• Comparecen titulares de Agricultura y Medio Ambiente ante diputados

En su comparecencia y ante los cuestionamientos de diputados integrantes de las comisiones de Agricultura y Ganadería; Pesca; Medio Ambiente y de Desarrollo Rural en torno a la sanción administrativa impuesta por Estados Unidos a la exportación de camarón, los titulares de la Sagarpa y Semarnat manifestaron su confianza para que tras las revisiones de los barcos mexicanos en los meses de agosto y septiembre se logre la recertificación.

En caso contrario, coincidieron, se verían afectadas 8 mil 600 fuentes de empleo directo, además de que se tendría un impacto del 18 por ciento en las exportaciones de ese producto, lo que representaría pérdidas por 38 millones de dólares.

El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda, señaló que al entrar en vigor la disposición de embargo a partir del 20 de abril, ésta surtirá efecto para los barcos que pescan camarón en altamar, sin afectar al camarón de acuacultura ni al de los esteros y bahías, que representan cerca del 80 por ciento de la producción nacional. “Éstos sí pueden seguir exportando sin ningún problema”.

Mencionó que luego de llevarse a cabo una reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que espera levantar la prohibición de importación de camarón mexicano de altamar en el menor plazo posible y buscar nuevas oportunidades para ayudar a nuestro país a la restauración de la certificación.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada explicó que el problema derivó de infracciones en el uso de los Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET), lo que fue detectado durante la revisión de las embarcaciones camaroneras mexicanas por parte de expertos de Estados Unidos en las visitas a Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

“En el último trimestre de 2009, los expertos de Estados Unidos vinieron a México a evaluar el cumplimiento en el diseño, construcción, instalación y uso de los DET por parte de la flota camaronera certificada y se encontraron infracciones en un alto número de las embarcaciones”.

Destacó que conforme a la sección 609, de la Ley Pública 101-162, de 1989, Estados Unidos verifica anualmente la comparabilidad en el grado de cumplimiento de los programas de protección a la tortuga marina durante la captura de camarón en los países que le exportan el crustáceo, respecto de su propio programa.

“Si se determina que los programas son comparables, certifica al país, en este caso México, para que pueda seguir exportando camarón de captura a Estados Unidos”.

En el caso de nuestro país, dijo, se tiene un programa regulatorio a través de la Norma la 061, que controla la captura incidental de la tortuga marina y en los estudios comparativos, tenemos un índice de cumplimiento del 95 por ciento, similar al de Estados Unidos, por lo que la pesca de camarón no implica ninguna amenaza a las tortugas marinas.

Al hablar sobre el tema, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, diputado Javier Usabiaga Arroyo (PAN) pidió a los secretarios un mayor esfuerzo para buscar que las políticas públicas en materia de cuidado del medio ambiente, sean recompensadas en el mercado.

“No hay país en el mundo que tenga el cuidado que tiene el nuestro para la pesca de atún libre de delfines; no hay país que haya hecho un esfuerzo para la repoblación de la tortuga marina como lo ha realizado México y sin embargo los mercados no nos premian esas acciones, al contrario, nos castigan”, subrayó.

Por ello, planteó que se necesita hacer una política de Estado, donde el Ejecutivo y el Legislativo busquen posicionar las buenas acciones que, hacia el medio ambiente, ha efectuado el sector pesquero nacional, el agrícola y el pecuario.

Por su parte, el diputado Cruz López Aguilar (PRI) afirmó que este problema afecta a más de medio millón de mexicanos, “si consideramos no sólo a los pescadores, sino también a las familias que viven de esta actividad económica”.

Asimismo, señaló que el camarón representa el 45 por ciento del valor de la producción pesquera de este país, por lo que consideró que la certificación y los embargos son instrumentos que ha utilizado el gobierno de Estados Unidos como barreras no arancelarias.

Reconoció que los excesivos trámites en el otorgamiento de crédito para la actividad pesquera, provoca que los productores no puedan accesar a éste, por lo que es necesario revisar la parte social del problema.

De igual forma, subrayó: “la eliminación del subsidio al diesel marino incrementará los precios de este combustible tan importante para el desarrollo de la pesca”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Pesca, diputado Felipe Cervera Hernández (PRI) dijo que los miembros de este órgano legislativo han asumido el compromiso de evitar que este problema de la no certificación se convierta en un botín político, además de buscar soluciones y resultados.

En este sentido, refirió, es necesario sentar las bases que permitan reformar el marco jurídico para fortalecer al sector pesquero y que reciba lo que en justicia le corresponde.

Mientras, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Ninfa Clara Salinas Sada (PVEM) resaltó que este tema es de especial relevancia para nuestro país, ya que se ve involucrado el aprovechamiento y la conservación ambiental marina.

Subrayó que México es conocido como “el tortuguero del mundo”, debido a que siete de las ocho especies se encuentran en nuestro país. “Nuestra situación es sin duda privilegiada en riqueza biológica, por lo que nos obliga a adoptar medidas eficaces en conservación.

Posicionamientos

Al fijar el posicionamiento de su partido, el diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro (PRI), se pronunció porque el gobierno federal, a través de la Sagarpa y la Semarnat, asuma con mayor responsabilidad y énfasis el problema pesquero y en particular, la no certificación para la exportación del camarón mexicano.

Dijo que a pesar de que la pesca es muy importante para México y que la flota camaronera sea la segunda del mundo, “nuestros pescadores y la gran mayoría de los empresarios pesqueros no lo sienten así”.

