La diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRD) presentó una iniciativa para reforman diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social con el objetivo de regular de manera digna los derechos laborales de las personas que prestan servicios en el hogar.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante 2005 y hasta 2008, aproximadamente 11.2 por ciento de los 13.9 millones de mujeres de 12 años y más ocupadas en actividades económicas trabajó en el empleo doméstico. De 1.78 millones de personas dedicadas a este trabajo, 9 de cada 10 son mujeres. Dos mil hombres realizan esta actividad en el país, que representa menos de 1 por ciento de los 26.4 millones de hombres ocupados.

Señaló que tres cuartas partes de las trabajadoras domésticas no tienen ningún tipo de prestación social y sólo 1 de cada 100 cuenta con seguridad social. Del 20.7 por ciento que recibe alguna prestación, 97 por ciento recibe aguinaldo y sólo 44.6 tiene vacaciones con goce de sueldo.

“El trabajo en el hogar es un oficio digno e importante y merece respeto. Por ello es necesario formalizarlo a través de un contrato de trabajo por escrito en el que se establezcan las condiciones laborales por las personas empleadoras y las trabajadoras del hogar que fije beneficios y obligaciones mutuas y que especifique salario digno y justo; jornada laboral justa; seguro Social; vacaciones; aguinaldo; indemnización y trato respetuoso y sin discriminación”. Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

Fondo para combatir el secuestro

El diputado Rodrigo Pérez Alonso González (PVEM) presentó una iniciativa para expedir la Ley del Fondo Nacional para el Combate del Secuestro, con el objetivo de apoyar a las víctimas, mediante el otorgamiento de incentivos económicos destinados a los particulares que proporcionen información útil y fidedigna para la solución de los mismos.

Explicó que el patrimonio del fondo se compondrían de diversos orígenes: las aportaciones que se otorguen al mismo a través del Presupuesto de Egresos de la Federación; las que otorguen los gobiernos estatales y municipales; y con las contribuciones de los particulares. Las operaciones y la inversión de los recursos propios también incrementarán el patrimonio del mismo.

Refirió que se calcula que en nuestro país existen actualmente alrededor de 400 bandas de secuestradores, las cuales operan muchas veces con ayuda de las autoridades e inclusive las mismas autoridades son las que integran dichos grupos delictivos. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación

A las Comisiones de Justicia y de Gobernación se remitió la iniciativa del diputado Alfonso Navarrete Prida (PRI) que reforma el artículo 62 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La iniciativa amplía la procedencia del recurso de reconsideración del conocimiento exclusivo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y establece como presupuesto de dicha procedencia que basta que en la demanda se haga por el demandante un planteamiento sobre la constitucionalidad de la norma aplicada, o bien, la no aplicación por considerarla contraria a la Constitución federal.

Igualmente se propone adicionar otro caso de procedencia del recurso de reconsideración del conocimiento de la Sala Superior, cuando en la sentencia de fondo, la Sala Regional omita decidir los planteamientos de constitucionalidad y se hagan valer en los agravios.

Reducir daños por consumo de drogas

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez (Convergencia) propuso reformar diversos artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal con el objetivo de reducir los daños por el consumo de drogas y uso terapéutico de la cannabis.

Señaló que la iniciativa tiene como propósito que el enfoque de reducción de daños sea reconocido explícitamente en la Ley General de Salud, de tal manera que se convierta en una estrategia de carácter nacional que pueda ser aplicada en los diversos niveles de gobierno.

“Para que también se de atención a los usuarios de drogas proporcionándoles las sustancias o aditamentos que se requieran para reducir los daños por el consumo de drogas. Pero además, en una estrategia de prevención, que se dote de información objetiva y científica a la población usuaria y a la sociedad en general. Información que deberá estar basada en investigaciones científicas en las que participen diversos sectores sociales”, dijo.

Precisó que también se plantea eliminar los preconceptos y estereotipos respecto de las drogas hasta el momento ilegalizadas. Para construir una alternativa en cuanto a la política de drogas en México es importante considerar los preconceptos y prejuicios que se han construido respecto a las drogas ilegales y que son consecuencia de la política represiva dominante hasta hoy. Se remitió a las Comisiones de Salud y de Justicia.

Ley Minera

El diputado Ramón Jiménez López (PRD) planteó reformar diversas disposiciones de la Ley Minera, a fin de rescatar el sentido social, ecológico y nacionalista de esta actividad.

La reforma plantea crear la comisión reguladora como organismo público descentralizado, encargado de emitir disposiciones de carácter general en materia de seguridad e higiene en materia minera metalúrgica. Destacó que se les obligaría a las empresas mineras a reparar los daños y perjuicios que causen al equilibrio ecológico y de protección al ambiente, a la salud, a los monumentos culturales e históricos.

Propuso que las concesiones mineras tengan una duración de veinte años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería y se prorrogarán únicamente por una vez. Los concesionarios tendrían prohibido contratar a niñas, niños y mujeres en labores subterráneas.

También se crea la Procuraduría Minera, con el carácter de organismo público descentralizado no adscrita a ninguna dependencia. También se crea un centro nacional de investigaciones en metalurgia extractiva. Se turnó a la Comisión de Economía.

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