• Después de Irak, México es el segundo país de más peligro para periodistas: diputada Telma Guajardo

Ante la ola de violencia contra periodistas es urgente que las autoridades de los tres órdenes de gobierno establezcan estrategias claras y precisas que salvaguarden la labor de los comunicadores, señaló la diputada María Yolanda Valencia Vales (PAN), presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.

“Hoy no basta pronunciarnos a favor de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, debemos convertirnos todos en garantes de esta libertad”, enfatizó.

En este sentido, dijo que desde la Comisión Especial que preside “trabajaremos incansablemente para que se establezca el marco normativo que brinde seguridad en los que hoy se ha convertido en el oficio más peligroso de México: el periodismo”.

Al participar en el foro “Reforma Política, ¿Sin Reforma de Medios?”, mencionó que de 1983 a 2010, 104 periodistas fueron asesinados, 12 desaparecidos y nueve secuestrados.

Precisó que en 2008 hubo 12 asesinados y dos desaparecidos; en 2009, 15 asesinados y 244 agresiones. En 2010, tres asesinados: en Saltillo Coahuila; los Mochis, Sinaloa y, el último en Ayutla, Guerrero; dos agresiones, una en Michoacán y, la más reciente, la semana pasada, en Emiliano Zapata, Tabasco.

Los estados que más registran este tipo de agresiones son Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Veracruz, Guerrero, Durango, Oaxaca, Michoacán, Nuevo León, Tabasco, Coahuila y Sonora.

Es inadmisible que los periodistas, víctimas de agresiones, opten por no denunciar, no dar cobertura a ciertos temas como medidas de protección, no firmar sus notas y abandonar su labor periodística, “dejando de manifiesto que la prioridad ya no es transmitir la información, sino cuidar la integridad y seguridad personal y la de sus familias”, afirmó.

“Cuando se alteran estos valores y no hacemos nada para remediarlo corremos el riesgo de crear una cultura de miedo y autocensura”, advirtió.

Valencia Vales indicó que es deber del gobierno federal y de los estatales investigar estos hechos para que se sancione a los culpables.

“La impunidad se recrea en sistemas judiciales incapaces de impartir justicia, en la falta de voluntad política para esclarecer los crímenes, en marcos legales inadecuados, en la escasez de recursos humanos en los cuadros policiales, de auxiliares de la justicia y en su falta de preparación y capacitación, producto de presupuestos inadecuados y por la infiltración de organizaciones delictivas en las esferas del poder público”, agregó.

Explicó que algunas acciones que se están impulsando en su Comisión es dar seguimiento a las iniciativas de ley que han sido presentadas, con la finalidad de fortalecer el marco legal para que las autoridades cuenten con las herramientas operativas y legales que ayuden a garantizar que quien se dedique a la labor periodística y su familia gocen de la protección y realicen su trabajo sin temor a ser agredidos.

En la segunda mesa, titulada La libertad de expresión y el derecho a la información, precisó que se realizó un comunicado al Senado de la República, a la Comisión de Justicia, para que dictamine la minuta que tiene como objetivo que los delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación, sean considerados delitos federales.

“También vamos a impulsar los cambios legales para elevar a rango constitucional, federal y estatal el secreto profesional del periodista. Así como la despenalización de los delitos de difamación y calumnia que todavía se encuentran contemplados en la Ley de Imprenta”.
En tanto, la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (PRD), afirmó que en México se vive una vulneración de los derechos de las personas ante la desaparición de periodistas, “en los últimos años hemos comenzado a vivir una vulneración grave de los derechos de las personas ante la desaparición de algunos compañeros periodistas”.

Señaló que México después de Irak es el segundo lugar del mundo más peligroso para realizar la actividad del periodista, “el asesinato, el terrorismo, secuestro, presiones, intimidación prisión injusta de los periodistas, destrucción del material de los medios, violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, cuartan severamente la libertad de expresión y de prensa”.

“Cuando se asesina o desparece a un periodista para callar su actividad profesional se vulnera el derecho de todos y todas a conocer la información que es parte del derecho a difundir las noticias que nos permitan deliberar los asuntos públicos de nuestra comunidad”.

Subrayó que se requiere legislar de manera especial para reconocer una protección prevalente en estos casos, por lo que la iniciativa que presenta su grupo parlamentario, busca integrar un orden jurídico nacional sobre la libertad informativa, que forme parte del bloque constitucional de manera que el régimen interno cuente con normas claras, puntuales y avanzadas para desarrollar los derechos fundamentales en materia de libertad informativa.

Añadió que su propuesta plantea normas adecuadas para evitar las restricciones a la libertad informativa como son la censura previa, restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas.
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