El diputado Gerardo Leyva Hernández (PRD) propuso expedir la Ley del Procampo la cual tiene como objetivo la creación del Programa de Apoyos Directos al Campo; sus preceptos son de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Con esta iniciativa, dijo, se vuelve a dar vigencia a la Ley de Capitalización del Procampo y otorgamos certeza a los productores de que será un programa permanente en tanto persistan las condiciones de desequilibrio en la competencia con nuestros principales socios comerciales y el resto de las regiones del mundo que respaldan con fuertes subsidios a sus propios productores agropecuarios.

Otro objetivo, añadió, es integrar en un único instrumento jurídico, tanto las normas generales que dieron origen al Procampo, como lo que consideró durante su vigencia la Ley de Capitalización del Procampo.

Precisó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación será responsable de aplicar las disposiciones de la ley presente ordenamiento, para lo cual establecerá los convenios de coordinación necesarios con otras dependencias y entidades de la administración pública federal, los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y municipales. Se remitió a las Comisiones de Agricultura, Desarrollo Rural, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Desarrollo Rural Sustentable

El diputado Avelino Méndez Rangel (PRD) planteó reformar diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de garantizar el flujo de recursos y apoyos hacia espacios periurbanos, en los que se realizan actividades económicas propias y complementarias de la sociedad rural.

La iniciativa propone que el Distrito Federal se equipare en todos sentidos, con el resto de las Entidades Federativas, para lo que es necesario que en el cuerpo de la misma, se establezcan las disposiciones pertinentes, a fin de que no existan obstáculos de ninguna naturaleza para que esta estratégica área geográfica del país siga siendo excluida de las políticas públicas dirigidas al desarrollo rural sustentable. Se mandó a la Comisión de Desarrollo Rural.

Programas de desarrollo cultural

La Comisión de Puntos Constitucionales analizará la iniciativa del diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval (PRI) que adiciona un inciso j) al artículo 115 de la Constitución Política para que los municipios participen en la formulación y elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo cultural y artístico que la federación y los estados pretendan en sus respectivas jurisdicciones.

Indicó que dado que el país es diverso y multicultural, cualquier intento de formular planes, programas y proyectos desde una visión meramente centralista está condenado a obtener resultados parciales e incompletos, o bien, está destinado al fracaso.

“Una de las exigencias más reiteradas de los munícipes es que se les permita plantear a la federación y a los estados sus requerimientos y expectativas en las cuestiones culturales y artísticas de sus gobernados, a fin de armonizar acciones, eficientar resultados y reducir costos”, dijo.

Solicitud judicial de arraigo

La Comisión de Puntos Constitucionales analizará la propuesta de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (PT) que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política el cual otorga al Ministerio Público la solicitud a la autoridad judicial de arraigo de una o más personas en tratándose de delitos de delincuencia organizada.

Señaló que anualmente, aproximadamente 36 mil personas en el país fueron puestas a disposición de un juez y el Ministerio Público fue incapaz de demostrar su responsabilidad; de ese total, 12 mil no fueron sometidas al proceso porque el juez consideró que no había elementos suficientes; 9 mil no fueron sentenciados porque los argumentos de la acusación se fueron debilitando o se mostraron insuficientes y 15 mil recibieron sentencias absolutorias.

Voto obligatorio

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Convergencia) presentó una iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Explicó que la reforma es para hacer valer realmente el voto obligatorio, por ello se busca promover acciones y mecanismos legales que generen una mayor corresponsabilidad por parte de la ciudadanía en la integración de los gobiernos constitucionales.

“Se trata de ir transitando de una sociedad que históricamente ha sido formada bajo relaciones clientelares y paternalistas, hacia una sociedad de mayor corresponsabilidad, compromiso y deber cívico”, dijo. Se mandó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

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