• Hasta el 18 de abril se tenía un registro de 65 millones 413 mil usuarios de telefonía móvil: Héctor Osuna

Al comparecer ante la Comisión de Comunicaciones, el titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna Jaime, informó que hasta el 18 de abril se habían inscrito 65 millones 413 mil 304 usuarios en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).

El presidente de este órgano legislativo, diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar (PRI) aseveró que la Cofetel, “en términos de lo que hemos venido escuchando reiteradamente, ha establecido una prorroga de facto, lo cual constituye una violación flagrante a la ley, esto implica que la suspensión a la que obligaba a las empresas concesionarias no se cumplió, el Estado de Derecho finalmente resulta afectado de manera seria”.

Preguntó de qué sirve el Renaut “si no tiene ni la mínima confiabilidad, si sigue siendo un instrumento que a todas luces fue integrado violando lo que la ley establecía; de qué sirve cuando no tenemos certeza de la identidad de las personas que se registraron”.

Estableció que a pesar de que la ley señala que la identidad de las personas que se integran a este registro debía quedar fehacientemente comprobada, dicha situación no se llevó a cabo debido a que las altas se hicieron vía telefónica, proporcionando únicamente el nombre de la persona y su fecha de nacimiento.

“Eso dio pauta a problemas que existen, hay cinco mil registros a nombre de Felipe Calderón Hinojosa, así como de otros actores políticos y sociales, como prueba contundente del incumplimiento de esta disposición”.

Manifestó que de la misma forma no se cumplió con “el requisito que establece puntual y claramente la verificación del domicilio de quienes estén siendo incorporados”.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, el diputado Reginaldo Rivera de la Torre (PRI) preguntó cuáles serán los mecanismos que van a implementar para garantizar que la información contenida en el Renaut no será vendida o utilizada por la delincuencia organizada.

“En caso de que no se cumplan los términos del mandato del decreto se van a iniciar procedimientos legales que finquen responsabilidades al funcionario o funcionarios que los incumplieron”.

Por su parte, la diputada Ana Esthela Durán Rico (PRI) comentó que se habla de una base de datos que se está vendiendo en el mercado de la piratería en 12 mil dólares. Por lo que dijo “qué tanta garantía se tiene de que esta base datos porque no la vaya a tener la delincuencia organizada”.

Preguntó qué sanciones sugiere para cuando se haga mal uso de la información de esta base de datos. “De alguna manera tendríamos que tener la garantía de que no va a haber un mal uso de la información”.

En su turno, el diputado Humberto Cota Jiménez (PRI) comentó que el tema de seguridad pública también es de leyes, “y aquí se hizo una ley y no se cumplió”.

“Qué pensarán los mexicanos que arriesgaron otorgar sus datos y se dieron cuenta que no hay suspensiones. No es posible que las empresas sólo se dediquen a vender teléfonos y a facturar caro y que no existe un gobierno que regule”, subrayó.

Agregó: “queremos que nos diga qué propone, cuáles son los instrumentos que hay que generar”.

La diputada Janet Graciela González Tostado (PRI) propuso que cualquier teléfono celular que sea vendido a partir de ahora se requiera de una copia de credencial de elector y un comprobante domiciliario actual por registro de ventas, que automáticamente den de alta a Cofetel todas las empresas celulares por seguridad del usuario para evitar los robos de celulares.

“Así podríamos saber quién lo adquirió, en dónde lo compró para poder detener todo lo que está sucediendo de esta delincuencia”, subrayó.

En su participación, la diputada Sofía Castro Ríos (PRI) señaló que la Cofetel debe decir en cuántas ocasiones supervisó y a qué empresas, a efecto de saber si cumplió cabalmente con un mandato legal o simplemente está evadiendo la norma y haciendo lo que cree y no lo que dice la ley.

Cuestionó qué está haciendo la Cofetel para dar de baja los números que supuestamente Felipe Calderón dio de alta, “porque no podemos permitir que sigan esos número operando”. Pidió que se apliquen las sanciones.

El diputado Leonardo Guillén Medina (PAN) cuestionó cómo se garantiza tener los datos de quien usa la línea telefónica y no solamente de quien la contrata y cómo garantizar la veracidad de los datos de los usuarios registrados. Qué autoridades tienen acceso a esta información.

“Quedan muchas dudas de la participación de Cofetel y de la Segob, queremos despejar estas inquietudes para que al paso del tiempo no sea eso un problema para los usuarios cumplidos”, agregó.

En tanto, el diputado Arturo García Portillo (PAN) preguntó qué se va a hacer para resolver la problemática de que hay personas que dieron datos falsos, “cómo le vamos a hacer para depurarlos”.

Cuál es el mecanismo concreto para que se den de baja esas líneas telefónicas, “porque mientras no se aplique esta medida de que no esté en uso una línea que no sepamos quién es, no hay ningún incentivo para terminar con el problema de los datos falsos”, dijo.

En su oportunidad, el diputado Francisco Hernández Juárez (PRD) afirmó que el Renaut no funcionará debido a que la gente desconfía “piensa que van a hacer mal uso de la información. Es una muestra de las políticas públicas fallidas de este gobierno”.

