México es en la actualidad un país de origen, tránsito y recepción de migrantes, situación que ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes, exponiéndolas a ser víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, señaló la diputada María Araceli Vázquez Camacho (PRD).

La secretaria de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas indicó que tradicionalmente, los centros de reclutamiento más activos han estado ubicados en Brasil, Colombia, República Dominicana, Surinam y las Antillas y más recientemente en México, Argentina, Ecuador y Perú.

Anualmente, dijo, cerca de cien mil mujeres y adolescentes provenientes de estos países son conducidas con engaños y falsas promesas de empleo a Estados Unidos, España, Holanda, Alemania, Bélgica, Israel, Japón y otros países asiáticos.

“Las regiones de América Central y el Caribe experimentan un creciente tráfico y trata de mujeres, niñas y niños para explotación sexual, con características y retos diferentes que deben considerarse al diseñar estrategias públicas”.

Puntualizó que conforme a un estudio de la Comisión Interamericana de Mujeres y del Instituto Interamericano del Niño de la OEA, la región padece de ausencia de estrategias de prevención, protección y procuración de justicia hacia los tratantes.

Vázquez Camacho agregó que las niñas, especialmente las que ya han sufrido abusos sexuales se encuentran desprotegidas frente a redes de explotación, tanto domésticas como internacionales, alentadas por un mercado creciente.

Ante ello, propuso reformas a los artículos 20, 21 y 73 de la Constitución Política, mismas que analiza la Comisión de Puntos Constitucionales, para establecer la facultad del Congreso de la Unión de expedir una ley general en materia de trata de personas, y elevar a rango constitucional que las personas que sufran de este delito sean protegidas mediante al resguardo de su identidad y otros datos personales.

Expresó que la trata de personas es un delito con terribles consecuencias psicológicas, considerado como una modalidad contemporánea de esclavitud y como una forma extrema de violencia contra mujeres, niñas y niños que viola sus derechos humanos fundamentales y tratados internacionales.

“Su combate requiere de un enfoque interdisciplinario y una participación activa de gobiernos e instituciones federales, estatales y municipales junto con la sociedad civil. Es un fenómeno muy antiguo que sólo desde las últimas dos décadas ha venido saliendo a la luz pública. En otras palabras, estamos frente a un problema viejo con un nombre nuevo”.

La diputada enfatizó que la LXI Legislatura tiene la oportunidad de seguir actualizando el marco jurídico contra la trata de personas.

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