En México cada año son víctimas de redes de tratantes, alrededor de 16 mil niños y éstos son sujetos a trabajo forzado y explotación sexual; 85 mil son usados en actos de pornografía, mientras en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual, afirmó la diputada Rosi Orozco (PAN).

Señaló que las mujeres, niños y adolescentes víctimas de trata enfrentan factores de vulnerabilidad que facilitan ser víctimas de este delito, entre los que destacan: pobreza, falta de oportunidades económicas, bajo nivel educativo, desempleo, inequidad, desamparo, falta de registro de nacimiento, desastres humanitarios, conflictos armados, así como la demanda de explotación sexual y la mano de obra barata.

Ante este problema, la legisladora, a través de una iniciativa, propuso crear la Ley General para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y abrogar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, vigente.

Lo anterior a efecto de crear un marco legal que permita señalar claramente las competencias, los ámbitos de acción, así como disposiciones relativas a la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal, municipios y delegaciones en materia de prevención, protección y atención a víctimas y colaboración interinstitucional. Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Obligatoriedad de la educación media superior

El diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (PRI) propuso que el Estado asuma su responsabilidad de impartir de forma gratuita la educación media superior. “México siempre ha apostado por la educación, hoy debemos asumir el reto de mejorar y de dar un paso adelante garantizando la impartición de la educación media superior a todos los mexicanos”.

La iniciativa reforma los artículos 3 y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3o., 4o., 8o. y 9o. de la Ley General de Educación, para establecer la obligatoriedad de la educación media superior, “lo que exige al Estado impulsar una reforma profunda de ese nivel, con atención en la calidad, en la equidad y en la cobertura”.

Se envió a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Conmemorar a niños muertos en la guardería ABC

La diputada María Dolores del Río Sánchez (PAN) propuso reformar la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la cual pretende establecer dentro de la memoria oficial de México el 5 de junio, aniversario de la muerte trágica de 49 niños en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en 2009.

La iniciativa busca que en esta fecha la Bandera Nacional deberá izarse a media asta con el objeto de, “conmemorar como recordatorio del enorme compromiso que tenemos todas las instituciones públicas y quienes estamos al servicio de los mexicanos, para trabajar incansablemente por asegurar mejores condiciones de vida para los mexicanos y garantizar un desarrollo integral sano y seguro para nuestros niños y niñas”. Se envió a la Comisión de Gobernación.
Servicio público de autotransporte

El diputado Juan José Guerra Abud (PVEM) a través de una reforma a Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal busca eficientar el servicio público de autotransporte federal en beneficio del medio ambiente, la salud pública, la sociedad en general y los autotransportistas en particular.

La iniciativa propone que quienes soliciten permisos para prestar el servicio de autotransporte federal no hayan cometido delitos graves del orden común o federal.

Así como la profesionalización de los autotransportistas, se llevará a cabo a través de una capacitación obligatoria que les permita, desde el punto de vista empresarial, contar con los conocimientos teóricos y prácticos necesarios en aspectos básicos de la administración del negocio con el fin de optimizar recursos, maximizar ingresos y bajar costos. Se envió a la Comisión de Transportes.

Amparo social

El diputado Juventino Castro y Castro (PRD) a través de una reforma a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política pretende que se dé a una acción de amparo social, que colectivamente haría posible no sólo los derechos sociales al lado de los individuales, sino que haga prevalecer los llamados derechos difusos, aquellos que protegen el medio ambiente, y los de los consumidores, pero incluyendo los culturales y los de asistencia, actualmente desprotegidos de hecho.

Propone que el juicio de amparo social o colectivo se pueda promover y substanciar a petición de cualquier persona a nombre de toda la sociedad o grupo, por personas físicas o morales legitimadas y debe promoverse a nombre y a favor de la sociedad en general, o de un género, un gremio, un grupo o una comunidad afectables por la violación de sus derechos. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

-- ooOoo --