Consideró que el asunto de la no certificación obedece a intereses económicos y comerciales y la experiencia del embargo atunero así lo indica.

Ante los titulares de la Sagarpa y Semarnat, el legislador sostuvo que el gobierno federal debe intensificar el cumplimiento de la ley en el sector pesquero, “ya que si bien estamos sobre el orden del 95 por ciento, también debemos revisar el tema de la certificación interna”.

Se pronunció por el establecimiento de una mesa de trabajo en la que participen tanto el Ejecutivo como el Legislativo, a fin de darle a los pescadores y empresarios mexicanos una certeza legal en temas que no solamente tienen que ver con la no certificación, sino otras problemáticas que enfrentan, entre ellos, las vedas, las regulaciones y la inspección y vigilancia, “que han dejado mucho que desear”.

PAN

El diputado César Mancillas manifestó su confianza para que en el corto plazo se resuelva este problema. En Acción Nacional, dijo, “creemos en la actividad pesquera responsable, que cuide el medio ambiente, pero también que garantice el desarrollo integral del sector pesquero”.

Señaló que el actual problema camaronero es una oportunidad para buscar respuestas adecuadas desde el Poder Legislativo a fin de cumplir con las políticas públicas, sobre todo, en temas que tienen que ver con el reordenamiento pesquero y acuícola; la inspección y vigilancia; la certificación sanitaria; el manejo sustentable y el mejoramiento comercial; el financiamiento e infraestructura, así como la capacitación e investigación.

Propuso trabajar en la desconcentración de las funciones en materia de pesca y que se dé una mayor participación de los gobiernos estatales con su propia ley y secretarías, además de establecer una norma técnica ambiental más estricta y puntual.

“Que verdaderamente castigue a los responsables, así como fortalecer a la Comisión Nacional de Pesca, otorgándole mayor autonomía legal y presupuestal y de ser posible, elevarla a rango de secretaría de Estado, además de diseñar las políticas públicas adecuadas para darle futuro a los pescadores”.

PRD

A su vez, el diputado Víctor Manuel Castro Cosío dijo que para el PRD queda claro como los intereses de una nación poderosa vuelven a imponerse. “Es extraordinariamente urgente que tanto las reglas jurídicas y comerciales a las que se sujetan ambos países sean más equitativas”.

Indicó que es inadmisible que se siga imponiendo, de manera unilateral, una certificación de tal naturaleza, mientras los esfuerzos del gobierno y pescadores mexicanos, que han sido enormes, no son reconocidos por Estados Unidos.

“Es importante llevar este planteamiento a las autoridades norteamericanas, a fin de que se eviten sanciones que perjudiquen a miles de mexicanos por el simple interés comercial”.

Reconoció que es fundamental volver la mirada hacia el sector pesquero, lo que obliga a hacer ejercicios superiores entre todos los actores para que dicho sector se reposicione como uno de los estratégicos de la productividad nacional y “que el discurso no siga siendo improvisado o de simulación”.

PVEM

El diputado Liborio Vidal Aguilar destacó que son cuestionables e inciertos los motivos que sustentan la negativa de Estados Unidos con respecto a la certificación para la exportación de camarón mexicano de altamar, sin embargo, agregó, la capacidad de las dependencias mexicanas encargadas de vigilar la realización sustentable de actividades pesqueras, cuya reglamentación es clara, también se pone en entredicho.

Dijo que la supervisión constante de los procedimientos de extracción de productos marítimos por parte de organizaciones ambientales y representantes de países con quien México tiene acuerdos comerciales, exige la aplicación puntual de las normas y procedimientos, así como la completa atención por parte de los organismos de gobierno relacionados con dicha función como son la Profepa, la Conapesca y el Inapesca.

Añadió que si bien es cierto que la negativa de la certificación no afectará al total de las exportaciones del camarón, es importante considerar que tendrá serias repercusiones para un sector vulnerable de nuestra economía y consecuencias importantes en términos sociales.

El PVEM, mencionó el legislador, se pronuncia por una estricta aplicación de las normas y leyes de protección del ambiente e instó a las dependencias encargadas de estas funciones a fortalecer las medidas de supervisión y asumir la responsabilidad real con respecto a las graves consecuencias del asunto.

En respuesta a los cuestionamientos de los legisladores los titulares de Sagarpa y Semarnat coincidieron en que no se tiene un fondo de contingencia específico para una eventualidad como esta, la cual facilite el acceso al financiamiento a los pescadores para que puedan llevar a cabo su actividad la próxima temporada.

“Necesitamos otro tipo de herramientas para que el financiamiento al sector agroalimentario y pesquero sea mejor”, refirió Mayorga Castañeda.

Elvira Quesada concluyó que al no existir ningún fondo, “todo depende del desempeño y trabajo que viene desarrollando la Sagarpa y del acercamiento que tienen los pescadores a través de la Conapesca”.

Ambos funcionarios reconocieron que pese a que la flota camaronera mexicana es la segunda más importante del mundo con mil 219 embarcaciones, ésta se ha venido reduciendo.

“De las más de 2 mil que se tenían hasta hace unos años, 900 se han dado de baja porque el ecosistema ya no da lo suficiente, lo que ha generado un programa de reconversión para diversificar el esfuerzo pesquero”.

Participaron los diputados Ernesto de Lucas Hopkins, Rolando Bojórquez Gutiérrez, Sofía Castro Ríos y José Ignacio Pichardo, del PRI; Miguel Martín López, Nelly Márquez Zapata y Agustín Torres Ibarrola, del PAN, así como Rafael Pacchiano Alamán, del PVEM.

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