Confió en que la Cámara de Diputados trabajará a fin de dar solución a esta problemática, “pero también hay que obligar al Ejecutivo a que cumpla con la ley porque de otra forma no vamos a avanzar”.

La diputada Adriana Sarur Torre (PVEM) externó que la publicación de su reglamento es indispensable para que se dé la certidumbre jurídica a las empresas que intervendrán en una segunda fase del registro, por lo que cuestionó cuándo se publicará.

Pidió un informe sobre qué va a pasar con la segunda fase del Renaut, “seguramente nos encontraríamos que aún no se sabe con qué herramienta se verificará después de que los registros coincidan; tampoco se sabe para qué van a usar esta información, quién la va a tener, cómo se le va a hacer, qué tipo de restricciones tiene esta base para proteger nuestros datos”.

A su vez, el diputado Gerardo Flores Ramírez (PVEM) propuso llamar a comparecer a funcionarios de la Secretaría de Gobernación y del Registro Nacional de Población, “para que expliquen a esta comisión diversos temas relacionados con el funcionamiento de este registro”.

“Queda claro que el proceso de registro tal como está planteado en la Ley Federal de Telecomunicaciones resulta de una complejidad tal que su cumplimiento cabal se convirtió en un problema tanto para los obligados, que son los concesionarios, como para las autoridades encargadas de vigilar ese cumplimiento”.

En respuesta, el titular de la Cofetel, Héctor Osuna Jaime, destacó que del viernes 16 al domingo 18 de abril se hicieron efectivos un millón 227 mil 194 nuevos registros; “a la fecha llevamos un 78 por ciento de líneas telefónicas inscritas”.

Los registros validados este fin de semana, agregó, corresponden a los usuarios que decidieron sumarse a la base de datos en fecha posterior al 10 de abril.

Explicó que del total de las líneas registradas al día de hoy, el 91.7 por ciento están vinculadas a cinco líneas telefónicas o menos, a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

“El 55.7 por ciento están asociadas a las CURP con una sola línea; 23.5 por ciento con dos líneas; 8 por ciento a tres líneas; 3.1 por ciento a cuatro líneas; y 1.4 por ciento con cinco líneas. El restante 8.3 son de propietarios mayores a cinco líneas, en muchos casos corresponden a corporativos que registraron a sus empleados bajo una sola CURP”.

Al ser cuestionado sobre la suspensión provisional que obtuvo Telcel en contra de la cancelación de las líneas, el funcionario resaltó que el amparo y la suspensión se refieren únicamente a la cancelación de los números sin posibilidad de reconexión “y no al Renaut como tal”.

No obstante, dijo, la Cofetel interpuso una queja contra el otorgamiento de la suspensión y se está a la espera de la resolución judicial. A la fecha se han presentado cinco amparos por usuarios contra el Renaut, de los cuales cuatro no tienen sentencia definitiva y la suspensión provisional fue negada.

Acerca de la validación del registro, Osuna Jaime comentó que se realizará una segunda fase, a fin de otorgarle mayor solidez y veracidad, “a través de recabar y conservar la huella dactilar y la documentación correspondiente al número de la línea telefónica y su respectiva CURP asociada”.

En lo que culmina esta segunda fase, añadió, la Cofetel, la Secretaría de Gobernación y los operadores se encuentran diseñando un esquema para que los usuarios que no reconocen líneas al amparo de su CURP las den de baja.

Ante los cuestionamientos de los legisladores, el funcionario dijo que la sociedad está confundida, pero es una ley que se debe cumplir la cual señala que hay que cancelar las líneas a quien no se hayan registrado.

Señaló que una empresa, la que tiene más usuarios, obtuvo una suspensión para esa disposición y a las que no consiguieron suspensión se les está exigiendo la información y si no la dan son acreedores de una sanción. “Muchas veces se dice que la Comisión de alguna manera no tiene dientes y tienen razón, porque lo que tenemos que hacer es una recomendación a la Segob para que le emita una sanción”.

Expresó que la Cofetel nada más regula las telecomunicaciones. “Lo que hacemos es un requerimiento de información, qué están haciendo y cuántos van desconectados, una vez que recibimos la información las verificamos”.

Osuna Jaime dijo que las telefónicas están renuentes a cargar con la responsabilidad, ellos dicen que esa no es su función. De alguna manera hay una ley que los obliga, sin embargo, siempre está la amenaza de ampararse, “nosotros hemos evitado que se dé, sin embargo, vale la pena hacer un esfuerzo de coordinación para buscar soluciones a todos los problemas”.

El presidente de la Cofetel propuso buscar una solución, “nosotros lo estamos haciendo con el Renapo lo más ágil y rápido para contar con una base de datos confiable”.

Refirió que cuando salió la ley, las empresas dijeron que no tenían nada que hacer con eso y la amenaza es que se iban a amparar, entonces por eso Segob intervino y buscó la manera que de alguna manera funcionara. “Tenemos qué buscar cómo legalmente no se puedan escapar de esa responsabilidad”.

Respecto que se cumpla con la cancelación, dijo, en eso estamos, pero no tenemos grandes herramientas mas que la verificación y vamos a hacer todo porque se cumpla la ley. Para dar de baja los datos de gente famosa, “yo lo chequé con la gente del Renapo y son leyendas urbanas”, puntualizó.

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