El Estado niega a las comunidades indígenas y etnias a ser participantes de su propio desarrollo, debido a que omite su derecho de consulta para conocer sus legítimas demandas y respetar sus derechos políticos y colectivos, afirmó el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputado Manuel García Corpus (PRI).

Sostuvo que esta problemática ha generado innumerables conflictos sociales con altos costos económicos y políticos, “pero sobre todo en vidas humanas”.

El legislador resaltó que el gobierno mexicano incumple con los acuerdos internacionales que establecen la obligación de celebrar consultas con los pueblos para su previo conocimiento y aceptación, antes de aplicar medidas legislativas y administrativas que puedan afectar sus vidas, creencias, instituciones o propiedad territorial.

Ante este panorama, García Corpus presentó una iniciativa que expide la Ley Federal de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, la que, entre otros puntos, obligará al Estado a abrir un diálogo institucional con etnias y comunidades.

Asimismo, plantea elevar la consulta a categoría de ley, lo que permitirá que, “el ejercicio de la transversalidad sea algo más que una simple coordinación interinstitucional para convertirla en una efectiva coordinación de acciones sustentada en la voz y la demanda de los propios pueblos y comunidades”, enfatizó.

De acuerdo a la iniciativa, la consulta a los pueblos y comunidades indígenas será requisito previo en los tres ámbitos de gobierno para el otorgamiento a particulares de concesiones, permisos u otros actos que se pretendan sobre los recursos naturales que se encuentren en los territorios indígenas, esto con el propósito de prevenir afectaciones.

Lo anterior, dijo, para que en todos los asuntos que atañen a su bienestar o proceso de desarrollo, las instituciones estatales recaben su opinión.

“Hasta el momento, el Estado reconoce la existencia y algunos de los derechos de los pueblos indígenas, pero no se han terminado de crear las condiciones para que los ejerzan, lo que obliga a una reglamentación estricta particularmente del derecho a la consulta que se tiene comprometido con la comunidad internacional”, subrayó.

Mencionó que ante los conflictos que se suscitan en las comunidades que sienten vulnerados sus derechos al negarles ser partícipes de su propio desarrollo, la consulta debe convertirse en una obligación de la administración pública en todos los órdenes de gobierno para que forme parte de una política de Estado a favor de los pueblos y comunidades indígenas.

Las consultas se realizarían a través de un organismo técnico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que en todo momento deberá garantizar una información objetiva, sistemática, oportuna y veraz.

“Cuando una comunidad considere que la consulta no se realizó como lo prevé esta ley, podrá recurrir a los tribunales federales en vía de amparo para que resuelvan en definitiva”, puntualizó.

-- ooOoo --