Durante la comparecencia del comisionado nacional de Protección Social en Salud, Salomón Chertorivsky Woldenberg, diputados de la Comisión de Salud cuestionaron los resultados del Seguro Popular, en particular, “porque a pesar de que se otorgaron mayores recursos, no se logró la meta de una cobertura universal programada para el presente año”.

Los diputados Delia Guerrero Coronado, Clara Gómez Caro y Rosalina Mazari Espín, del PRI, así como Silvia Esther Pérez Ceballos, Gloria Trinidad Luna Ruiz y Sergio Tolento Hernández, del PAN; Heladio Gerardo Verver y Vargas y Leticia Quezada, del PRD y Carlos Ezeta Salcedo (PVEM), preguntaron al funcionario en torno al cumplimiento de la cobertura universal, el abasto de medicamentos, la homologación del Seguro Popular en los 32 estados y el Distrito Federal, así como la credencialización y el probable uso electoral del sistema.

En respuesta a las preguntas, el comisionado destacó que la meta del gobierno federal es afiliar en este año a 16 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social y aseveró que se tiene planeado que en el primer semestre del 2011 el Seguro Popular alcance la cobertura universal.

Aceptó que se tiene que seguir trabajando en el surtimiento de los medicamentos, no obstante, señaló que los casos han sido aislados. “Sólo en algunos estados ha fallado el abasto de medicinas”.

Por otra parte, planteó a los legisladores la posibilidad de iniciar una segunda generación de reformas a la Ley del Seguro Popular a fin de homogenizar los 32 modelos de participación de dicho seguro en las diferentes entidades federativas.
“Toda política que inicia y que crece de manera exponencial en tan corto tiempo tiene espacios que son perfectibles, por lo que es viable mejorar la legislación al respecto. Pero lo que ha trabajado y funcionado hasta hoy, ha funcionado de manera perfecta”, dijo.

El comisionado agregó que las reformas permitirían, básicamente, un mayor peso ponderado en la prevención y en la promoción de la salud y un mayor impulso en la capacidad de exigencia del derecho por parte de los afiliados.

Asimismo, rechazó que el Seguro Popular sea utilizado con fines electorales por parte del gobierno federal o los de las entidades federativas, toda vez que, dijo, “la política de la institución es de las más arraigadas entre la gente”.

“Su funcionamiento tiene más arraigo que en la propia política en la que participa el gobierno federal y las entidades federativas y en ese sentido está blindado por la propia gente que hace uso del servicio. Es gente que sabe, que va a las clínicas y son más de 33 millones de afiliados los que lo protegen y permiten que el sistema sea simple y únicamente para la salud de la población”.

Chertorivsky Woldenberg dijo en torno a la credencialización planteada al inicio del diseño del Seguro Popular que es un proceso que quedó entrampado y que está en los tribunales con la licitación y los proveedores.

Sin embargo, agregó, “con el avance que hoy tiene el Seguro Popular y el país con otros mecanismos, no consideramos necesaria la credencial para la identificación del afiliado, mismo que hoy cuenta con una póliza y que junto con una identificación, cualquiera que sea, se hace valer su derecho a la atención médica”.

Concluyó que el 95 por ciento de los afiliados están satisfechos con el servicio otorgado.

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