A fin de tipificar como delitos graves el espionaje y la sustracción de información reservada por parte de servidores públicos, se presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal Contra La Delincuencia Organizada y de la Ley Federal De Responsabilidades Administrativas De Los Servidores Públicos.

En tribuna, el diputado Jorge Arana Arana (PRI) arguyó que se pretenden elevar las sanciones, sobre todo cuando pone en peligro a las instituciones públicas y privadas del país y a la seguridad nacional, principalmente cuando se trata de organizaciones delictivas, grupos armados u otras naciones.

Señaló que México ha demostrado su debilidad al espionaje debido al rezago tecnológico; a la incapacidad, falta de ética y profesionalismo de funcionarios públicos para realizar sus tareas y a las infiltraciones de miembros de la delincuencia organizada en las estructuras de gobierno.

Indicó que toda persona u organización que realiza espionaje se convierte en un peligro para la nación, el gobierno y sus habitantes; por ello, es necesario penas más severas para quienes atenten contra las instituciones.

El diputado Jorge Arana planteó multas hasta de ochenta mil pesos al funcionario o empleado de los gobiernos Federal, estatal o municipal que sustraiga información reservada y confidencial o privada y la proporcione a personas ajenas no autorizadas, a bandas delictivas o grupos armados. Se envió a las Comisiones de Justicia y de la Función Pública.

Instituciones calificadoras de valores

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz (PAN) busca reformar la Ley del Mercado de Valores, a fin de fortalecer el marco regulatorio de las instituciones calificadoras de valores, con el afán de prevenir algunas prácticas de estas instituciones que pudiesen resultar nocivas para el sistema financiero y la economía.

En el documento se explica que con las modificaciones se pretende dar mayor transparencia y confiabilidad a sus operaciones y a la información que emitan dichas instituciones.

Asimismo, propone que la CNBV tenga facultades para prohibir la emisión de calificaciones crediticias por un periodo determinado o indeterminado, o sobre una emisora en particular, y que se elimine tal prohibición cuando se hayan corregido o eliminado los motivos que dieron origen a dicha sanción.

Cuando se busque la autorización para actuar como institución calificadora de valores se deberán presentar los manuales internos que contengan las políticas y procedimientos para prever, detectar, eliminar y revelar los conflictos de intereses de quienes participan en el proceso de calificación, con el objeto de asegurar la calidad e imparcialidad de éstos. Se canalizó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Dar autonomía a la Cofetel

A la Comisión de Comunicaciones se turnó la iniciativa, a cargo del diputado Alberto Cinta Martínez (PVEM) que reforma y adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones a fin de establecer un mandato legal preciso para la Cofetel invistiéndola de amplias facultades que deberá ejercer de manera autónoma.

Busca que la entidad reguladora dicte resoluciones en relación con los precios y tarifas de los servicios de telecomunicaciones.

Con la propuesta, la Cofetel se verá fortalecida con mejores condiciones y más instrumentos a su alcance, para hacer frente y resolver los desafíos que plantean los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

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