La Comisión Especial Encargada de Vigilar el correcto uso de los Recursos Federales, Estatales y
Municipales en los Procesos Electorales, que preside el diputado Manuel Cadena Morales (PRI) se reunió con la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Arely Gómez González, quien informó que actualmente el promedio de consignados ha aumentado en un 517 por ciento en relación al periodo 2001-2006.

Al respecto, el diputado Manuel Cadena Morales señaló que este órgano legislativo tiene por objeto coadyuvar para que los procesos electorales de este año se lleven a cabo dentro del marco de la ley y que los recursos que están destinados fundamentalmente a los programas sociales no vayan a ser distraídos, “ni en el ámbito federal, estatal, ni municipal para campañas de candidatos y de partidos”.

Estaremos vigilando celosamente para que estos recursos no se distraigan a campañas, personas, ni partidos, así como hemos estado viajando a diferentes estados de la República para supervisar, personalmente, qué está pasando en los procesos electorales que en general acaban de iniciar y avizoramos que el país está en calma, subrayó.

Sin embargo, dijo, los procesos que se aproximan van a ser “muy reñidos y seguramente tanto los partidos como los candidatos estarán echando mano del instrumental que tengan a su alcance para alcanzar los triunfos electorales”.

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) enfatizó que el delito de alteración al Padrón Electoral debe ser tomado con especial interés e importancia en las integraciones de las averiguaciones previas, así como el hecho de que haya incidencia en el mal uso de credenciales para votar y el condicionamiento de los programas sociales federales.

En su turno, el diputado Alfonso Navarrete Prida (PRI) consideró que la conducta más delicada que se pueda dar en un proceso electoral es el uso faccioso de recursos públicos por parte de los gobiernos para manipular una elección o influir en el resultado electoral, por lo que pidió información a la Fiscalía sobre el porcentaje de este tipo de delitos.

La diputada Paula Angélica Hernández Olmos (PRI) dijo que hay estados en donde se han dado casos de turismo electoral “de distrito a distrito y de municipio a municipio”, por lo que preguntó qué condiciones guardan las sanciones hacia este tipo de prácticas.

Por su parte, el diputado Armando Corona Rivera (PRI) expresó que existe una percepción ciudadana de que las instituciones no ejercitan correctamente la acción penal, “sobre todo por las denuncias que hacen los partidos. Esto viene a poner en duda, en ocasiones, las elecciones”.

Posteriormente, el diputado Héctor Guevara Ramírez (PRI) añadió que las tareas de la FEPADE se deben enfocar en la prevención del delito, a efecto de que esta institución cumpla adecuadamente con su objetivo; “que es el de evitar los delitos electorales”.

El diputado Arturo García Portillo (PAN) se pronunció porque la Fiscalía explique a los funcionarios y ciudadanos cómo se puede configurar una denuncia contra el uso de recursos públicos en los comicios electorales, así como cuáles son los elementos que debe tener una denuncia de este tipo para acreditarla como válida.

Más adelante, la diputada Sonia Mendoza Díaz (PAN) consideró que la Fiscalía ha tenido una evolución positiva, “el hecho de incrementar las denuncias y el resultado de las consignaciones, es el mejor resultado del trabajo que está llevando a cabo”.

El diputado, Martín Enrique Castillo Ruz (PRI) informó que en las elecciones de este año habrá un 49.7 por ciento del listado nominal que estará inmerso en una elección, “estamos hablando de más de 31 millones de electores, que es algo trascendental”.

La diputada Laura Arizmendi Campos (Convergencia) manifestó que la ciudadanía ha perdido la participación política y electoral debido a la incidencia en delitos electorales por parte de autoridades en los tres niveles de gobierno, por lo que refrendó su apoyo a la institución, a efecto de mejorar las labores de la Fiscalía y transparentar los procesos electorales.

En tanto, el diputado Óscar González Yáñez (PT) señaló que la Fiscalía tiene que aumentar su nivel de credibilidad, con el objetivo de fortalecer la democracia. “Si logramos fortalecer la democracia se fortalecerán muchas otras cosas más”, subrayó.

Previamente, Arely Gómez González, fiscal especializada para la Atención de Delitos Electorales, informó que actualmente el promedio de consignados ha aumentado en un 517 por ciento en relación al periodo 2001-2006.

Asimismo, resaltó que en el caso de averiguaciones previas, en 2010 el promedio de éstas se encuentra en 110 averiguaciones por mes, mientras que en el 2009 alcanzó 115 por mes.

Al referirse al turismo electoral, aclaró que esta práctica ha sido recurrente en los últimos procesos, “en lo que va del año se han resuelto 115 averiguaciones previas en turismo electoral y de éstas se ha ejercitado acción penal en 108 casos”.

En este sentido, manifestó que de nada serviría un diseño perfecto, si la sociedad no actúa en los asuntos públicos mediante una cultura política participativa y en la que los diputados federales hagan patente la representación que su función conlleva.

A pregunta expresa del presidente de esta Comisión sobre si existe en estos momentos alguna denuncia sobre el manejo de programas sociales con fines electorales y sobre el financiamiento de campañas por parte del narcotráfico, la funcionaria indicó que hasta el momento no se tiene registrado ninguna denuncia relacionada con este tipo de delitos.

Por su parte, Alfonso Pérez Daza, director general de Averiguaciones Previas, indicó que de 2007 a lo que va del presente año se han consignado poco más de 604 personas por año.

Refirió que en 2009 se realizaron mil 359 averiguaciones, “lo que significa que el trabajo de la FEPADE es permanente y que se ha incrementado considerablemente”.

Actualmente se tiene en trámite 643 averiguaciones previas y en lo que va del año se han recibido 374 denuncias que originan el inicio de nuevas indagatorias, externó.

En tanto, el director general jurídico de la FEPADE, Salvador Silva, dijo que en lo que va de 2010 se han realizado 11 sentencias sobre delitos electorales, de las cuales 10 fueron favorables para los intereses de la Fiscalía, lo que representa el 90.9 por ciento.

“El objetivo es mantener este porcentaje por arriba del 90 por ciento como lo hemos mantenido en el 2007, 2008 y 2009”.

Al respecto, el director general de Política Criminal, Eber Betanzos Torres, explicó que este año se han capacitado a más de 10 mil personas sobre delitos electorales y cómo denunciarlos.

En el caso de los servidores públicos, agregó que esta capacitación tiene como objetivo servir como una herramienta que les permita tener presente el marco legal sobre el ejercicio de los recursos públicos. “Se busca que a través del ejemplo sean los servidores públicos federales y locales los que fomenten la cultura de la legalidad y sean los primeros en denunciar cualquier irregularidad”.
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