de las políticas públicas adoptadas en concordancia con los compromisos multilaterales asumidos por nuestro país.

Subraya que se debe reconocer que los efectos del cambio climático en nuestro país son visibles. Diversos estudios señalan que las modificaciones en el uso del suelo, la deforestación y los incendios acentuarán los efectos del cambio climático, particularmente en aquellas áreas de clima templado.

Por lo que toca a la sequía y su severidad, un tercio del país ya presenta erosión hídrica crónica, la cual es más acentuada en la región norte y en las zonas densamente pobladas.

Permisos constitucionales

Asimismo, se conoció un dictamen de la Comisión de Gobernación por el que solicita permiso constitucional para que los ciudadanos Guillermina Villegas Sánchez, Itzel Anaí Salas Benítez, Martín Aguilar Vargas, Humberto Montoya Guerrero, José Nemorio Gutiérrez Vásquez, Daniel Martínez Castillo, Jorge Isaac Pazos González, Julio César Rivera Ruiz, Saúl Melesio Flores, María Gabriela Ramírez Oseguera y José Alejandro Torres Palma puedan prestar servicios de carácter administrativo a gobiernos extranjeros.

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