• 30 por ciento de los hogares con teléfono fijo padecieron algún delito en los últimos seis meses

IXTAPAN DE LA SAL, EDOMEX, 17 de abril de 2010.- Al clausurar los trabajos del Foro de Justicia Alcances y Retos de la Reforma al Sistema Judicial, el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que el orden normativo está rebasado por la realidad por lo que urge crear cultura de la legalidad.

Señaló que la reforma constitucional de 2008 da un plazo máximo de ocho años para ajustar los ordenamientos secundarios y estatales. “No está sujeta a opinión, sino a realización y algunas variantes ya entraron en vigor en algunos estados, como el sistema acusatorio y los juicios orales”.

Dijo que se retomarán todas las orientaciones y puntos de vista vertidos en este foro, cuya realización reafirma la convicción de la comisión para aterrizar todos los temas.

Resaltó el trabajo de los diputados integrantes de la Comisión de Justicia cuyo trabajo ha sido sistemático, profundo y muy comprometido con México.

Enseguida el diputado Camilo Ramírez Puente (PAN), secretario de la comisión, señaló que actualmente se denuncian dos secuestros ante las autoridades, sin embargo las encuestas de victimización señalan que ocurren 16 más que no son denunciados.

Dijo que en la Mesa Redonda “Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro” se informó que en 30 por ciento de los hogares mexicanos con teléfono fijo, algún residente padeció algún delito en los últimos seis meses, 74 por ciento de los cuales fueron robos; 4.4 por ciento lesiones; 2.2 por ciento fraude; 1.6 por ciento secuestro exprés y 2.2 por ciento secuestro tradicional.

Indicó que hasta hace poco existían 29 mil 353 efectivos federales y 349 mil 163 policías entre estatales, municipales, preventivos, ministeriales, de tránsito y bancaria, esto es 343 elementos por cada 100 mil habitantes, cuando en Colombia la proporción es de 217 y en Francia de 100.

Sin embargo, el problema no parece ser la cantidad, sino la calidad de los policías y refirió que los bajos sueldos y las ínfimas prestaciones no incentivan ni dignifican la labor policial.

Al referirse a los trabajos de la Mesa “Arraigo y Prisión Preventiva” destacó que nueve de cada 10 tipos penales la establecen y que en el artículo 19 de la Constitución se establecen 15 hipótesis abiertas para decretar esta medida, las cueles deben acotarse.

Indicó que aunque existen las penas alternativas éstas no se aplican, lo que las convierte en un mito y se planteó la utilización de medidas alternativas a la prisión preventiva, como la utilización de brazaletes electrónicos; además, establecer un nuevo modelo de Código Penal para poder limitarla y modificar el código de procedimientos penales.

En el tema de Arraigo, dijo que actualmente no existe una homologación de esta figura en los códigos estatales y que se debe definir la facultad del Ministerio Público para arraigar y los criterios a seguir.

Se concluyó que para suprimir el arraigo es necesario dotar a la policía con mejores instrumentos y evitar fugas, es decir poner medidas como no salir de un lugar determinado o retirar el pasaporte.

Explicó que en marzo de 2010 la Organización de las Naciones Unidas hizo una recomendación a México para eliminar el arraigo, ya que es una detención arbitraria y en 2005 la Corte se manifestó en contra.

Al referirse a la mesa “Viabilidad de las policías estatales” indicó que para implementar un cuerpo de policía único es necesario analizar desde el Legislativo cómo convertir las debilidades en fortalezas

Señaló que las corporaciones municipales “son un cuerpo rebasado, tienen debilidades y eso les ocasiona una fuerte pérdida de credibilidad y realizan una práctica profesional poco valorable”.

El número de detenidos presentado por estos cuerpos es menor a los que presentan los estatales; no tienen áreas de análisis criminal o de inteligencia y son vulnerables a la infiltración, además de que 61 por ciento de los elementos perciben menos de cuatro mil pesos mensuales.

Se planteó la necesidad de buscar elementos para capacitar a los agentes, crear la investigación delincuencial y brindar mejores condiciones de servicios para que la ciudadanía aumente su confianza.

Subrayó que las autoridades municipales no pueden quedar exentas de la materia de seguridad pública y que si subsisten las debilidades no se garantizará el éxito de ningún modelo.

En la Mesa “Testigos Protegidos”, se señaló que es necesario establecer reglas de recepción de pruebas, de desahogo, de evaluación y de valoración de pruebas. Durante los trabajos de esta mesa se cuestionó su legitimidad, su eficacia probatoria y se reconoció como uno de sus beneficios el que en la mayoría de las sentencias el éxito se debe a ellos.

En el tema de la Reinserción Social en la reforma Constitucional, dijo que se ha propuesto un proyecto de iniciativa de la Ley en esa materia con 16 títulos, destacando los del Régimen de Tratamiento Institucional; Ocupacional; Educativo; Disciplinario y de Asistencia y Tratamiento Psicológico, entre otros,

Estuvieron presentes en la clausura la diputada Enoe Margarita Uranga Muñoz (PRD) y el diputado Víctor Hugo Cirigo Vasquez (Convergencia).

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