Con 352 votos a favor, cero en contra y 4 abstenciones se aprobaron reformas a diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, con el objeto de dar trasparencia y certidumbre en los requerimientos para el otorgamiento de patentes.

Se busca fortalecer e introducir el procedimiento de oposición para evitar abusos en la autorización de las patentes, así como generar la libre competencia, dando acceso a la producción o proceso de éstas cuando los fines son de enseñanza o investigación y fortalecer las sanciones contra abusos de patente.

El dictamen de la Comisión de Economía pretende que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publique en el ejemplar de su gaceta del mes inmediato, todas las resoluciones emitidas en los procedimientos de declaración administrativa que prevé el presente ordenamiento, así como las que desahoguen peticiones que tengan por objetivo modificar las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos.

Se incorpora el principio de utilidad práctica para las invenciones con posibilidad de aplicación industrial, así como precisar que cuando se pretendieren derechos adicionales de las reivindicaciones, éstas se sujetarán al examen de novedad.

Del mismo modo, se explicita el procedimiento que habrá de seguirse posterior a la publicación en la gaceta de la solicitud de patente en trámite, así como establecer que la vigencia y fecha de vencimiento del título expedido para cada patente estará sujeta al pago de las tarifas para mantener vigentes los derechos, en los términos señalados.

Con las reformas, cualquier persona podrá manifestar por escrito al instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio y definir el procedimiento para la aplicación de fianzas.

El presidente de la Comisión, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI) expresó que la propuesta trata de equilibrar el justo medio de lo que es la propiedad industrial, la garantía de patentes y, al mismo tiempo, evitar su abuso para poder permitir la socialización de la innovación.

La protección de los derechos de propiedad intelectual y en particular, las patentes buscan estimular las investigaciones presentes y la innovación futura al permitir que los individuos se beneficien de sus creaciones, trabajos o producto de su intelecto, talento o habilidades al otorgarles el monopolio temporal de dichas creaciones.

Situación, agregó que impide que otras personas fabriquen, usen u ofrezcan para la venta un producto protegido, “pero una vez vencida la patente este conocimiento pasará a ser del dominio público y podrá ser utilizado por cualquier persona con el fin de ampliar el beneficio de esto para la sociedad”.

Dijo que la normatividad administrativa en materia de propiedad intelectual debe tener dentro de sus objetivos la búsqueda de un equilibrio entre la promoción a la creatividad y a la innovación, pero desafortunadamente el balance entre libre competencia, innovación e interés general y particular que sustenta el régimen jurídico de las patentes en ocasiones se rompe en perjuicio de la sociedad.

“Es prioritario que la industria de fármacos, tanto la productora de innovadores como la de genéricos, cuente con un marco legal idóneo y eficaz para su desarrollo con el fin de abatir costos y lograr un mayor acceso de la población a los medicamentos”.

La diputada Indira Vizcaíno Silva (PRD) mencionó que las reformas proporcionan certidumbre jurídica no sólo a los titulares de las patentes sino también a la sociedad en general. “Estaremos motivando la transparencia y el acceso a la información, pues se obliga al IMPI a publicar las resoluciones emitidas”.

Añadió que la industria farmacéutica es la principal preocupada y relacionada con las reformas. “Es precisamente en este sentido que consideramos pertinente el voto a favor, pues permite que aquellos laboratorios dedicados a elaborar genéricos puedan realizar investigaciones y estudios experimentales necesarios 36 meses antes del vencimiento de las patentes, lo que permite un acceso a genéricos en el momento que la ley lo permita”.

Fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

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