• Inobservancia del segundo constitucional y los convenios internacionales sobre los derechos de los indígenas, sostiene Manuel García Corpus

• A la fecha ningún congreso local ha legislado para fortalecer la presencia de representantes indígenas en instituciones electivas

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Manuel García Corpus, afirmó que la inobservancia del artículo segundo Constitucional que consigna el derecho de las etnias y comunidades a participar en los órganos del poder público y ser partícipes de su propio desarrollo, no sólo limita la democracia, sino que compromete la viabilidad de México como país libre e independiente.

En el foro “Participación Efectiva de los Pueblos Indígenas en la Adopción de Decisiones”, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dijo que el reto más grande que se enfrenta para lograr una representatividad política efectiva de los pueblos indígenas es vencer la indiferencia y falta de interés del Congreso y los partidos políticos por hacer cumplir los derechos de las etnias y comunidades consagrados en la Constitución y los acuerdos internacionales en la materia.

Ante legisladores indígenas de todo el continente, agregó que no obstante que desde abril de 2001 se reformó el artículo segundo constitucional relacionado con los derechos políticos de los indígenas, ningún Congreso local ha legislado para fortalecer esa participación en instituciones electivas, por lo que ese derecho no se ha podido ejercer y hoy en día sólo se tiene una representatividad de menos del uno por ciento.

El legislador oaxaqueño apuntó que en un intento más por ampliar la representación política de los pueblos indígenas, en febrero de 2005 se aprobó una nueva redistritación electoral, con lo que se identificaron 28 distritos electorales con 40 por ciento o más habitantes de lenguas indígenas, pero en la práctica este ejercicio no ha generado la presencia de más legisladores indígenas debido a que no hay mandato ex profeso que obligue a la postulación de candidatos de este origen lo cual evidencia que el Congreso Mexicano no es incluyente ni congruente con la composición cultural de la sociedad.

García Corpus subrayó que para hacer efectivo ese derecho de representatividad, los diputados indígenas de la actual legislatura han promovido un exhorto aprobado por el Pleno, con el propósito de que los gobiernos locales y las cámaras del Congreso de la Unión armonicen los instrumentos legales con los contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y se termine con la exclusión política de las etnias y comunidades.

Precisó que ese exhorto se suma a la insistencia de que se respeten las reformas a la Constitución y las leyes en la materia que no han prosperado debido, fundamentalmente, a que el tema de la representación indígena en los órganos del poder político del país no es del interés de la clase política mexicana.

“Nuestro propósito es darle voz a quienes están cerca de las necesidades de la población, a quienes viven a diario los problemas y proponen soluciones, de ahí que también hemos propuesto contar con representantes en ambas cámaras a través de una circunscripción indígena nacional que, por su fuerza y número, participe en el debate de todos los temas que se tratan en el Poder Legislativo”.

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara Baja, quien participa en el noveno período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señaló que con esas propuestas se están estableciendo las bases para que el Congreso mexicano sea más incluyente y para que México avance en la democracia al reconocer y propiciar que los pueblos indígenas no sólo sean escuchados, sino que participen en la toma de decisiones del país.

Mencionó que simultáneamente a esta lucha por la reivindicación de los derechos políticos de los pueblos indígenas, se está librando otra que en esencia es la misma, que es elevar a rango de ley el derecho a la consulta de los pueblos indígenas ante cualquier acción del Estado que les afecte, de acuerdo a la previsto por la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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