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Boletín N°. 1443 Reforman la Ley General de Población para defender los derechos de migrantes

La Cámara de Diputados aprobó con 297 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, el dictamen a la iniciativa que reforma la Ley General de Población, con el objetivo de buscar la defensa de los derechos humanos de los migrantes.

El dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios refiere que ante la lucha en el tráfico de personas, y aquellas que ayudan a extranjeros a cruzar o entrar el país sin la documentación pertinente, se busca brindar garantías y protección a los migrantes en su desplazamiento en el interior del país, así como en su intento por cruzar, tratando de evitar prácticas que lesionen su integridad física y moral, y buscando dar una batalla frontal no sólo contra aquellas personas que ya hayan cometido el ilícito sino también contra aquellas que pretendan llevarlo a cabo.

La reforma plantea que la autoridad procurará brindar la atención necesaria a menores de edad, las mujeres que se encuentren en estado de gestación, indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, o a quienes requieran de apoyos especiales para su movilidad en dicho proceso.

La autoridad migratoria también podrá cancelar la calidad migratoria al extranjero, fijarle un plazo para que abandone el país, regularizarlo o resolver lo conducente, reconociéndole los derechos que haya adquirido.

La Secretaría de Gobernación deberá promover la capacitación de los funcionarios de las dependencias encargadas de la prestación de los servicios migratorios, con la finalidad de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas, con independencia de su situación migratoria.

La presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, señaló que las reformas son con el objetivo de tener una ley acorde a las nuevas exigencias de los tiempos y de las circunstancias que se viven en el país y en el entorno internacional.

Se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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